Del libro «El Foro y el Bazar»:
Los gobiernos obtienen un beneficio político de corto plazo con el incremento de los ingresos fiscales que pueden redistribuir a través de todo tipo de subsidios. También tienen el apoyo de los industriales locales y sus organizaciones junto a los poderosos sindicatos industriales. En este último caso una devaluación, al incrementar los precios de los productos locales, impacta directamente en el poder adquisitivo de los salarios, reduciéndolo. Por lo tanto, un impuesto sobre las exportaciones crea un precio local menor para algunos alimentos y un salario real mayor (aunque la soja no es parte del consumo local).
Estos grupos están activos en forma permanente, mientras que los productores agrícolas sólo esporádicamente.[1] Un razonamiento similar utiliza Pedro Isern (2007), argumentando que pese a que los sectores más productivos tienen menores incentivos para desarrollar un lobby eficiente que los sectores menos productivos, la brecha entre la eficiente productividad del sector agrícola y su pobre fuerza política es, en este caso, inusual[2].
Esta puja distributiva toma la forma de un “ciclo populista” que comienza con una política expansionista de “dinero fácil para todos”, generando crecimiento a expensas de las perspectivas a largo plazo de la economía, usualmente no fácilmente visibles, con desequilibrios crecientes (déficits fiscales y de balanza de pagos, fuertes incrementos en costos y demanda, etc.) y creciente inflación. Luego de unos años la economía entra en crisis y requiere medidas severas de estabilización (devaluación, caída de los salarios reales).
Isern introduce cuatro condiciones para explicar el “ciclo populista” de largo plazo en Argentina: una inusualmente alta productividad del sector agrícola que le permite producir y exportar aún con tales impuestos, controles al tipo de cambio y proteccionismo agrícola y subsidios en la mayoría de los países desarrollados; una inusualmente baja capacidad de organización política debido a la dispersión geográfica y la misma productividad que mantiene rentables a las operaciones aún con esas cargas; la elevada organización política del sector urbano-industrial, concentrado en las grandes ciudades (particularmente la capital y el centro de las decisiones, Buenos Aires) y la baja productividad de este sector, siempre requiriendo protección y subsidios y necesitando un sector productivo (el campo) de donde extraer rentas.
No obstante, los cálculos políticos salieron mal, y el gobierno perdió el control del Congreso luego de las elecciones legislativas de Junio de 2009. Como mostró la rebelión fiscal de 2008, los productores agrícolas no eran tan pocos ni estaban tan aislados. Los fideicomisos y los “pools” de siembra mencionados antes comenzaron a unir poblaciones locales en apoyo de la producción: ahora el dentista local o el abogado de una ciudad pequeña de la Pampa tenía sus ahorros invertidos en un fideicomiso produciendo soja; el vendedor local de tractores está directamente ligado a la prosperidad agrícola, los jóvenes graduados se involucran en genética y reproducción animal, un nuevo espíritu emprendedor se expandía por toda la región.
En 2010 un 50/60% de toda la producción agrícola no la realizan los dueños mismos de la tierra sino los fideicomisos y pooles de siembra. Esto significa que el número de personas vinculadas a ella a través de inversiones de capital es mucho mayor que en el pasado, como la extensión de la propiedad accionaria en el capitalismo anglosajón. Un gran número de gente, la mayoría en pueblos y ciudades de la Pampa, son ahora “accionistas” del campo. Son el típico inversor de capital, asumiendo el riesgo no solamente de las condiciones meteorológicas y del mercado sino también el de las políticas públicas. La inversión individual en estos fondos creció de 320 millones de pesos en 2004/5 a 950 millones en 2008/09 (aunque cayó a $630 en 2009/10). [3]
[1] Adolfo Sturzenegger (2007), considerando los intereses divergentes como parte de un “mercado político” explica: “…se asume que cada lado de ese mercado tiene grados diferentes de acción colectiva. Mientras el lado pro-retenciones se mantiene siempre activo en su acción colectiva, el otro lado sólo se activa fuertemente cuando la rrh [renta real por hectárea] efectiva se ubica por debajo de un nivel que se considera insostenible, por ejemplo, esa rrh o margen bruto, no alcanza para pagar los servicios del financiamiento que se estuviera utilizando, o no alcanza para un nivel de retiros por parte de los propietarios agrícolas aceptable. Cuando, por el contrario, el nivel de la rrh está claramente por encima de aquel nivel insostenible, este lado está de hecho inactivo. En realidad en todo momento parece ejercer acción colectiva en defensa de los intereses del grupo pero la misma es sólo simbólica y figurativa (protestas anuales en la Sociedad Rural, asiduas declaraciones de insatisfacción por parte de todo dirigente rural) que difícilmente alcance para modificar los niveles de discriminación. Por el contrario, cuando no se alcanza la rrh sostenible, el grupo masiva y vigorosamente se activa y, en general, se logra reducir el nivel de discriminación. Estos grandes cambios en los niveles de acción colectiva de grupos de presión integrados por enorme cantidad de miembros y dispersos en el territorio, está bien comprobado en la literatura, Olson (1971), Findlay y Wellisz (1982)”. (p.19)
[2] “La puja distributiva en la Argentina contemporánea ha sido un juego de suma cero. Pero lo que resulta analíticamente relevante de este juego de suma cero no es su existencia (como cuestión de política económica) sino su perdurabilidad en el tiempo. La cuestión es por qué el ‘ciclo populista’ que originó la puja distributiva no puede ser neutralizado luego de las sucesivas crisis que ocasionara” (Isern, 2007).
[3] Bertello, Fernando, “Cayó 30% el aporte de inversores externos al campo”, La Nación, 7/12/09.
