Esta edición de la Copa América en Chile ha puesto en la atención el tema de la contaminación del aire, con particular referencia a la ciudad de Santiago, pero no limitado a ella. El diario La Tercera analiza el tema en su edición del martes 30 de Junio, primero comparando distintas políticas (“¿Qué han hecho otras ciudades para combatir la contaminación?”)   y luego una entrevista al Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier Martínez (“Restricción por tecnología o antigüedad de vehículos son alternativas que se evalúan”).

El título de la nota está claro, se está pensando en restricciones administrativas basadas en lo que los funcionarios entienden que debe limitarse o reducirse. Pero, ¿qué tal si se pensara en utilizar el sistema de precios? Esto es lo que comento al respecto en el libro:

Entre los últimos desarrollos en el área de las políticas públicas gubernamentales se encuentran los esfuerzos para generar “derechos de propiedad” sobre un determinado recurso, a fin de contar con sus incentivos para resolver problemas de “tragedia de la propiedad común”.

Un ejemplo de este tipo de políticas son los mecanismos de mercados de permisos de emisión (emissions trading), o cap and trade. Según estos esquemas, una agencia gubernamental establece un límite máximo de emisión de un determinado elemento contaminante. Este límite puede ser establecido de forma “técnica”: por ejemplo, la cantidad de ese elemento que puede emitirse y seguir contando con una atmósfera saludable; o puede serlo también de forma “política”: un límite igual o superior a la emitida actualmente, para no generar costos adicionales, al menos al inicio.

Una vez establecido el límite, se divide el total en partes que se asignan a los emisores, de tal forma que no se puede emitir la sustancia contaminante sin contar con un permiso, y se garantiza así que no se emitirá más de lo que se ha determinado como técnica o políticamente aceptable. Para permitir un ajuste por etapas, ese límite puede reducirse gradualmente hasta que el límite “político” se acerque o coincida con el “técnico”.

Los permisos pueden asignarse al principio gratuitamente a los actuales emisores o pueden ofrecerse a la venta en subasta. Una vez asignados, se permite su compra y venta, generándose un mercado de permisos de emisión y un precio para cada permiso. De esta forma, se busca que se produzca una reducción o limitación “eficiente” de las cantidades emitidas, ya que, suponiendo que se han asignado el total de permisos dentro del límite, un nuevo emisor que quiera comenzar sus actividades deberá adquirir un permiso por la cantidad que espera emitir, si es que el precio de eliminar su propia emisión es mayor que el precio del permiso —ya que, de otra forma, simplemente colocaría el “filtro” respectivo—.

Veamos esto con un ejemplo:

Supongamos que existen tres emisores actualmente con permisos y con los siguientes costos de instalación de un filtro por tonelada o cualquiera que sea la medida establecida:

Emisor A                         Emisor B         Emisor C

Costo del filtro                              1.500,000                      1,100,000       3,000,000

Actualmente, los últimos permisos intercambiados en el mercado lo han sido a un precio de 1,000,000. El costo de eliminar la emisión para el nuevo emisor que quiere ingresar en este mercado es de 5,000,000 por unidad. Obviamente le conviene comprar un permiso antes que instalar su filtro, lo que en la práctica equivale a decir que le conviene comprar el filtro de otro antes que el propio. Así, entonces, eleva el precio ofreciendo, digamos, 1,200,000 por un permiso. El emisor B estará interesado en comprarlo, ya que de esa forma puede colocar su propio filtro a un costo de 1,100,000 y aún le quedan 100,000. Y se satisface el objetivo general: que el límite de emisiones no se modifica; se permite el ingreso de un nuevo emisor, pero reduciendo la emisión donde el costo de hacerlo resulte más económico.

Hay varios esquemas de permiso de emisión vigentes, siendo tal vez el más conocido el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS); también los hay en Estados Unidos para la lluvia ácida a nivel nacional y otros a nivel regional, entre ellos el RECLAIM, Regional Clean Air Incentives Market .

Este programa comenzó en 1994. En vez de regular a cada una de las fuentes emisoras, incluye a cada una de ellas dentro de una “burbuja” imaginaria, que es el límite de emisión. Cada empresa recibió créditos por una cantidad igual a su límite de emisión, según la legislación planificadora anterior. Los créditos se basan en los picos de producción y los requerimientos de las normas y medidas de control vigentes; son anuales y pueden comprarse y venderse. El organismo de aplicación AQMD (Air Quality Management District) mantiene una lista de todas las empresas que poseen créditos, y los va reduciendo año con año. También ejerce el control de las emisiones para asegurarse de que ninguna empresa sobrepasa el límite de los permisos obtenidos.