Cambio institucional:¿fruto del diseño o de la evolución? ¿Acción humana o designio humano?

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos el capítulo 10 sobre cambio institucional:

¿En qué medida son las instituciones resultado de la “evolución espontánea”? ¿Acaso no se necesita la “mano visible” del político o del legislador para modificar las instituciones? Es decir: el concepto de “espontáneo” puede interpretarse a veces como algo “que sucede” sin que nadie haga necesariamente nada. Por supuesto que esto no es así: la evolución espontánea, en palabras de Adam Ferguson, es resultado de la “acción humana, no del designio humano”. En otras palabras, es el resultado no esperado o no buscado de las acciones humanas. Por ejemplo: cuando nuestros antecesores comenzaron a utilizar ciertos bienes como medios de intercambio, no tenían idea de que estuvieran creando la “moneda”, pero el resultado de sus acciones fue precisamente ese. Los primeros hombres de negocios que se asociaron y formalizaron los primeros acuerdos y contratos —que dieron origen a las “sociedades comerciales”— simplemente querían resolver las cuestiones vinculadas con su negocio en particular, y no se planteaban crear una nueva figura jurídica, difundida hoy por todo el planeta.

La idea del orden espontáneo, que emerge como resultado de las acciones voluntarias de los individuos y no de las decisiones de un gobierno, es clave en la economía y fue desarrollada principalmente por quienes fueron al mismo tiempo precursores de esta ciencia. Esta visión fue luego abandonada en las ciencias sociales, debido al predominio del constructivismo positivista del siglo XIX, con una confianza ciega en la razón y en la capacidad del hombre de generar el tipo de sociedad perfecta, o el tipo de política económica perfecta. Esto resultó especialmente dañino en el ámbito de la economía, donde los intentos de dirigir y planificar los mercados fracasaron repetidamente. La concepción evolutiva, sin embargo, se trasladó a las ciencias naturales y floreció a partir de los aportes de Charles Darwin.

La teoría de los órdenes espontáneos se ocupa en analizar aquellas regularidades que encontramos en la sociedad, que no se originan en acciones deliberadas ni son fenómenos naturales que ocurren independientemente de las acciones humanas. Estos patrones de conducta originan órdenes que parecieran ser el resultado de alguna “mano visible”, pero son realmente una consecuencia no buscada; son procesos del tipo “la mano invisible”.

Si bien algunos autores encuentran antecedentes de esta visión en los escolásticos de la Escuela de Salamanca, fue Bernard de Mandeville (1670-1733) quien más impacto causó en los principales autores del “iluminismo escocés”. En su libro La fábula de las abejas: o vicios privados, beneficios públicos presentó una osada idea por ese entonces, demostrando los beneficios sociales que se obtenían de las motivaciones interesadas y la preferencia por ciertos “vicios” como el lujo, el pecado, la corrupción. Aunque presentada en forma agresiva —y aunque le discutieran porque tenía que considerarse un vicio cualquier consumo por encima de las necesidades más básicas de alimento, vivienda o abrigo—, la importancia del argumento de Mandeville consistió en que presentaba las pasiones del ser humano como no dañinas y en que podía existir un orden sin necesidad de reprimir los instintos humanos más básicos. Un orden era posible, a pesar de las limitaciones de los seres humanos reales y sin necesidad de que todos llegaran a actuar desinteresadamente.

Precisamente la famosa frase de la “mano invisible” de Adam Smith hace referencia a eso: a que los individuos persiguen su propio interés y al hacerlo terminan contribuyendo al bienestar común, incluso más que si se hubieran puesto el mismo como propósito. No es de extrañar que Hume —siendo tan escéptico respecto a los fundamentos del conocimiento humano y la posibilidad de alumbrar principios morales a través de la razón— descreyera de la posibilidad de que individuos razonables alcanzaran un contrato social y pusieran el énfasis sobre el origen espontáneo de las normas.

La división del trabajo no es resultado de ningún designio particular, sino de esa propensión natural del ser humano a mejorar su condición a través de intercambios y comercio, que, según la sicología evolutiva, formaría ya parte de nuestra herencia biológica, como vimos en el capítulo 6.

La recuperación de las teorías evolutivas para las ciencias sociales, si bien estaba presente en Frederic Bastiat y Herbert Spencer, se debe a Carl Menger (1840-1921), fundador de la Escuela Austríaca, reconocido como uno de los autores de la teoría subjetiva del valor basada en la utilidad marginal decreciente. Menger quería refutar al historicismo alemán, que negaba el individualismo metodológico y la existencia de leyes económicas asociadas a regularidades de conducta, y las vinculaba con entes agregados como la nación, buscando regularidades inducidas a partir de eventos históricos.

Menger sostenía que las ciencias sociales debían explicar ciertos fenómenos evolutivos como el origen del dinero, el lenguaje, los mercados y la ley. En uno de sus trabajos más interesantes (1985), descarta que el origen de las monedas sea una convención o un ley, ya que “presupone el origen pragmático del dinero y de la selección de esos metales, y esa presuposición no es histórica” (p. 212). Considera necesario tomar en cuenta el grado de “liquidez” de los bienes; es decir, la regularidad o facilidad con la que puede recurrirse a su venta. Y suelen elegirse aquellos productos que sean de fácil colocación, por un lado, y que mantengan el valor por el cual han sido comprados en el momento de su venta; esto es, que no presenten diferencias entre un precio de “comprador” y otro de “vendedor”[1].

[1]. “El hombre que va al mercado con sus productos, en general intenta desprenderse de ellos pero de ningún modo a un precio cualquiera, sino a aquel que se corresponda con la situación económica general. Si hemos de indagar los diferentes grados de liquidez de los bienes de modo tal de demostrar el peso que tienen en la vida práctica, sólo podemos hacerlo estudiando la mayor o menor facilidad con la que resulta posible desprenderse de ellos a precios que se correspondan con la situación económica general, es decir, a precios económicos. Una mercancía es más o menos líquida si podemos, con mayor o menor perspectiva de éxito, desprendernos de ella a precios compatibles con la situación económica general, a precios económicos”. (p. 217).

 

¿Por qué existen las empresas? Parece una pregunta con respuesta obvia. Coase muestra que no.

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, de Económicas, UBA vemos la primer gran contribución de Ronald Coase, “La Naturaleza de la firma”:

¿Por qué existen las empresas?

Fuera de la empresa, los movimientos de precios dirigen la producción directa, que es coordinada a través de una serie de transacciones en el mercado. Dentro de una empresa, estas transacciones de mercado son eliminadas, y en lugar de la estructura de mercado complicada con las operaciones de cambio se sustituye el espíritu empresarial coordinador, que dirige la producción. Está claro que estos son métodos alternativos de coordinación de la producción. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que si la producción está regulada por los movimientos de precios, la producción podría llevarse a cabo sin ninguna organización en absoluto, nos podríamos preguntar: ¿Por qué hay alguna organización?…

En vista del hecho de que mientras que los economistas tratan el mecanismo de precios como instrumento de coordinación, también admiten la función de coordinación del «empresario», sin duda es importante preguntar por qué la coordinación es el trabajo del mecanismo de precios en un caso y del empresario en otro. El propósito de este trabajo es salvar lo que parece ser una brecha en la teoría económica entre el supuesto (hecho para algunos propósitos) que se asignen recursos por medio del mecanismo de precios y la hipótesis (hecha para otros fines) que esta asignación es dependiente del empresario-coordinador. Tenemos que explicar la base sobre la cual, en la práctica, esta elección entre las alternativas se efectúa ….

La razón principal por la que es rentable establecer una firma parece ser que hay un coste de utilización del mecanismo de precios. El costo más evidente de «organizar» la producción a través del mecanismo de precios es el de descubrir cuáles son los precios correspondientes. El costo se puede reducir pero no será eliminado por la aparición de especialistas que van a vender esta información. Los costes de negociación y la celebración de un contrato separado para cada transacción de intercambio que tiene lugar en un mercado también deben tenerse en cuenta. Una vez más, en algunos mercados, por ejemplo, intercambios de productos, se ha ideado una técnica para minimizar estos costos del contrato; pero no se eliminan. Es cierto que los contratos no se eliminan cuando hay una firma pero que se reducen considerablemente. Un factor de producción (o el propietario del mismo) no tiene que hacer una serie de contratos con los factores con los que está cooperando dentro de la empresa, como sería necesario, por supuesto, si esta cooperación fueron el resultado directo de la acción del mecanismo de precios….

Podemos resumir esta sección del argumento diciendo que el funcionamiento de un mercado cuesta algo y mediante la formación de una organización que permite una cierta autoridad (un «empresario») para dirigir los recursos, ciertos costos de comercialización se ahorran. El empresario tiene que llevar a cabo su función a costes menores, teniendo en cuenta el hecho de que pueda obtener factores de producción a un precio inferior al de las transacciones de mercado que remplaza, porque siempre es posible volver al mercado abierto si él deja de hacer esto. 

– «La naturaleza de la empresa,» 388-92

Ronald Coase y el problema del costo social, o más bien, de las externalidades negativas

Coase fue Premio Nobel de Economía 1991. Comenzó su carrera académica como Profesor en la London School of Economics en Gran Bretaña y en las Universidades de Buffalo y Virginia en Estados Unidos. Desde 1964 se desempeñó en la Universidad de Chicago, específicamente en la Escuela de Derecho, de la cual fue Profesor Emérito en la cátedra Clifton R. Musser.

1. El problema a examinar

Este trabajo se refiere a las actividades de una empresa que tienen efectos perjudiciales en otras. El ejemplo más común es el del humo de una fábrica que provoca efectos nocivos en los que ocupan las propiedades vecinas. El análisis económico de tal situación se ha realizado usualmente en términos de una divergencia entre el producto privado y social de la fábrica, siguiendo el tratamiento de Pigou en The Economics of Welfare. La conclusión a la que parece haber conducido este tipo de análisis a la mayoría de los economistas es que sería deseable responsabilizar al dueño de la fábrica por el daño causado a los afectados por el humo, o, alternativamente, fijar un impuesto variable al propietario de la fábrica según la cantidad de humo producido, equivalente en términos monetarios al daño que causa, o, finalmente, excluir a las fábricas de los distritos residenciales (y presumiblemente de otras zonas en las que el humo tendría efectos perjudiciales).

Mi opinión es que los cursos de acción sugeridos son inadecuados porque llevan a resultados que no son necesariamente deseables.”

Y Concluye:

Si los factores productivos son considerados como derechos, se hace más fácil comprender que el derecho a hacer algo que tenga un efecto dañino (tal como la creación de humo, ruido, olor, etc.) es también un factor de producción. Así como podemos usar un pedazo de tierra de forma tal que evite que alguien cruce por ella, o estacione su auto, o construya su casa, también podemos usarla de forma tal que le neguemos a ese alguien un panorama, o la quietud, o el aire puro. El costo de ejercitar un derecho (de usar un factor de producción) es siempre la pérdida que sufre la otra parte como consecuencia del ejercicio de ese derecho: la incapacidad para cruzar la tierra, estacionar el auto, construir una casa, disfrutar de un paisaje, tener paz y quietud, o respirar aire puro.

Sería deseable que las únicas acciones desarrolladas fueran aquellas en que lo que se ganase tuviere un mayor valor que lo que se perdiese. Pero al elegir entre ordenamientos sociales, en el contexto en el que las decisiones individuales son tomadas, debemos tener en mente que un cambio del sistema existente que conduzca a un mejoramiento en algunas decisiones puede muy bien conducir a un empeoramiento de otras. Además, debemos considerar los costos involucrados en operar los distintos ordenamientos sociales (ya sea el funcionamiento de un mercado o de un departamento de Gobierno), como también los costos que demandará la adopción de un nuevo sistema. Al diseñar y elegir entre ordenamientos sociales debemos considerar el efecto total. Este es el cambio de enfoque que estoy proponiendo.

Harold Demsetz y una teoría económica sobre el surgimiento de los derechos de propiedad.

Con los alumnos de la UBA Económicas, consideramos los aportes de Ronald Coase, y también vemos el artículo de Demsetz “Hacia une teoría de los derechos de propiedad”. Comienza diciendo:

“Cuando en el mercado se realiza una transacción se intercambian dos «paquetes» de derechos de propiedad. Una parte de esos derechos está ligada al bien o al servicio concreto que se intercambia, pero es el valor de los derechos de propiedad el que determina el valor de lo que cambia de propietario. Las preguntas dirigidas a determinar la aparición y la combinación de tales componentes del paquete de derechos de propiedad son en realidad previas a las que comúnmente se hacen los economistas. Éstos, por lo general, toman los derechos de propiedad como un dato y buscan explicaciones para las fuerzas que determinan el precio o el número de bienes a los que se refieren tales derechos de propiedad.

En este trabajo procuro llamar la atención sobre algunos de los elementos para una teoría económica de los derechos de propiedad. El trabajo está organizado en tres partes. En la primera se desarrolla brevemente el concepto y el rol de los derechos de propiedad en los sistemas sociales. La segunda parte ofrece una guía para investigar la aparición de los derechos de propiedad. La tercera parte establece algunos principios pertinentes para comprender la combinación de los derechos de propiedad con vistas a formar determinados tipos de derechos y determinar así la estructura de propiedad que está asociada a los distintos tipos.

El concepto y el rol de los derechos de propiedad

En el mundo de Robinson Crusoe los derechos de propiedad no desempeñan ningún rol. Son un instrumento de la sociedad y su significación deriva del hecho de que ayudan a formarse las expectativas que se pueden sustentar razonablemente en las relaciones con otros. Estas expectativas encuentran su expresión en leyes, hábitos y costumbres de una sociedad. El propietario de ciertos derechos de propiedad posee el consentimiento de sus pares para permitirle actuar de determinadas maneras. Un propietario espera que la comunidad impida que otros interfieran en sus propias acciones a partir de que tales acciones no están prohibidas en la especificación de sus derechos.

Es importante notar que los derechos de propiedad conllevan el derecho a beneficiarse o perjudicarse a sí mismo así como a beneficiar o perjudicar a otros. Perjudicar a un competidor por el hecho de fabricar mejores productos puede estar permitido, mientras que pegarle un tiro no lo está. Por lo contrario, si puede estar permitido beneficiarse uno a sí mismo disparando un arma contra un intruso, puede no estarlo vender productos por debajo de cierto precio establecido. Está claro entonces que los derechos de propiedad especifican de qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y, por tal razón, quién debe pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo por personas. El reconocimiento de esto permite entender fácilmente la estrecha relación que existe entre derechos de propiedad y factores externos o externalidad.

La externalidad es un concepto ambiguo. Para los objetivos de este trabajo, el concepto incluye costos externos, beneficios externos y externalidades tanto pecuniarias como no pecuniarias. Ningún efecto benéfico o perjudicial es externo al conjunto. Alguna persona siempre resulta perjudicada o beneficiada por tales efectos. Lo que convierte a un efecto benéfico o perjudicial en una externalidad es que el costo de hacer que gravite en la decisión de una o más de las personas interactuantes sea demasiado alto como para justificarse, y esto es lo que el término quiere decir aquí. La «internalización» de tales efectos está ligada a un proceso -usualmente un cambio en los derechos de propiedad- que permite a dichos efectos gravitar sobre todas las personas interactuantes. Una función primaria de los derechos de propiedad es la de promover incentivos para alcanzar una mayor internalización de las externalidades. Cada costo y beneficio asociado con interdependencias sociales es una externalidad potencial.

Una condición es necesaria para hacer que costos y beneficios sean externalidades: el costo de una transacción de derechos entre partes (internalización) debe exceder la ganancia de la internalización. En general, el costo de la transacción puede ser grande en relación con las ganancias por las «naturales» dificultades del intercambio comercial, o bien puede ser grande por razones legales. En una sociedad jurídicamente organizada, la prohibición de negociaciones voluntarias puede hacer infinito el costo de las transacciones. Algunos costos y beneficios no son tomados en cuenta por quienes utilizan los recursos, toda vez que las externalidades existen, pero permitir tales transacciones incrementa el grado en el cual las internalizaciones tienen lugar

Capítulo 9: Gasto público, competencia y división de poderes. Federalismo y descentralización

Dijimos antes que las personas tratan de satisfacer algunas de sus necesidades a través de los mercados y otras por medio de la política. La combinación de ambas formas da origen a las políticas económicas y a las políticas públicas. Así pues, tales formas constituyen una combinación de decisiones en los mercados y en la política, que determinan la mayor o menor probabilidad de que las necesidades sean satisfechas.

La competencia en los mercados convierte al consumidor en soberano, porque puede elegir entre distintos oferentes de un bien o servicio, sin quedar comprometido con ninguno de ellos, a menos que así lo decida él mismo. La competencia entre oferentes los “disciplina” y limita su poder, pues tienen que ganarse la aprobación del consumidor. Algo similar sucede en la política cuando el poder está dividido: distintos “poderes” compiten entre sí, como vimos en el capítulo anterior. Ese principio de competencia está detrás del conocido principio de la división de poderes, a la que podemos considerar como una división “horizontal”, entre poderes iguales —la tradicional es entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial—. El gran aporte de los “Federalistas” ha sido agregar una dimensión más: la división vertical de poderes entre un gobierno nacional y otros gobiernos subnacionales y locales.

La estructura institucional afecta tanto al diseño y a la ejecución de las políticas económicas como de las políticas públicas, siendo la mala calidad en ambos casos una fuente de inestabilidad que termina perjudicando el desempeño económico, la calidad de vida y las oportunidades de progreso de sus habitantes.

La ciencia económica se divide tradicionalmente en microeconomía y macroeconomía, una división, por cierto, que no deja de ser polémica. La macroeconomía aplicada es “política económica”, la microeconomía aplicada es “política pública”. La primera se refiere a una serie de medidas “políticas” que se toman y terminan influyendo en las variables fundamentales para el desempeño de la economía: tipo de cambio, tasas de interés, precios, salarios. La segunda se relaciona con las medidas “políticas” que también se toman y terminan influyendo en algún mercado en particular: laboral, salud, transporte, medio ambiente, telecomunicaciones, educación.

Un aspecto determinante para la calidad de las políticas es el nivel al que serán decididas y la arquitectura de la organización que habrá de aplicarlas. Esto hace referencia al grado de descentralización de la estructura del Estado. La descentralización permite el ensayo de distintas alternativas y no somete a toda la población a una política que, aunque en algunos casos puede ser exitosa, si fracasa perjudica a todos. Las políticas descentralizadas permiten comparar y establecer cuáles funcionan y cuáles no.

Al margen de las distintas políticas que pueden aplicarse con un gobierno u otro, ¿cómo habrán de distribuirse las distintas funciones del Estado entre los diferentes niveles de gobierno? ¿Con base en qué criterio de distribución?

La estructura establecida tendrá un papel importante en la calidad de las políticas que eventualmente se apliquen. En este sentido, y como vimos en la clase anterior, el criterio principal que hay que considerar es el nivel de centralización o descentralización de funciones. Ahora bien, sería interesante poder contar con algunos criterios objetivos que permitan definir el nivel al que pertenece determinada función.

Hay distintas teorías con las que se intenta desarrollar precisamente eso, con mayor o menor suerte. En este capítulo veremos las teorías predominantes sobre la asignación de funciones a distintos niveles de gobierno y ejerceremos también el juicio crítico para estimular la discusión. Como ellas en buena medida terminan alentando un cierto grado de centralización, se presentarán argumentos que favorecen un mayor grado de descentralización.

Veremos las razones por las que pueda ser necesaria una mayor centralización, para evitar los problemas fiscales que terminan ocasionando crisis macroeconómicas, y también cómo la descentralización puede generar una cierta “disciplina de mercado”, debido a la movilidad de los recursos y las “sanciones” que pueden establecer los mercados ante una mala administración de recursos. Por último, analizaremos si esto tiene algún impacto en el tamaño del Estado.

Alberdi sobre la distribución de la riqueza, los beneficios y renta de la tierra

Con los alumnos de Derecho, UBA, vemos a Alberdi sobre la distribución de la riqueza, y en este caso en particular sobre los beneficios y rentas de la tierra. En la colonia, toda la tierra es del soberano, y parece haberse heredado ese principio, al menos para lo que denomina «tierras despobladas». Pero, ¿no deberían ser de quien las ocupe? SI ya estaban ocupadas por indígenas, pues de ellos, y si no, de quien llegara a ocuparlas y a «mezclar su trabajo con el recurso»:
Alberdi 3

“Los legisladores no deben olvidar que hay leyes que quitan a la tierra su poder productivo, y la esterilizan en manos de sus poseedores. Tales son las que no dejan al detentador actual un interés suficiente para sacrificar el presente al porvenir. Por consiguiente, ellas deben tomar por base indeclinable de toda sanción agraria la siguiente regla: «Importa rechazar o derogar toda ley que quite a los detentadores de la tierra el deseo de sacrificar el presente al porvenir, y de trabajar en la mejora del suelo».

A este número pertenecen las leyes españolas que nos legó el antiguo régimen sobre mayorazgos, fideicomisos, sustituciones, cuartas falcidia y trebeliánica, derecho de retracto, etc., etc., legislación de origen romano alterada y exagerada por el feudalismo en la España de la edad media, y basada toda en los privilegios y pasiones aristocráticas de las familias patricias de Roma y nobiliarias de España. Tales leyes enredan la propiedad territorial en un dédalo de dificultades, que traban la libertad de su circulación, y la inmovilizan en cierto modo, sustrayéndola al comercio civil, dejándola estéril para la producción nacional.

Haciendo incompleto, restringiendo, limitando el derecho de propiedad, esa legislación se opone abiertamente a los art. 14 y 17 de la Constitución argentina, que garantiza a todo habitante el derecho de usar y disponer de su propiedad y su completa inviolabilidad. Por su tendencia aristocrática, esa legislación se opone al art. 16 de la Constitución, que no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, y declara a todos iguales ante la ley; y al art. 1, que adopta la forma republicana de gobierno.

Toda ley que quita al poseedor o detentador actual el estímulo de la propiedad completa y absoluta, le vuelve indolente porque nada le deja que excite su actividad; le hace perezoso por la incertidumbre en que deja su propiedad o tenencia; le hace devastador y dispendioso, formándole un interés en consumir lo que debe arrebatarle el sucesor impuesto.

Felizmente nuestros Congresos republicanos han derogado antes de ahora la mayor parte de esa legislación, pero todavía queda en pie una porción considerable, esperando el hacha de la reforma civil, decretada por el art. 24 de la Constitución federal de 1853.

En el interés de las pasiones republicanas, más que de las convicciones económicas, esa legislación ha sido retocada sólo en lo tocante al derecho de sucesión. Así los mayorazgos, fideicomisos y vinculaciones fueron abolidos por constituciones y leyes dadas antes de ahora. Una ley de la Asamblea general de 13 de agosto de 1813 prohibió la fundación de mayorazgos en el territorio de las Provincias Unidas, no sólo sobre la generalidad de los bienes, sino sobre las mejoras de tercio y quinto; como asimismo cualquiera otra especie de vinculación, que no teniendo un objeto religioso o de piedad, trasmita las propiedades a los sucesores con la facultad de enajenarlas. Esa ley fundamental es comentario de la moderna, que la ratifica en ese punto.

He dicho que sólo fue retocada esa parte de la legislación feudal que afecta a la tierra, pues rigen todavía en la República Argentina contra el espíritu de su moderna Constitución las leyes del título 5°, partida 6a, sobre sustituciones, y las del título 11 y 12, de la misma partida, sobre fideicomisos.

Además de eso, conservan toda su vigencia en nuestro país las leyes españolas que, sin reglar el derecho hereditario, tienen relación estrecha con otros medios civiles que gobiernan la distribución de la tierra y la renta de sus servicios productivos. Tales son las leyes que autorizan el retracto, y que mantienen dudoso y oscuro el derecho de impensas y mejoras, cuando no declarado en favor del propietario, a expensas del cultivador arrendatario.

En el interés de la población y del bienestar y prosperidad de la República Argentina, propósitos supremos de su Constitución vigente, la ley orgánica, inspirada en esas miras, debe reglar el sistema del arrendamiento territorial, de modo que sirva para colocar la tierra al alcance de los inmigrantes y nuevos pobladores.

Conviene reorganizar el arrendamiento territorial en provecho del arrendatario, y no del propietario ocioso y explotador, al revés de nuestro actual sistema de origen romano-feudal, ineconómico y estéril, que sacrifica el trabajo, la población y la riqueza al ascendiente de los señores de la tierra.

Deben ser bases económicas del nuevo sistema de locación territorial, según los principios arriba sentados:

La posibilidad de arrendamientos por término ilimitado,

La extinción y prohibición del derecho de alcabala, que estorba la adquisición fácil de la tierra al inmigrante, atraído por el aliciente de su adquisición.

En el silencio de los convenios o contratos, la ley debe adjudicar al arrendatario el derecho de impensas y mejoras, porque éste es el medio de infundirle el deseo de sacrificar el presente al porvenir, y de trabajar en la mejora del suelo.

Los derechos reales o privilegios y las hipotecas tácitas que las leyes actuales de origen feudal regalan al señor o dueño de la tierra contra el cultivador arrendatario, son leyes que rodean de alarma en el corazón de este útil soldado de la producción el deseo de sacrificar el presente al porvenir.”

El debate del siglo XX: Keynes y Hayek sobre el ciclo económico, auge, depresión y expectativas

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I en Económicas de la UBA vemos el debate “Hayek-Keynes” sobre las crisis y el ciclo económico. Comenzamos con el capítulo 22 de la Teoría General de Keynes, titulado “Notas sobre el ciclo económico” y luego vemos también un artículo de Hayek. Aquí van algunos párrafos que explican la visión de Keynes y otros donde hace referencia a la discusión, aunque en ningún momento menciona con quién está discutiendo, pero se puede inferir con quién.

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“…encontraremos que las fluctuaciones en la propensión a consumir, en la curva de preferencia por la liquidez y en la eficacia marginal del capital han desempeñado su parte (en los ciclos). Pero sugiero que el carácter esencial del ciclo económico y, especialmente, la regularidad de la secuencia de tiempo y de la duración que justifica el que lo llamemos ciclo, se debe sobre todo a cómo fluctúa la eficacia marginal del capital.”

“Las últimas etapas del auge se caracterizan por las esperanzas optimistas respecto al rendimiento futuro de los bienes de capital, lo bastante fuertes para equilibrar su abundancia creciente y sus costos ascendentes de producción y, probablemente también, un alta en la tasa de interés. Es propio de los mercados de inversión organizados que, cuando el desencanto se cierne sobre uno demasiado optimista y con demanda sobrecargada, se derrumben con fuerza violenta, y aún catastrófica bajo la influencia de compradores altamente ignorantes de lo que compran y de los especuladores, que están más interesados en las previsiones acerca del próximo desplazamiento de la opinión del mercado, que en una estimación razonable del futuro rendimiento de los bienes de capital.”….

“De este modo, con mercados organizados y sujetos a las influencias actuales, la estimación que hace el mercado de la eficacia marginal del capital puede sufrir fluctuaciones tan enormemente amplias que no quepa neutralizarlas lo bastante por fluctuaciones correspondientes en la tasa de interés. Además, como hemos visto antes, los movimientos consiguientes en el mercado de valores pueden deprimir la propensión a consumir precisamente cuando es más necesaria. Por tanto, en condiciones de laissez-faire, quizá sea improbable evitar las fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio trascendental en la psicología de la inversión, cambio que no hay razón para esperar que ocurra. En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de inversión no puede dejarse con garantías de seguridad en manos de los particulares.”

Hasta allí, una muy breve exposición de su análisis y propuesta de solución. Ahora breves párrafos sobre el debate. Así comienza la sección inmediata al párrafo anterior:

“Puede parecer que el análisis precedente está de acuerdo con el punto de vista de quienes sostienen que la sobreinversión es la característica del auge, que el único remedio posible para la siguiente depresión es el evadirla, y que, si bien, por las razones dadas antes, ésta no puede impedirse por medio de una baja tasa de interés, el auge puede evitarse por otra alta. Ciertamente tiene fuerza el argumento de que una alta tasa de interés es mucho más efectiva contra un auge que otra baja contra una depresión.

Pero inferir estas conclusiones de lo anterior llevaría a una mala interpretación de mi análisis; y a mi modo de ver, supondría un error. Porque el término sobreinversión es ambiguo. Se puede referir a las inversiones que se destinan a desanimar las previsiones que las incitaron o para las cuales no hay lugar en circunstancias de intensa desocupación; o puede indicar un estado de cosas en el que cada clase de bienes de capital sea tan abundante que no haya inversión nueva que prometa aun en condiciones de ocupación plena, ganar en el curso de su duración más que su costo de reposición. Es solamente en el último estado de cosas donde hay sobreinversión, estrictamente hablando, en el sentido de que cualquier inversión posterior será sólo un puro desperdicio de recursos:….

…’El remedio del auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja!, porque ésta puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo económico no puede encontrarse en evitar los auges y conservarlos así en semi-depresiones permanentes sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi-auge continuo.”

“El auge que está destinado a terminar en depresión se produce, en consecuencia, por la combinación de dos cosas: una tasa de interés que, con previsiones correctas, sería demasiado alta para la ocupación plena, y una situación desacertada de previsiones que, mientras dura, impide que esta tasa sea un obstáculo real. El auge es una situación tal que el exceso de optimismo triunfa sobre una tasa de interés cuya altura excesiva se comprendería si se juzga con serenidad.”

Artículo en InfoBAE, el título original era «Terrible éxito en la negociación de la deuda: otra vez sopa»

https://www.infobae.com/opinion/2020/05/22/deuda-algunas-ideas-para-evitar-que-la-historia-se-siga-repitiendo/

Deuda: algunas ideas para evitar que la historia se siga repitiendo

Estamos por vivir uno de esos sucesos de los que pocos son capaces como este país. Seguramente será todo un éxito. Así lo verá el Gobierno tanto sea que se arregle con los bonistas o se caiga en default. Si es el primer caso, se presentará el éxito de la prudencia y las oportunidades que ahora se abren a este país; si es por el segundo, será la lucha épica contra los capitales financieros y los buitres.

De una u otra forma, historia repetida, y ninguna señal de que nada cambie para que no se llegue a situaciones como estas en el futuro. Desde que comenzó este proceso, el debate se ciñe al acierto o desacierto del proceso de negociación, a la estrategia “académica” que lleva el Gobierno apoyada por Nobels y economistas, si más dura o más negociadora, etcétera. Pero nada más allá.

Y muy probablemente tampoco habrá otras referencias que no sean el comentario sobre el resultado alcanzado y su impacto a corto plazo en la economía argentina. Está bien, no es que eso no sea importante, pero no estaría mal por una vez mirar un poco más allá de los próximos meses o de la próxima elección.

Al respecto, ¿qué podría hacerse para evitar caer en de nuevo en esto? El ideal sería, por supuesto, que tanto políticos como votantes tuviéramos un rapto de lucidez que impusiera un rechazo al elevado gasto público, al déficit fiscal y al endeudamiento tal como ahora se observa, por ejemplo, respecto a las posibilidades tener un gobierno militar. Imaginen si existiera un repudio tan generalizado a la deuda como lo es a la violación de derechos humanos. Esa lección está aprendida, pero la del gasto, déficit y deuda no.

Claro, si eso fuera parte de las profundas convicciones de la gente, se trasladaría a los resultados electorales y no haría falta mucho más, solamente estar alertas para que los votantes no estén distraídos ante intentos políticos de esconder gastos y deudas en cuentas especiales, fuera de presupuesto, etcétera, algo que suele ocurrir.

Para hacer ese control más firme, un consenso de ese tipo podría expresarse en un marco institucional que imponga duros límites al endeudamiento estatal. Estos límites pueden ser de dos tipos. Como en el caso del Tratado de Maastricht, se puede establecer un tope al endeudamiento total, en este caso del 60% del PIB. El otro puede ser como el que existe en los Estados Unidos, donde el Congreso establece un límite sobre el monto total de la deuda permitida —esto es una cantidad de dólares, no un porcentaje sobre el PIB—, techo que, cuando se alcanza, no puede ser superado: el Gobierno no puede emitir más deuda, a menos que sea modificado por el Congreso.

No obstante, la imagen siguiente es bastante clara respecto a la capacidad de este mecanismo para imponer algún tipo de límite, cuando la voluntad política y el control de los votantes no existen:

Otra forma de restringir el endeudamiento se refiere a su proceso de aprobación, por ejemplo, la que demanda que toda emisión de deuda sea aprobada por los votantes en un referéndum o por mayorías parlamentarias especiales, hasta llegar a la prohibición constitucional absoluta. Otra alternativa, aplicada por algunos gobiernos regionales en España, es limitar el plazo del endeudamiento de tal forma que se permita solamente el de corto plazo, lo que significa que la deuda debe ser cancelada dentro del propio ejercicio presupuestario. En los Estados Unidos 21 estados demandan la aprobación por referendo y 12 por mayorías especiales, que pueden estar conformadas por tres quintos o cuatro quintos de los representantes.

No obstante, los gobiernos buscan, y muchas veces encuentran, diversos caminos para eludir esas restricciones, como, por ejemplo, canalizar el endeudamiento por agencias estatales especiales que no están sujetas a ese tipo de control. ¿Sería efectivo un límite a través del voto popular emitido en referendo? Se puede argumentar que los votantes estarían predispuestos a aprobar el endeudamiento, porque disfrutarían del gasto ahora y lo terminarían pagando futuros votantes. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que no actúan de esa forma y tienden a rechazar el endeudamiento.

Los Estados que tienen más de un control muestran menores niveles de endeudamiento, siendo el referendo popular mediante el voto el que mayor éxito muestra, junto con la prohibición total.

En el caso argentino parece que habría que acumular todo tipo de controles. No solamente límites al endeudamiento, sino también al aumento del gasto público, al aumento de los impuestos, a la existencia de déficit fiscal. En este campo somos como Anthony Hopkins actuando de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, todo candado o jaula es poco.

Curiosamente, lo que tiene efecto para frenar el endeudamiento en seco es el default. Allí se cierran las canillas de facto. Por supuesto, a un alto costo. Los controles mencionados no son gratuitos, pero las expectativas que generan son exactamente opuestas a las del default. Es la diferencia entre costos que te hunden y costos que podrías pagar con gusto para subir y salir del pozo.

El autor es profesor de Economía en la UBA y UCEMA y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso

Artículo en Clarín: Las contradicciones del populismo proteccionista. Ahora son buenas las importaciones

https://www.clarin.com/opinion/contradicciones-populismo-proteccionista_0_thW27DuHI.html

Flujo del comercio exterior global en tiempos de coronavirus, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). 19/5/2020

 

  • 20/05/2020 – 21:11

Ya sabemos que la pandemia del Covid-19 ha desatado todo tipo de cambios, muchos de los cuales esperamos que sean pasajeros, aunque algunos serán permanentes. La ansiedad de la gente ha llevado a una hiperactividad de los gobiernos, ya sea por ansiedad para ofrecer respuestas, temor al impacto político de un fracaso o aprovechando la oportunidad para concentrar poder.

Con una visión cortoplacista y local, muchos de ellos han reaccionado haciendo eco a un sentimiento dramático. En un estilo tipo “sálvese quien pueda” han dado prioridad a señales de que están haciendo algo importante por los votantes locales, siendo que lo mejor sería exactamente lo contrario. Esto es particularmente notorio en el área del comercio internacional de insumos médicos. Curiosamente, el afán “proteccionista” ahora se ha dado vuelta y los gobiernos imponen barreras a las exportaciones de esos productos y las reducen para las importaciones.

Muchos lo han hecho, no solamente el gobierno argentino, pero éste ya en Marzo decretó que una serie de insumos médicos requerirían autorización para poder ser exportados, la que se amplió hace pocos días (Decreto 405/2020) incorporando otros 39 insumos que ahora necesitarán un permiso especial de exportación del Ministerio de Desarrollo Productivo, con la intervención del Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, el gobierno argentino abrió las importaciones y redujo las barreras para la importación de insumos, en un acelerado aprendizaje de las bondades del libre comercio.

Revirtiendo la tradicional visión mercantilista del populismo, ahora resulta que las exportaciones son malas y las importaciones son buenas. Las razones de este cambio son simples y claras: se quiere evitar el desabastecimiento de esos productos. La realidad es que no se va a evitar ya que todos parecen estar haciendo lo mismo: ¿qué importaciones libres voy a tener si los demás también prohíben sus exportaciones? Y si nos quejamos al respecto nos dirán que eso mismo hacemos nosotros.

Antes que la desacreditada Organización Mundial de la Salud, pareciera que algo más práctico podría hacer la Organización Mundial del Comercio para lograr un acuerdo de urgencia, dadas las circunstancias, y evitar este tipo de medidas que perjudican a todos.

Este es, precisamente, el punto de una reciente declaración firmada por 31 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentra la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, “sobre la importancia de la colaboración, la apertura comercial y la innovación en la lucha contra el Covid-19”. Allí se llama a los países a eliminar los aranceles a suministros médicos y medicamentos, a rechazar las prohibiciones a las exportaciones, a reducir los trámites burocráticos aduaneros, a permitir el libre flujo de información sanitaria entre países, a mantener la transparencia en la recolección e intercambios de información epidemiológica, a aumentar la cooperación con otros países para acelerar la aprobación de medicamentos y a apoyar la innovación, incluyendo los derechos de propiedad intelectual.

Respecto a este último punto, el gobierno argentino ha presentado con orgullo un fruto de esa innovación, en el caso del test rápido desarrollado por científicos de institutos y un laboratorio local, pero a los pocos días el ministro de Salud, en sentido contrario, manifestó que la Argentina tendría una “inflexible” postura en la OMS, para que no rijan las patentes en cuanto se descubran algunas vacunas contra la enfermedad. ¿La opinión sería la misma si el laboratorio que la descubriera fuera argentino?

Se sabe que hay más de 140 proyectos de desarrollo de vacunas en todo el mundo y es probable que se obtenga más de una. Seguramente, tanto los laboratorios como los gobiernos de todo el mundo querrán que esas vacunas se difundan masivamente. Es más, los mismos laboratorios que obtengan patentes saben que no tendrán la capacidad productiva para hacer frente a lo que será su demanda, pero también que necesitan recuperar el dinero invertido en su desarrollo.

Salir a pelear con esas empresas, más si no están en el país, es un éxito seguro para quienes ven a la política como nosotros contra otros, pero cambiar las reglas de juego una vez que se ha obtenido el resultado sería el equivalente de decirles a esos mismos políticos que si bien han ganado la última elección, en verdad los cargos van a ser adjudicados por sorteo. ¿Estarían de acuerdo?

A diferencia de toda la actividad gubernamental de corto plazo, la declaración antes mencionada enfatiza un punto muy importante: que esa apertura y cooperación internacional sea permanente, que sea parte de un marco institucional global basado en la cooperación, el intercambio de información, de bienes y de tecnologías. Sin barreras que sirven para alentar el espíritu de tribu, pero nos hacen perder los beneficios de la “aldea global”.

Martín Krause es Profesor de Economía, UBA; Consejo Académico, Fundación Libertad y Progreso.

Artículo en La Prensa: La Sigen descubre la rueda. Sobre los precios máximos y el desabastecimiento

http://www.laprensa.com.ar/488971-La-Sigen-descubre-la-rueda.note.aspx

La Sindicatura General de la Nación es “el órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de gobierno”.

Acaba de descubrir la pólvora, esto es, que los controles de precios, en tanto y en cuanto funcionen, lo que consiguen es generar desabastecimiento. Así, en un informe que diera a conocer el 8 de Mayo afirma: “En el marco de la segunda fase del Control de Comercialización Online desarrollado sobre grandes cadenas de supermercados, la Sindicatura General de la Nación relevó faltantes superiores al 49 por ciento sobre una muestra de 234 productos incluidos en el Listado de Precios Máximos.” Continúa: “De este modo, y de acuerdo al primer relevamiento efectuado por Sigen hace dos semanas en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la falta de stock se agrava y alcanza a más productos.”

Concluye el comunicado de la Sigen que el “Síndico General de la Nación Carlos Montero, lamentó «tener que volver a observar abusos que van en detrimento de toda la comunidad, con empresas que comercializan por encima de los precios máximos del Gobierno y, peor aún, ni siquiera reflejan existencia de muchos de estos productos».

En verdad, lo que tendría que haber lamentado el Síndico General es que otras áreas de su gobierno implementen políticas destinadas al fracaso y a los resultados que precisamente ha descubierto.
Existen tres situaciones posibles en cuanto a la implementación de controles de precios.

La primera de ellas es que los precios establecidos sean superiores a los que se encuentran en el mercado. En este caso, la medida no tendría efecto económico, en tanto no hubiera una espiral inflacionaria que modificara esta situación en el futuro.

La segunda es que los precios fijados por resoluciones sean iguales a los que se pueden encontrar en el mercado, en cuyo caso no tendrían ningún efecto, ni tampoco ningún beneficio o daño, siempre con la misma salvedad respecto a la evolución futura de los precios.

La tercera, es que se fijen precios que se encuentran por debajo de los precios de mercado. Ésta, seguramente, sea la situación en que están pensando los dirigentes políticos, y ésta es, precisamente, la que genera los peores resultados, tales como los mencionados en el informe. Porque esos precios generan dos efectos, al menos: por un lado, aumentan la cantidad demandada de los productos, a precios más bajos la gente compra más y/o reemplaza productos sustitutos por estos que están controlados; por otro, restringe la cantidad ofrecida porque su producción no genera rentabilidad sino pérdidas.

El resultado inevitable es una brecha entre la cantidad ofrecida y la demanda que llamamos desabastecimiento.

Tenemos mucha experiencia en esto, ha sucedido con todos los controles de precios en nuestra historia. Y no solamente eso, en un interesante texto (que se puede conseguir porque no tiene un precio controlado), Robert Shuettinger y Eamonn Butler “4000 años de controles de precios y salarios” (varias ediciones, pero hay una de Barbarroja Ediciones en 2016), muestran el mismo resultado en todos los infructuosos intentos realizados en 40 siglos. Aquí ya sabemos que los productos cambian en sus cantidades, en su calidad, y si ninguna de esas cosas es posible, directamente desaparecen.

La resolución de la Secretaría de Comercio Interior que establece el control de precios (100/2020) considera que actúa en virtud del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.”

¿Será esta medida en protección de nuestros intereses económicos? Pero, ¿cómo podemos interpretar que protege nuestros intereses económicos si hace desaparecer a los productos que necesitamos de los comercios? Encuentran sobreprecios en los principales supermercados, pero tanto el desabastecimiento como los precios son mayores en pequeños supermercados o comercios.

La resolución también “intima” a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos…, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida.”

Pero como esto no ha dado resultado lo que parece quedar por delante es aquello que Hayek llamaba “camino de servidumbre”, más controles, regulaciones, eventualmente expropiaciones o, finalmente, la cárcel para aquellos productores que no acaten las normas. O dar marcha atrás y dejar que los productores llenen las góndolas, y entender que quien aumenta los precios es el mismo gobierno emitiendo una moneda que pierde valor día a día. Y eliminar las barreras para una mayor competencia.

En definitiva, tal vez no corresponde decir que la Sigen descubrió la pólvora, dados los años de fracasos de estas políticas, más bien descubrió la rueda.