Competencia imperfecta y antitrust

Como siempre, los Policy Analysis del Cato Institute son muy interesantes. Quiero comentar en esta oportunidad el siguiente:

William F. Shughart II & Diana W. Thomas, «Antritust Enforcement in the Obama Administration’s First Term: A Regulatory Approach». Policy Analysis Nr. 739: http://www.cato.org/publications/policy-analysis/antitrust-enforcement-obama-administrations-first-term-regulatory

Hace una revision de los cambios de política antitrust en la administración Obama en relación a las aplicadas (o acusado de no aplicar), por la administración Bush previa.

En relación a los procesos de fusión y adquisición de empresas, la autoridad de supervisión puede considerar que la compra de una empresa por otra reducirá la competencia y, tradicionalmente, implementa alguna de estas políticas: demanda deshacer una fusión una vez realizada; prohíbe una fusión antes de que ocurra; permite que las partes negocien un acuerdo entre sí que concluya con la venta de algunos activos de la nueva empresa hacia terceros, y si la autoridad aprueba este acuerdo la fusión puede avanzar.

Los problemas de la segunda alternativa son evidentes, suele llamarse a esto el problema de “desmezclar” los huevos una vez que se han batido las claras y las yemas. Dar marcha atrás es muy complicado, o imposible. Por eso, los gobiernos han preferido bloquear una fusión, para lo cual se demanda que por sobre cierto monto toda fusión requiere de aprobación previa. Pero si esto evita el problema antes planteado genera otros, ya que incentiva a futuros competidores y otros actores involucrados a plantear objeciones, oponerse, a realizar lobby para frenar la fusión. También desatará resistencias de políticos locales donde haya posibilidades de cierre de alguna fábrica o instalación, reduciéndose empleos, o recaudación fiscal.

De todas formas, estas decisiones que bloquean o deshacen una fusión suelen denominarse “estructurales”, ya que tienen como objetivo modificar o impedir una modificación en la estructura del mercado. Sin embargo, se estaría avanzando ahora hacia políticas que van más allá, regulando también conductas futuras, a las que se llama “conductistas”. Aquí la autoridad, tanto sea una agencia o un juez, como parte de aprobar un acuerdo de fusión impone ciertas conductas, tales como que la unidad de negocios A no acceda a la información que tiene la unidad de negocios B, ambas ahora de la misma empresa.  A diferencia de la política anterior, ésta genera ahora un proceso continuo de supervisión: antes simplemente se prohibía una fusión o se ordenaba dar marcha atrás, pero luego no había ya supervisión; ahora esto demanda una estructura de control permanente, y multiplica también los problemas y las posibilidades de búsqueda de rentas.

Los autores concluyen que este cambio de política ha convertido a funcionarios judiciales en reguladores y no tienen ni capacidad ni estructura para ello.

Interesante. Está claro que la política antitrust como tal es una intervención innecesaria en los mercados. Esto ha sido ampliamente desarrollado ya por muchos autores. Este trabajo no cuestiona esa política en su conjunto porque se dedica a analizar este cambio coyuntural, pero de todas formas muestra un avance hacia una peor calidad institucional en el area.

Venezuela e Instituciones

Está claro que la calidad de las instituciones en Venezuela es de lo peor. En el Índice de Calidad Institucional que elaboro aparece en el puesto 184 de 192 países. Al final de todo está Corea del Norte, un objetivo a alcanzar.

Quiero considerar aquí un argumento que he escuchado estos días en boca de todos los funcionarios y politicos chavistas, justificando su posición, uno que es común a todos los populismos latinoamericanos. Este es: hemos ganado 16 de 17 elecciones, no se puede torcer la voluntad popular, sería violar la democracia. A partir de allí, todas las protestas de estudiantes y opositores son «destituyentes», fruto de minorías que quieren avasallar los derechos de la mayoría, que ya se expresara en las urnas.

Este es un tema de filosofía política más que de economía, pero la calidad institucional es determinante para el desempeño económico. Y «calidad institucional» podría traducirse en tres palabras: límites al poder.

Esto es algo incomprensible para esa vision populista, donde la mayoría otorga un poder ilimitaoa al líder carismático para que promueva… el bienestar de la mayoría. ¿Y cómo vamos a limitarlo en eso?

El argumento choca con toda la tradición de la filosofía política moderna. En particular, desde la perspectiva contractualista, los individuos se suman al contrato social para una mejor protección de sus derechos, que ya poseen de antes, y están dispuestos a otorgar el monopolio de la coercion al Estado, en tanto éste actuará para defender y proteger esos derechos. Y están dispuestos a que el conductor de ese Estado sea electo democráticamente por una mayoría en tanto no viole ese contrato, violando sus derechos. Si la mayoría viola esos derechos, el contrato cae.

Uno de los capítulos del libro se llama «Limitaciones al oportunismo político», y comenta brevemente distintas propuestas para limitar el abuso de poder que incluyen algunas planteadas por los autores de Public Choice (como límites a los impuestos, al gasto, etc) y otras de tipo constitucional y de larga tradición como las cartas de derechos, la separación de poderes, etc. Una que menciona es la resistencia y la revolución.

En general, en cuanto a la defensa de los derechos individuales, han tenido más exito las resistencias pacíficas que las revoluciones violentas. Éstas han generalmente terminado en dictaduras. La caída del socialismo en Europa es el mejor ejemplo de las primeras.

Por ahora, lo de Venezuela parece ser una resistencia pacífica, y Leopoldo López, aunque no quiero realizar comparaciones, actúa en el modelo de Ghandi, se presenta ante una justicia que considera injusta, que viola el derecho básico de libertad de expresión.

¿Cuándo se justifica una conducta de este tipo? Cuando las instancias republicanas no existen y la minoría ve sus derechos avasallados sin poder defenderlos. No hay separación de poderes, no hay justicia independiente, la prensa es acosada. En este caso «la ley», viola derechos de la minoría, en particular el derecho a expresarse. La ley es legal, pero es inmoral. La mayoría ganó, pero es totalitaria.

Tal vez debamos decir que la calidad institucional de una democracia se define por la protección a los derechos de las minorías, siendo que la gestión del Estado quedan en manos de la mayoría. Esto ultimo impide que las minorías puedan sojuzgar a las mayorías, falta ahora que las mayorías respeten a las minorías.

O que consideren una solución a la Nozick, la más absoluta descentralización. Así, los que quieren estatismo viven juntos y se expropian entre sí; y los demás se agrupan donde se respetan sus derechos. Esto permitiría no imponer una determinada visión a nadie, tampoco la nuestra a los chavistas. Y para quienes se preocupan por la nacionalidad, tampoco implica necesariamente la secesión, simplemente que en algunas localidades, o municipios, por ejemplo, haya precios libres, se puedan realizar marchas, publicar todo tipo de opiniones; mientras que en otros rija el igualitarismo absoluto. La única condición a respetar es la libertad de salida, de unos a otros.

¿Qué tal chavistas? ¿Aceptarían ese desafío? Es fácil redistribuir lo ajeno, mucho más duro es redistribuir lo propio. Quisiera ver cuántos quedan en las jurisdicciones igualitarias. Por eso no se puede salir de Corea del Norte, o de Cuba.

Suizos y franceses contra la «inmigración masiva»

Desde Adam Smith, y sobre todo desde David Ricardo, sabemos que no hay mejor alternativa al libre comercio. A partir de allí, siempre ha sido nuestra propuesta de maxima la apertura unilateral, y el modelo más cercano de su éxito la política chilena, implementada por Pinochet pero (y no es menor el tema), profundizada por la Concertación. Siempre hemos pensado que los tratados regionales o bilaterales de libre comercio eran una forma de eludir la apertura completa.

Quiero señalar aquí, sin embargo, ciertos beneficios de ese tipo de tratados, que no tiene que ver con el comercio, sino con las limitaciones al poder que imponen. Nada menos que los suizos, un pueblo civilizado si los hay, ha votado ahora en contra de un acuerdo de libre inmigración laboral con Croacia. El rechazo triunfó con el 50.3%, lo que habla, en cierta forma, a favor de los suizos, ya que al menos señala que hay casi un 50% que está a favor. Esto es aun más valioso si notamos que la pregunta que tuvieron que contestar era si estaban a favor o en contra de la «inmigración masiva».

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/16/la-suisse-renonce-a-ouvrir-son-marche-du-travail-a-la-croatie_4367482_3214.html

Los politicos no son tontos, saben cómo presentar las preguntas. Así planteada es como si me preguntaran si estoy de acuerdo que la hinchada de Boca pueda entrar en mi casa a su gusto. Si, aun así, el 50% dijo que sí, confirma que no hay pueblo más civilizado que los suizos.

Uno no imagina a  Roger Federer diciendo que Novak Djokovic no puede entrar a su país. Algo similar sucede con los franceses.

Según una encuesta reciente, un 59% apoya una restricción de la circulación de ciudadanos «europeos» en Francia. Imaginen lo que pensarán de los inmigrantes sudacas o africanos.

http://www.lepoint.fr/politique/libre-circulation-en-europe-59-des-francais-veulent-imiter-les-suisses-15-02-2014-1792088_20.php

Ahora bien, los suizos se han generado un problema, porque tienen varios tratados firmados con la UE abriendo su Mercado laboral, y Croacia es ahora un miembro de la UE. Funcionarios europeos han señalado ya que si Suiza repudia ese tratado, caen en forma inmediata todos los tratados con la UE. Y está claro que la mayor parte del comercio suizo se dirige a Europa. Algo similar ocurre con los franceses, una política tal significaría el repudio a un principio central de la UE, la libre circulación de las personas. Entonces, la pregunta es, y al margen de que estos tratados sirvan para promover la apertura commercial o no, ¿sirven como una limitación a la barbarie?

La farsa del techo a la deuda pública

Debt ceilingEstados Unidos tiene una alta calidad institucional, no es el primero, pero sí está entre los diez o quince primeros en ese aspecto. Sin embargo, esto no quiere decir que estén cerca de la perfección o el óptimo.

Una prueba de esto es el nuevo debate sobre el techo de la deuda pública. En el capítulo sobre «límites al oportunismo politico» del libro, presento esta idea como una medida, entre otras, para limitar el poder y la discrecionalidad de los gobiernos.

Pero está claro que lo que está sucediendo allí es una farsa, ya que si cada vez que se llega al límite, se lo amplía, entonces efectivamente no hay ningún límite. Como los politicos son racionales y conocen bien cómo intentar manipular a la opinion pública, cuyo apoyo necesitan, amenzan con el cierre del gobierno, presentan escenarios dramáticos, cierran los servicios más visibles para los votantes, hasta que generan un ambiente de opinion pública que ejerce una irresistible presión para terminar con ese cierre y subir el techo.

En esta circunstancia, los líderes del Partido Republicano tiran la toalla y aprueban el aumento sin discutir. Una muestra de que la norma institucional no está cumpliendo su finalidad, la única utilidad que tiene es que saca el tema a la luz de tanto en tanto y llama la atención acerca del despilfarro publico.

Tal vez por esta misma experiencia es que James Buchanan proponía que este tipo de normas tuvieran rango constitucional. Supuestamente sería más difícil si cada vez que se elevara el techo fuera necesaria una enmienda. Aunque no se debe desestimar la creatividad de los politicos para eludir este límite.

¿Significa esto que no hay límite posible? En verdad hay dos tipos de límites: interno y externo. El que vimos aquí sería «interno», y también podríamos considerar la necesidad de un plebiscito para aumentar el techo, o un simple repudio generalizado a esa conducta.

El límite externo ha sido experimentado por otros paises: es el que impone el Mercado cuando los ahorristas e inversores no están dispuestos a prestar más.

La parábola de Argentina y la racionalidad de los politicos

La revista The Economist vuelve a presentar, en su tapa esta vez, un análisis serio y contundente de la «paradoja» argentina. Una respuesta a esa pregunta que tanto locales como extranjeros se hacen: ¿cómo puede ser que un país con recursos, naturales y humanos, de alta calidad, se suma en un constante intento de arruinar sus posibilidades?

Messi - The EconomistEl análisis del artículo es correcto, y coincide en gran medida con el que propongo en el Cap. 5 del libro. El problema es institucional y, antes de eso, de valores y cultura, de haber adoptado con fervor el dogma populista que desprecia el valor de las instituciones y resalta la figura del lider, que reduce la importancia de la productividad y la competencia enfatizando la redistribución, la protección y el privilegio.

Con particular referencia al caso de las políticas agrícolas que castigan la eficiente producción local, la pregunta que se busca contestar es: ¿porqué politicos que quieren aumentar su poder y ser reelectos aplican políticas que están destinadas al fracaso y a frustrar finalmente sus propios objetivos? ¿No es que racionalmente buscan alcanzar sus propios fines?

La respuesta es que el caso no niega su racionalidad, sino que el análisis de la realidad está mediado por un velo, por una «vision del mundo», que los lleva a creer que esas políticas en definitiva le permitirán alcanzar sus objetivos. Y esta visión, en el caso de las políticas agrícolas (retenciones a las exportaciones, etc.) se basa en una teoría económica (la enfermedad holandesa), en una vision de la función del estado (cuya función principal es redistribuir) y en un conveniente cálculo politico (es redituable imponer impuestos en un grupo altamente productivo, pero minoritario, para redistriuir a una mayoría).