Nueva (y aparentemente) fundamental función del Estado: subsidiar la compra de juguetes en cuotas

Uno de los temas centrales de la política y la economía es qué funciones corresponde realizar al Estado. Las discusiones van desde preferencias políticas determinadas, hasta sofisticados desarrollos de teoría económica. Algunas argumentaciones son sofisticadas, pero hay algunas aplicaciones simples que cuesta explicar, incluso con los argumentos más serios.

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Por ejemplo, esta noticia muestra que ahora el Estado va a subsidiar la compra de juguetes (¡). ¿Es ésta una función del Estado? ¿Tiene éste tantos recursos que puede darse el lujo de subsidiar esto luego de haber cumplido con tantas otras funciones? ¿Sería el mercado incapaz de ofrecer financiamiento de la compra de juguetes? En fin, parece que ciertas ideas, en particular esas ideas keynesianas que sostienen que es la demanda la que impulsa la economía, llegan ya a extremos bastante absurdos. Veamos la noticia:

“En los tres primeros días de funcionamiento del programa Ahora 12 en la semana previa al Día del Niño, se realizaron más de 5000 operaciones por un monto acumulado de $ 7,4 millones y un ticket promedio de $ 1400, según datos de la Secretaría de Comercio. «La provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe concentraron más del 80% del monto vendido», señaló un comunicado oficial.” (La Nación, 19/8/16).

Así es como el Ministerio de Producción justifica este programa:

“AHORA 12 es un Programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la producción nacional. Con AHORA 12, los argentinos pueden comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. (*)

Porque cuando un argentino consume, muchos sostienen su trabajo.

Más de 100.000 comercios tendrán la posibilidad de adherirse al Programa. Los comercios adheridos deberán colocar el cartel identificatorio de AHORA 12 en sus vidrieras (ver información a comercios adheridos).

Apostar al consumo dinamiza la economía. Con la compra de cada argentino, nos beneficiamos los 40 millones.”

En verdad es el Banco Central es que financia el programa:

“El programa de consumo, que rige de jueves a domingos, establece que los negocios adheridos deben pagar un interés del 10% a las tarjetas de crédito para poder operar. A esta carga se suman los impuestos y un recargo del 3% que aplican las empresas emisoras de plásticos por las operaciones. Además, el dinero de la venta se acredita en las cuentas bancarias de los comerciantes después de 48 o de 72 horas. Para ahorrar costos, los comerciantes también pueden pagar un interés del 8% y cobrar el dinero de la venta en 10 días hábiles. Para que el plan funcione, y para que los negocios puedan financiar en 12 meses sin interés, el Gobierno, mediante el Banco Central, subsidia a las tarjetas y a los bancos con reducciones en las exigencias de los encajes, es decir en las inmovilizaciones de dinero como resguardo.” http://www.lagaceta.com.ar/nota/690235/economia/se-haran-cambios-plan-consumo-ahora-12.html

¿Hace falta decir algo? Dicen que el ministro de Producción pasó por clases donde se explica la economía y cómo su motor es la actividad emprendedora llevando adelante la inversión productiva. Si el consumo dinamiza la economía, salgamos todos a gastar, empezando por el Estado mismo y financien, por favor, las cuotas para las compras de todo, empezando por las del supermercado. Es más, ¿por qué doce cuotas? ¿No dinamizaría más la economía si fueran 120 cuotas? ¿O 1200? ¿Qué es lo frena el afán dinamizador de los funcionarios?

Preocupado por sus preocupaciones: se deterioran las instituciones que deberían proteger libertades

Estoy en Chile participando de un seminario para jóvenes organizado por la Fundación para el Progreso de este país. Además de interesantes conferencias, FPP ha realizado un estudio jungo con GfK Adimark que titula “Barómetro de la Libertad”. Aquí está disponible el resumen y el informe completo: http://fppchile.org/es/barometro-de-la-libertad-fpp-adimark-2/

Mi impresión, al margen de los comentarios que el estudio presenta, es que encuentro a los chilenos deprimidos y preocupados por el futuro. EL informe, realizado en base a una encuesta, sostiene que “los chilenos sienten que se ha avanzado en: poder organizar manifestaciones, decidir plenamente sobre embarazarse y/o tener hijos, poder formar grupos u organizaciones y decidir sobre cómo y con quién formar pareja y/o casarse”. Por cierto, todas libertades individuales muy importantes. Pero es notable la preocupación sobre la calidad de las instituciones, aquellas que, en definitiva, son necesarias para proteger esas libertades. Así, sienten que han retrocedido en: ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta; decidir la forma de criar y educar a sus hijos, que existan elecciones con un sistema transparente y libre, que los tribunales de justicia actúen de manera independiente, que existan instituciones independientes que controlen a las autoridades.

Son importantes los avances, pero muy preocupantes… las preocupaciones…

“Estudio revela que un 84% de la población considera “muy importante” la libertad para la toma de decisiones. Mientras que un 85% de los chilenos siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de sus libertades.

¿Cuán libres se sienten los chilenos? ¿En qué ámbitos se ejerce la libertad? ¿Quiénes se sienten más y menos libres en el país? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el primer “Barómetro de la Libertad”, elaborado por Fundación para el  Progreso y GfK Adimark.

El estudio, lanzado este miércoles 7 de octubre en las oficinas de la Fundación para el Progreso,  mide cómo los chilenos perciben y valoran el rol que cumple la libertad en distintos ámbitos de su vida, tanto en la esfera pública como privada. Este tendrá una periodicidad anual, pues el objetivo es generar indicadores y cuadros comparativos en el tiempo.

En su primera edición 2015, el estudio muestra que la libertad es ampliamente valorada por los chilenos. Un 84% de la población la considera “muy importante” para la toma de decisiones.

Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark añade que “un 60% de los chilenos se siente hoy mayoritariamente libre, una buena noticia que contrasta con el 40% que percibe que existen restricciones o vulneraciones a su capacidad de control sobre sus vidas”.

Por otro lado, un 85% de los chilenos tiene una percepción de restricción de alguna de sus libertades, es decir  siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de éstas. La dimensión “Limitación del poder político, independencia judicial y democracia” es el ámbito relativo a la libertad peor percibida. Los chilenos tienen menos confianza en las instituciones que fiscalizan a las autoridades y mayoritariamente consideran que los tribunales de justicia no actúan de manera independiente del gobierno y el parlamento.

“Esto no sólo denota la importancia que asignan los chilenos a las instituciones y su buen funcionamiento, también  debiera ser materia de preocupación, pues claramente las instituciones están viéndose debilitadas”, explica Armando Holzapfel, Gerente de la Fundación para el Progreso.

En términos de relevancia en relación con el desarrollo del país, lo más valorado por los chilenos es: que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas (9,2%); decidir la forma de criar y educar a los hijos (9,1%) y ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta (7,4%).

Los aspectos en que se perciben mejoras en el último tiempo son los derechos relacionados a la libertad de expresión y de manifestar puntos de vista.  También se aprecia un progreso en las libertades relacionadas con la vida sexual, relaciones de pareja y reproducción.”

Educación estatal y educación privada: en todos los casos la privada supera a la estatal, al mismo nivel

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Todo ese reconocimiento de las falencias de la educación estatal y de los resultados que se obtienen con la planificación estatal de la educación, se produce sin reconocer el papel que cumple el sector privado y los mejores resultados que obtiene.

En el documento “Informe de Revisión Nacional de Educación para Todos (EPT) 2015”  se analiza el estado de la educación en el país y el cumplimiento de compromisos asumidos con la UNESCO en el año 2000, objetivos que incluyen la extensión de la cobertura educacional y el mejoramiento de sus aspectos cualitativos, pero no se menciona el aporte del sector privado. Así, por ejemplo, en cuanto a la educación preescolar se dice: “Los sectores que están proporcionando activamente atención de la primera infancia en nuestros países son el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Inicial, los Centros de Orientación Infantil y Familiar Institucionales, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)y la Cruz Roja” (p. 16).

Ninguna mención se hace a las iniciativas privadas, que se comentarán más abajo. Algo se menciona de pasada sobre la participación de los padres en distintas iniciativas donde el Estado no ha llegado: “Entre las estrategias puestas en marcha por instituciones se mencionan: Ministerio de Educación, liderando la creación del primer currículo oficial orientado a la educación de los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años, el funcionamiento de programas no formales como los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial (CEFACEI) y Educación Inicial en el Hogar (EIH), los cuales ofrecen atención a los niños y niñas que viven en comunidades urbano-marginales, rurales e indígenas donde no existe un jardín de infancia para darles una respuesta educativa, y la educación preescolar formal ofrecida en las dependencias oficiales y particulares a nivel nacional estimulando el desarrollo óptimo de las capacidades físicas, emocionales y mentales de los niños de 4 y 5 años” (p. 17).

En 2005, MEDUCA realizó una evaluación de los resultados académicos con el nombre de SINECA, por medio de la cual se tomaron 99,687 pruebas en todo el país, en los niveles 3º, 6º, 9º y 12º, sobre las materias Español, Inglés, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. El puntaje promedio obtenido fue de 43,2 en Español, 46,8 en Matemática, 48,7 en Ciencias Naturales, 48,3 en Ciencias Sociales y 53,1 en Inglés; sobre cien, con un porcentaje mínimo aceptable de 60 (Informe Sineca, 2007, p. 25).

En todos los casos, los resultados obtenidos en las escuelas privadas superan a los de las escuelas estatales, salvo en el duodécimo grado del Bachillerato en Ciencias. . Como muestra un botón, en Tercer Grado, los resultados en Español fueron de 41 para las privadas y 35 para las estatales; en Matemática: 61 a 50; en Ciencias Naturales: 56 a 46; en Ciencias Sociales: 64 a 53. 

Con todo lo que pasa, esto genera polémica. Artículo en La Nación: los beneficios de la inmigración

Artículo en La Nación con el título: “Los beneficios de la inmigración”: http://www.lanacion.com.ar/1928158-los-beneficios-de-la-inmigracion

Los beneficios de la inmigración

El movimiento de personas a través de las fronteras genera debates en Europa y Estados Unidos; una mirada desapasionada a la luz de ciertos indicadores muestra que, pese a sus costos, se trata de un fenómeno en el que todos ganan

Las migraciones se han convertido en un tema central de discusión en Europa. Más aún luego de los atentados terroristas ocurridos en Bélgica, Alemania y Francia, y del Brexit. También son motivo de debate en la campaña electoral en los Estados Unidos. Las imágenes de este fenómeno nos muestran situaciones dramáticas y esto ha ayudado a que se desaten todo tipo de pasiones sobre el asunto. Sin embargo, un análisis más profundo demuestra que el movimiento de personas, tal como el de bienes y capitales, trae beneficios muy superiores a los costos, aunque éstos puedan ser más visibles.

Los temas en discusión son muchos, y tienen que ver tanto con cuestiones de «derechos» como de los costos o beneficios que se generan y en quien recaen.

Lo primero es responder si existe un derecho a migrar. En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la «salida» -aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba- y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico.

En principio, pareciera que una barrera a la inmigración violaría el derecho del ciudadano a «invitar» a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿No resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos «externos», o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas.

Existen otros efectos «externos» que suelen plantearse como originados por la inmigración. Uno de ellos es la cuestión de si la inmigración perjudica al empleo local.

Según una encuesta de Gallup, un 58% de los residentes de países de altos ingresos señalan que los inmigrantes ocupan empleos que esos mismos residentes no desean ocupar, y un 18% afirma lo opuesto. Esto mismo se repite en los diez principales países receptores de inmigrantes.

Un estudio de la OCDE (2014) informa que en los 10 años hasta 2012 los inmigrantes representaron un 47% del aumento de la fuerza laboral en los Estados Unidos y un 70% en Europa, y que representaron alrededor de un cuarto de todos los ingresos en las ocupaciones que más han declinado en los Estados Unidos (28%) y Europa (24%), básicamente operarios; ocuparon así funciones que, como lo confirma la encuesta, no son consideradas atractivos por los locales.

Un informe del Banco Mundial de 2005 encontró que si los 30 países de la OCDE permitieran un crecimiento del 3% en el tamaño de su fuerza laboral a través de reducir las restricciones a la inmigración, los beneficios para los ciudadanos de los países pobres serían de unos US$ 300.000 millones. Esto es US$ 230.000 millones más que la ayuda internacional que estos países destinan a los países pobres. Si hubiera fronteras abiertas por completo se duplicaría el PIB mundial en pocas décadas, virtualmente eliminando la pobreza global.

Pero no terminan aquí los debates que genera este complejo problema.

¿Son los inmigrantes una carga fiscal? El estudio de la OCDE sugiere que el impacto de olas sucesivas de migración en los últimos 50 años hacia los países más desarrollados es en promedio cercano a cero, rara vez excediendo 0,5% del PIB, tanto sea en términos positivos como negativos. El impacto es mayor en Suiza y Luxemburgo, donde los inmigrantes proveen un beneficio neto estimado de cerca de 2% del PIB a las finanzas públicas. «Contrariamente a la percepción general -dice el estudio-, los inmigrantes con baja educación tienen una posición fiscal [la diferencia entre sus contribuciones y los beneficios que reciben] mejor que sus pares locales. Y cuando los inmigrantes tienen una posición fiscal menos favorable, no es por tener una mayor dependencia de los beneficios sociales sino porque tienen a menudo salarios más bajos y tienden, entonces, a pagar menos».

¿Pueden los inmigrantes trastrocar la cultura local? La existencia de barrios enteros en algunas ciudades europeas y norteamericanas hace temer que esto ocurra, pero de ahí a afirmar que sea posible existe un largo trecho. La cultura occidental, la de los países que más inmigración reciben, es la que les permitió desarrollar las instituciones que permitieron su crecimiento y riqueza. Si han deteriorado sus instituciones ha sido más por modificaciones culturales propias que importadas a través de inmigrantes. Después de todo, las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, que causaron estragos y catástrofes en todo el mundo son de origen europeo, no importadas por los inmigrantes. Argumentos similares pueden desarrollarse en relación con el temor que ingresen inmigrantes que cometerán crímenes. La evidencia empírica muestra la tasa de criminalidad de los inmigrantes no es superior a la de los locales, y el argumento se puede extender a todo tipo de migración interna o a la existencia de criminales en los barrios informales, pese a que sean nacionales.

¿Los que se van perjudican a los que se quedan? Este no es, en realidad, un tema de debate, sino la consideración de un hecho que debe ser tenido en cuenta. La llegada de los migrantes, tanto refugiados como laborales, acerca a quienes provienen de sociedades con baja productividad debido a la escasez de capital invertido a otras donde su productividad es mucho mayor. Esto les genera ingresos muy superiores a los de los lugares de origen, siendo éste uno de los principales incentivos para emigrar. Y esos mayores ingresos se han convertido en el programa de ayuda más importante y con mayor sustento moral que pueda imaginarse: las remesas.

El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de US$ 588.199 millones, unas cuatro veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se han convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán y un 29,9% del de Nepal. En América latina, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% del de Honduras y 16,8% en el caso de El Salvador.

Lentamente, se produce en el mundo un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los migrantes. Parece haber una tendencia hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y retrocesos. Es un proceso impulsado por esa competencia. En el pasado, ésta tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los migrantes, de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia y crea un riesgo: el reemplazo de la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires

Mafalda y «nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás». Divierte, pero se equivoca

Mafalda fue una genio en muchos casos. Con esa ingenuidad de niña solía dar en la tecla en más de un tema que a los mayores, sus padres principalmente, les costaba dilucidar.

Pero en ésta se equivoca, y también el diario La Nación al seleccionar esa frase. Tiene tantas otras, tan inteligentes. En el fondo, de la misma forma que por la boca de Mafalda hablaba Quino, su autor; por aquí habla quienquiera que la haya seleccionado. Obviamente, si la pusieron es porque creen que transmite una verdad, no solamente porque se trata de una metáfora divertida.

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Es ya un viejo prejuicio que quien hace dinero lo hace o explotando, o engañando, o robando a los demás. Y, por cierto, en algunos casos es así, pero seguramente no en lo que pensaba Quino o quien seleccionó la fase. Por ejemplo, los Castro o Kim tienen mucho dinero como resultado de explotar a los demás; Madoff también lo hizo con el gran engaño tipo Ponzi; los K y sus socios se enriquecieron aquí robando los fondos públicos. Pero cada uno de esos casos implica el uso de violencia o fraude, en general aprovechando el monopolio del uso de esa violencia por parte del estado. No es de extrañar que gran parte de las grandes fortunas mal habidas tenga que ver con la política. En ese caso, son fortunas que se han ‘amasado’ con ‘nuestra’ harina.

Pero sospecho que el sentido de la frase para el autor, o para quien lo puso ahora allí es más amplio, e incluye en general, a todos los que han hecho fortuna. Y nada podría ser más erróneo. En la lista de los más conocidos millonarios nos encontramos con muchos que se han hecho ricos por las grandes innovaciones e increíbles productos que nos han dado: Steven Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Amancio Alcorta (Zara), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Facebook), Liliane Bettencourt (L’Oreal), Sergey Brin y Larry Page (Google) y tantos otros, a quienes hay que agregar el panadero de la esquina, el dueño del kiosco, el que tiene un restaurante en la otra cuadra.

Es cierto, como Madoff también está Carlos Slim y su ‘capitalismo de amigos’, pero, de nuevo, éste no existiría si no fuera por la política.

Los emprendedores que compiten en el mercado, bajo reglas de juego que se aplican a todos, amasan fortunas con harina propia (arriesgando su capital), y nos dan los mejores panes de su esfuerzo. Y somos nosotros quienes, en definitiva, sancionamos con nuestras acciones, su destino. Tendrán fortuna en tanto compremos sus productos o servicios, y no la tendrán o la perderán en cuanto dejemos de hacerlo.

Entonces, habría que rehacer la frase y decir: “algunos amasan sus fortunas gracias al estado y el dinero de todos; pero decir que ‘nadie’ lo hace sin hacer harina al resto está equivocado y señala un claro prejuicio ideológico, o envidia, o ambos.

David Ricardo sobre los beneficios del libre comercio presenta la ley de las ventajas relativas

Con los alumnos de UCEMA vemos a David Ricardo en el Capítulo 7 de su gran obra “On the principles of Political Economy and Taxation”. Aquí presenta una de sus grandes contribuciones a la economía, tal vez la más importante: la teoría de las ventajas relativas y su visión sobre el libre comercio:

David Ricardo

“Bajo el sistema de comercio perfectamente libre, cada país naturalmente dedica su capital y su trabajo a tales tareas que son más beneficiosas para cada uno. Esta búsqueda de la ventaja individual está admirablemente conectada con el bien común en su conjunto. Al estimular a la industria, contemplando la innovación, y utilizando de la forma más eficaz los poderes dados por la naturaleza, distribuye el trabajo más efectiva y económicamente; mientras que al incrementar el conjunto de producciones, difunde el beneficio general, y el intercambio entre las sociedades civilizadas de todo el mundo. Es este principio el que determina que el vino se produzca en Francia y Portugal, que el maíz se produzca en América y en Polonia, y que las herramientas y otros bienes se produzcan en Inglaterra.”

Y aquí presenta su ya famosa teoría:

“En un mismo país, las ganancias están, en general, siempre en el mismo nivel; o difieren solamente porque el empleo de capital puede ser más seguro o más atractivo. No es así entre países diferentes. SI las ganancias de capital en Yorkshire excedieran aquellas del capital empleado en Londres, el capital se movería rápidamente de Londres a Yorkshire, y se alcanzaría la perfecta igualdad de ganancias; pero si como consecuencia de la menor tasa de producción en las tierras de Inglaterra, por el aumento de capital y población, los salarios subieran y las ganancias cayeran, no resultaría de ellos que el capital y la población necesariamente se moverían de Inglaterra a Holanda, o España o Rusia, donde las ganancias serían mayores.

Si Portugal no tuviera conexión comercial con otros países, en lugar de emplear gran parte de su capital e industria en la producción de vinos, con los cuales compraría para su propio uso las telas y las herramientas de otros países, estaría obligada a dedicar parte de ese capital a la manufactura de esos productos, que obtendría probablemente de inferior calidad como también cantidad.

Puede ser la circunstancia, que producir la tela en Inglaterra requiera el trabajo de 100 hombres por un año; y se intentara producir vino, requeriría el trabajo de 120 hombres por el mismo período. Inglaterra, entonces, encontraría en su interés importar vinos, y comprarlos con la exportación de telas.

Producir vinos en Portugal puede requerir solamente el trabajo de 80 hombres por un año, y producir la tela en ese país puede requerir el trabajo de 90 hombre durante ese mismo tiempo. Sería, por lo tanto satisfactorio que exportara vinos a cambio de telas. Este intercambio puede incluso tener lugar, más allá de que el producto importado desde Portugal pueda producirse con menos trabajo que en Inglaterra. Aunque podría fabricar las telas con el trabajo de 90 hombres, los importaría desde un país donde se requiera el trabajo de 100 hombres producirlo, porque le sería más ventajoso emplear su capital en la producción de vinos, por los que podría obtener más telas desde Inglaterra de las que podría producir desviando parte de su capital de los cultivos de vinos a la manufactura de telas.”

Educación estatal: con semejante estructura burocrática es imposible adaptarse a los cambios

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Esa estructura tampoco es flexible a la hora de reaccionar ante los acelerados cambios que se producen en la sociedad moderna: “En este sentido, el marco legal e institucional afecta la oferta de servicios de formación. Las reglas para la aprobación de nuevas carreras a nivel universitario hacen que el tiempo que transcurre entre la detección de una nueva necesidad y la graduación del primer egresado sea de aproximadamente 7 años ya que la aprobación de una nueva carrera toma de 2 a 4 años. Esta realidad limita significativamente la respuesta que puede darse a las demandas del mercado” (p. 102).

Este es un rasgo característico de la actividad emprendedora que se desarrolla en el ámbito del mercado: la capacidad que tiene el emprendedor de anticipar las necesidades del mañana y asumir el riesgo de llevarlo adelante. El mercado no está exento de “planificación”, ya que los emprendedores son quienes planifican la oferta futura, pero lo hacen en forma descentralizada, en forma de distintos planes que aprovechan el conocimiento disperso y verifican entonces su viabilidad. A diferencia de la política pública, el mercado no somete a toda la población a un ensayo en particular, llevando a todos al éxito o, la mayor parte de las veces, al fracaso; el mercado genera decenas de experimentos de los cuales se aprende y los consumidores seleccionan aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades. Esto es particularmente cierto en el ámbito de la educación actual, cuando la tecnología y los servicios en red están revolucionando las metodologías para la enseñanza.

Un sistema que desde hace décadas hace profesión de fe de su misión en favor de los más pobres y necesitados, no llega a alcanzar esos objetivos después de haber destinado recursos millonarios. Se reconoce, por ejemplo, que estos sectores, particularmente los indígenas, reciben el peor servicio, y no es de extrañar que obtengan los peores resultados. Dice el Plan Estratégico (2014): “Las escuelas indígenas oficiales obtuvieron los resultados más bajos en todas las asignaturas evaluadas”.

¿Subsidios o exenciones? Terminar con el régimen de Tierra del Fuego,…, o extenderlo a todo el país

El cálculo es demasiado simple y puede ser cuestionado de muchas formas. No proviene de ningún estudio profundo sobre el tema sino de una simple mención en un artículo que poco tiene que ver con el asunto. Se trata de un dato que aparece en una nota publicada en La Nación, dirigida principalmente a explicar la visión que tienen algunos empresarios sobre el futuro de las inversiones y los negocios en Argentina: http://www.lanacion.com.ar/1925442-los-secretos-que-llegan-desde-el-hoyo-19

Pero allí, se menciona esto: “Es justamente en Tierra del Fuego donde el gobierno de Macri decidió continuar con los beneficios impositivos de unos $ 14.000 millones. Se trata de unos 13.000 puestos de trabajo que se generan allí a través de 13 plantas. Sin embargo, la matriz productiva está comenzando a cambiar. Si bien se mantienen los equipos de TV, acondicionadores de aire y celulares producidos localmente, hoy se dejaron de fabricar los decodificadores de TV (se liberó la importación) y los equipos de PC y notebooks van camino a la extinción.”

aire acondicionado

Uno podría interpretar esto como que el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos. Desde esa perspectiva, significa que cada trabajo le cuesta un millón anual aproximadamente (si usamos el resto para tomar en cuenta el sueldo anual complementario), o casi 90.000 pesos por mes por puesto de trabajo creado. Casi 6.000 dólares por mes. Está claro que si hubiera tales sueldos, están muy por encima del promedio del resto del país, donde el salario mínimo de un supervisor es de 7756 pesos, o sea unos 517 dólares, aunque no sea un buen referente del salario promedio en el país.

Además, esto da como resultado que los argentinos terminan pagando celulares u otros equipos electrónicos a precios varias veces superiores a los que se consiguen en el mercado internacional.  En tal sentido, parecería ser un negocio para todos, pagarles un sueldo, que tal vez no sería tan alto y que se queden en su casa. El estado gastaría menos, y los demás compraríamos celulares a precios internacionales.

Claro, se dirá que no hay que contar solamente esos puestos de trabajo, ya que se originan otros como resultado de esta actividad. Pero, veamos, los empleos que se generan a partir del consumo que realizan esos trabajadores serían los mismos: ellos van a gastar en supermercados o ir a peluquerías tanto sea que reciban su ingreso de su trabajo subsidiado o de un cheque por no hacer nada. Quedaría la actividad que las industrias generan por adquirir insumos y otros gastos. Estos no son muchos tampoco porque estas empresas simplemente lo que hacen es armar equipos que vienen de afuera, y en algunos casos arman equipos luego que fueron desarmados para ingresar como partes y piezas.

Pero el tema que quier tratar aquí es otro. Tiene que ver con la frase anterior de que “el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos”. Quiero cuestionar esta interpretación, porque el estado no está “poniendo” si se trata de exenciones impositivas, sino que se está absteniendo de “tomar”, como lo hace en el resto del país.

En tal sentido, el reclamo, tal vez, no debería ser que se acaben estas exenciones, sino que se extiendan a todo el resto del territorio.

Cuando las reformas económicas se justifican por su ‘eficiencia’ y no por la libertad y los derechos

Siempre he admirado, o al menos respetado, algunas de las reformas que realizaron en Chile y permitieron a ese país años de progreso. Reformas que, si bien comenzaron en épocas de un gobierno militar, fueron sostenidas y ampliadas en los gobiernos democráticos siguientes. Pero siempre pensé también, que esas reformas tenían bases débiles, en el fondo porque se sostenían en un análisis utilitarista acerca de su ‘eficiencia’ y nunca en una visión más general basada en la libertad de elección y los derechos individuales.

Ahora que se reabre el debate sobre las pensiones, encuentro este artículo de Francisco Belmar, de la Fundación para el Progreso de ese país, con una opinión similar, que comparto: http://fppchile.org/es/el-fracaso-ideologico-de-jose-pinera/

EL FRACASO IDEOLÓGICO DE JOSÉ PIÑERA

Causó furor —para bien o para mal— la reaparición de José Piñera en el debate público chileno. Esta llegada estuvo acompañada de una especie de campaña publicitaria, puesto que él mismo reconoció que jamás se ha ido de Chile. Aun así, se publicitó como un regreso, una especie de repatriación del creador del sistema de AFP. Una imagen que el mismo Juan Manuel Astorga intentó contraponer a la de Hernán Büchi viajando a Suiza.

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Piñera llega en un momento complicado. Su llegada se debe también a eso: nuestra economía está lenta y no solo se puede culpar de eso al devenir de la economía internacional. Es conocida su oposición a las políticas del gobierno de Michelle Bachelet y es de esperar que tenga miedo de que el sistema que ayudó a crear caiga en el campo de influencia de la fiebre reformista (algunos dirían populista o revolucionaria) del gobierno. Esa amenaza ya se ha vuelto realidad, sobre todo porque los detractores del sistema han hecho un trabajo de relojería en términos ideológicos. Por lo mismo, la discusión hoy ya no está solo en el plano de las políticas públicas, sino eminentemente de la política. Esto también lo mencionó Astorga, y Piñera, como es esperable en nuestra derecha, lo negó rotundamente.

¿Cuál es el alcance de la aparición de Pepe Piñera? ¿Es útil? ¿Servirá para algo? ¿Logrará salvar la obra por la que se le conoce en todo el mundo? La verdad es que su panorama se ve bastante oscuro y el origen de esa oscuridad es, precisamente, cierta desidia intelectual y una tozudez política y discursiva tremenda. Esta porfía aporta, quién podría dudarlo, una polémica que eleva un debate público que se encuentra dominado por lo estratégico y políticamente correcto. Aun así, también aporta una pobreza argumental que más parece tapada de oídos que discusión racional.

Cuando los civiles del régimen de Pinochet lograron instalar una serie de reformas modernizadoras (entre ellas la capitalización individual), tuvieron que luchar con un poder militar que creía bastante en el poder del Estado. De ahí que, aunque la mayoría de las personas comenzaron a tener AFP para administrar sus ahorros, las Fuerzas Armadas continuaron con un sistema de reparto que les aseguraba buenas pensiones, pero que dilapidaban los recursos del fisco. Cuando la Concertación llegó al poder, quizás prudente al recordar los hechos de los años 60 y 70, se decidió a no tocar el sistema de las Fuerzas Armadas. Los economistas no hicieron nada, no dijeron nada y jamás se insistió en cuán relevante era traspasar a los uniformados al sistema privado. Fuera como fuera, era necesario mantener la igualdad de todos los ciudadanos. Bastó que el caso Andrade se hiciera público para hacer explotar la bomba. Ahora todos piden que se profundice un sistema que el mismo Andrade demostró que solo trae aparejado injusticia y corrupción.

Por eso José Piñera, creo, llegó atrasado. La encuesta Cadem lo demostró hace poco. Que un altísimo porcentaje de la población crea que los fondos de pensiones le pertenecen o a la AFP o al Estado solo nos dice que vivimos en un país que cree que no hay diferencia entre el sistema de reparto y el actual, excepto porque “la caja” sería privada. Lo que Piñera nunca entendió es que nuestra mentalidad sobre las pensiones está anclada en el antiguo sistema y que nunca se adaptó a las características y beneficios de uno de capitalización individual. El cosismo, esa enfermedad que tiene a la derecha con cáncer terminal en las universidades y en la política nacional, está desbaratando todas las reformas que ellos mismos llevaron a cabo. Su ingenuo pensamiento tecnocrático y despolitizador está llevando a término su época de influencia. Algún día tendrán que entender que las batallas no son solo por las políticas públicas, sino también por ideas y que los relatos alrededor de ellas —las ideologías— no son necesariamente sinónimos de totalitarismo y represión. Mal que mal, sus propias reformas fueron posibles gracias al contexto autoritario de la época.

Lo anterior es especialmente notorio cuando vemos el contexto en que las AFP aparecieron. Inicialmente, el modelo estaba pensado para personas que tenían trabajos estables y podían trabajar 40 años. El problema es que, al mismo tiempo, se trataba de instalar un discurso de flexibilidad laboral. En Chile nunca se pudo avanzar en esa línea, así que la adaptación surgió de forma espontánea. El mismo Estado fomentó la contratación a honorarios, muchas veces de forma irregular, para evitar los altos costos de los trabajadores. Los empleados, por su parte, comenzaron a trabajar en este contexto que les impedía cotizar de forma individual. ¿Cuándo se discutió esto? ¿Cómo se podía hacer converger el discurso de la capitalización individual con el de una flexibilidad informal creciente y con el del riesgo que implica el emprendimiento? La posibilidad de las lagunas jamás fue tema, pues siempre se les consideró fruto de la irresponsabilidad. Quienes idearon sistemas como el que tenemos actualmente, no consideraron fundamental crear relatos y discursos unificadores que los explicaran y dieran sentido. La mirada de Piñera, entonces, por correcta que sea, es sumamente esquemática.

Si de verdad se quiere un país de emprendedores, será necesario pensar en el sistema de pensiones desde esa perspectiva. Querámoslo o no, lo que tenemos hoy está pensado más bien para el trabajador asalariado. He ahí el error de discurso, pues, en la sociedad del riesgo, emprender no necesariamente es sinónimo de éxito. No basta ahora con hablar de la perfectibilidad del sistema, sino que es necesario pensar bien en su actualización. Esto porque, hasta ahora, lo único que se ha visto es que se busca convertir a la sociedad chilena en una aún más pasiva, algo que cualquier liberal criticaría sin dudar.

Educación estatal: si hay problemas (como los hay, y muchos), sigamos hacienda más de lo mismo

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Si hay problemas, sigamos haciendo lo mismo

 Se reconocen los problemas pero se vuelve a insistir en la esperanza de una mejor gestión de un sistema que es, en su naturaleza, ineficiente. Así, por ejemplo, se hace mención a la necesidad de lograr una mejor gestión, moderna. Los objetivos que el Plan Estratégico plantea para el sector son:

•             “En primer lugar, mantener los logros actuales de cobertura y profundizar su alcance. Especialmente se focalizarán acciones sobre los grupos de población que presentan problemas de acceso por razón de su localización geográfica, su identidad étnica o su estrato socioeconómico.

•             En segundo lugar, mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte, asegurando la elevación del nivel académico a todos los ámbitos mediante la introducción de nuevas tecnologías, la capacitación permanente de docentes y el establecimiento de un sistema de evaluación y supervisión que permita conocer donde se encuentran los déficits en la transmisión y acumulación de conocimiento.

•             En tercer lugar, conseguir la articulación de todo el sistema educativo, de forma que se complementen los distintos ciclos formativos. En este caso, es especialmente importante la relación que debe existir entre la educación básica, la educación superior y la formación técnica-vocacional” (p. 100)

La mención a las mejoras de calidad, la gestión y la articulación son una constante en los análisis sobre la educación estatal, no solamente en Panamá. La calidad es un elemento esencial de este servicio y la capacitación de los docentes es su componente básico, pero el sector público, enfrentado muchas veces con organizaciones sindicales que privilegian el status quo, no logra una gestión eficiente:

“Es necesario lograr una gestión moderna, descentralizada y eficiente. Para ello es indispensable la modernización de los sistemas de administración de recursos humanos, de administración del mantenimiento, de recolección, manejo y seguimiento de la información general y de las estadísticas e indicadores del sistema educativo”.

El problema es, por supuesto, de alta complejidad, ya que nunca es sencillo gestionar una organización con cientos de unidades de servicio y miles de empleados. No lo es tampoco para ninguna empresa privada de magnitud, las cuales se enfrentan incluso al problema de tener su organización dispersa por distintos países, con distintos sistemas jurídicos, monetarios, con distintas culturas y tradiciones. Pero esas grandes organizaciones han comprendido la necesidad de la descentralización, de la delegación de funciones y capacidad de decisión, de la concentración en los objetivos esenciales y la contratación de aquellos que son, en definitiva, auxiliares, para alcanzar ciertos objetivos. Poco o nada de eso se encuentra en un sistema estatal centralizado, jerárquico, cerrado a la competencia y bloqueado a la innovación y el cambio.

Esa estructura centralizada, creada con el objetivo de generar economías de escala y mejorar la organización de la educación a nivel nacional, curiosamente, o tal vez no tanto,  termina sin lograr coordinación entre sus partes: “Cada entidad funciona de manera aislada sin la adecuada coordinación, articulación y vinculación, resultando en duplicidad de acciones, pérdida de recursos, y esfuerzos diluidos” (p. 102).

No es una estructura pequeña: el Ministerio de Educación (MEDUCA) es la agencia estatal con mayor número de empleados, 56.418, una cuarta parte de todos los empleados Públicos.