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Ahora los peces se multiplican como las vacas: el derecho de propiedad que crea la acuacultura

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Muchos creen que el derecho de propiedad da manos libres al propietario para destruir un recurso, y que eso es lo que va a hacer. Sin embargo, el propietario es un “protector”, no quiere destruir su recurso sino multiplicarlo. En verdad, es la ausencia de propiedad, conocida en economía como la “tragedia de la propiedad común”, la que genera la depredación de los recursos. Un caso típico de este problema puede verse en la pesca. En un artículo de Jonathan Adler y Nathaniel Stewart publicado en la revista Regulation, comentan el tema: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/4/regulation-v37n1-1.pdf

Algunos párrafos:

“En su evaluación del 2010 la FAO informó que aproximadamente un 85% de los stocks de peces (para los que hay información disponible) estaban totalmente explotados (53%), sobre-explotados (28%), agotados (3%) o recuperándose del agotamiento (1%). Investigaciones recientes sugieren que el estado de las pesquerías no evaluadas es aún peor. Aunque la pesca anual continúa creciendo –en buena medida por la expansión de la acuacultura- muchas pesquerías están en problemas.”

Acuacultura

Interesante mención a la “acuacultura”, ya que ésta no es otra cosa que la extensión de derechos de propiedad a los peces. Es, generalmente, la construcción de un gran piletón donde se “cultivan” y reproducen peces en lugar de simplemente pescarlos como en aguas abiertas. El propietario tiene un incentivo a cuidar y multiplicar esos peces, y lo hace porque tiene la capacidad de “excluir” a los no propietarios de sus peces.

En aguas abiertas, por el contrario, cualquiera puede “retirar” recursos del agua, y está motivado a hacerlo rápido antes que otros lo hagan. Por eso nos encontramos con el agotamiento de pesquerías e incluso con la pesca de especímenes que ni siquiera han alcanzado su mejor tamaño (o los sacas ahora que tienes la oportunidad o se los lleva otro). Esto genera una carrera, llamada “tragedia de la propiedad común” donde todos quieren llevarse el recurso pero nadie tiene incentivo para cuidarlo. Y tampoco para multiplicarlo: nadie va a ocuparse de “criar” peces y ayudarlos a reproducirse si luego cualquier puede venir a llevárselos.

Entonces, los efectos de la ausencia de propiedad son dos: la carrera que lleva a la depredación y la ausencia de incentivos para reproducir y mejorar el recurso. Nada de eso ocurre, por ejemplo, en la ganadería, donde los propietarios cuidan y reproducen a los animales: quieren tener más, no liquidarlos.

Pero la ganadería sufría también de la tragedia de los comunes porque era difícil establecer el derecho de propiedad, hasta que una solución que ahora parece tan simple como el alambrado, permitió delimitar la propiedad y desde entonces cada propietario multiplicó sus animales. No nos preocupa ahora la posible extinción de las vacas, como nos preocupa la de los peces.

La acuacultura es el equivalente piscícola del alambrado. Permite delimitar la propiedad y resuelve los dos problemas planteados. Por un lado, elimina la carrera para depredar el recurso: el propietario quiere mantenerlo e ir “pescando” en forma ordenada para mantener un stock que permita responder a la demanda del producto; está incentivado a invertir para cuidar y mejorar el recurso, ya que eso aumenta su capital.

El derecho de propiedad ha “alineado” los intereses del productor con la reproducción del recurso.

 

El apartheid hacia las poblaciones indígenas: tienen débiles derechos de propiedad sobre su tierra

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Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre los problemas de propiedad de los indígenas:

Hernando de Soto, autor del Misterio del capital, fue el año pasado a la selva peruana a recabar información para su próximo libro La Amazonía no es Avatar y se enteró de un árbol de caoba que fue vendido por tres kilos de azúcar (alrededor de 3 dólares). Una pena, indica De Soto, puesto que si el dueño de ese caoba lo hubiese podido vender en Callao (el puerto de Lima) ese árbol hubiese sido comprado hasta por 12.000 dólares. Más frustrante es que en California ese mismo árbol se hubiese vendido en 50.000 dólares.

Ayer se cumplieron 20 años desde el primer levantamiento indígena en Ecuador y lo lamentable es que gran parte de ellos siguen en una situación como la del indígena peruano que vendió un caoba en 3 dólares. Esto en gran parte se debe a políticos oportunistas que prosperan del mito de que los indígenas son como los nativos de Pandora en la película Avatar, mito que De Soto resume así: los indígenas son ricos a su manera; prefieren estar aislados y no necesitan del resto del mundo; no quieren ni propiedades ni negocios; tienen una visión incompatible con la globalización; y además, la degradación ambiental resulta de la entrega de derechos de propiedad.

Las investigaciones del equipo de De Soto en la Amazonía peruana han revelado que 80 por ciento de los indígenas que todavía viven en la selva no quieren que sus hijos sigan viviendo en comunidades aisladas. 7 de cada 10 indígenas peruanos son pobres y 5 de cada 10 viven en pobreza extrema, siendo la expectativa de vida en las áreas indígenas 20 años menor que en el resto del país. En esas áreas, además, la mortalidad infantil es el doble, 50% de los niños indígenas sufren de malnutrición y 40% de anemia. En casi todas las comunidades se han encontrado mapas, leyes comunales y certificados de posesión emitidos por ellos sobre casas, tierras, áreas de caza y de transacciones comerciales por lo que los indígenas sí parecen querer hacer negocios. La degradación ambiental principalmente se encuentra en zonas sin derechos de propiedad sólidos.

De Soto asevera que las comunidades indígenas no controlan sus territorios a pesar de la titularización de tierras por parte del Estado peruano. Por ejemplo, el Estado peruano en lugar de crear una sola ley para los indígenas de la Amazonía, ha creado alrededor de 5.000 sistemas legales soberanos que no están estandarizados.

“Al no compartir los mismos estándares con otras comunidades, ni con el resto de Perú o del mundo, ellos viven en una especie de apartheid económico estéril”, dice De Soto. Sospecho que la situación de los indígenas en la sierra rural y en la Amazonía ecuatoriana se encuentran en un apartheid similar.

Un apartheid que desde hace mucho tiempo los movimientos indígenas deberían haber demandado que se elimine. En cambio, ayer se cumplieron 20 años de dirigentes políticos que, a nombre de los indígenas, suelen pedir dádivas al Estado. 20 años que nunca se les ocurrió pedirle al Estado derechos de propiedad sólidos para los que dicen representar, incluso sobre los recursos que están en el subsuelo de sus tierras.

 

Los incentivos que genera el derecho de propiedad: juguetes con dueño o sin dueno en Toy Story 3

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Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre los incentivos de la propiedad privada: “El mensaje de Toy Story 3”:

No he visto hasta ahora una película que explique de manera tan didáctica que la libertad es un valor en sí que no debe ser sacrificado a cambio de otros valores y que ésta es asegurada a través de los derechos de propiedad privada.

En Toy Story 3 los juguetes con dueño pasan a ser obsoletos cuando el dueño crece y por lo tanto son olvidados en alguna bodega o, peor aún, clasificados como basura. Cuando Andy (el dueño) deja de jugar con sus juguetes, estos montan la “Operación vuelta al juego”. Más o menos como cuando un trabajador pierde su trabajo e intenta recuperarlo o busca otro. Lamentablemente ellos concluyen que “ya nadie va a jugar con nosotros” (léase, “ya nadie nos va a contratar”).

Toy Story 3

Frente al prospecto de quedarse en un ático o terminar en el basurero los juguetes consideran que la guardería Sunnyside es el paraíso en la tierra. Ahí parecía que tendrían una oferta ilimitada de niños que siempre jugarían con ellos (siempre habría trabajo). El juguete líder de la guardería, Lotso, les promete que nunca serán abandonados (léase: despedidos) porque en ese mundo los juguetes no dependen de un dueño (es decir, no hay propiedad privada). Lotso les prometió muchas cosas: “Tenemos control de nuestro destino”; “Ya no sufran, ¡pronto tendrán la diversión que tanto han esperado!”

Inmediatamente se identifica la estructura de poder en la guardería. El Ken es la obediente mano derecha de Lotso. El “Bebote” (una muñeca grande y tuerta) es la fuerza detrás del poder del dictador. Hay dos cuartos: el de la clase privilegiada y el de los disidentes. En el primer cuarto de los niños mayores que no destruían a los juguetes solo ingresaban aquellos que obedecían al dictador. En el segundo cuarto de niños menores que eran bruscos con los juguetes iban todos los juguetes que se negaban a obedecer a Lotso.

El contraste es claro: en el mundo de la propiedad privada (la casa de Andy) los juguetes suelen ser cuidados y hay una relación mutuamente beneficiosa entre el dueño y sus juguetes. En el mundo sin propiedad privada (la guardería), los juguetes sin dueño viven bajo la tiranía de un juguete que les prometió el paraíso.

En el mundo con propiedad privada los juguetes tenían libertad de entrar y salir de la casa del dueño. En el mundo sin propiedad no tenían libertad de escapar. Los que se fueron a la guardería sacrificaron libertad a cambio de la seguridad de que nadie los abandonaría. Pronto se vuelve evidente que aquellos que sacrificaron libertad a cambio de seguridad perdieron ambas cosas.

Finalmente, cuando todos los juguetes están a punto de escapar de la guardería Barbie nos da una lección en gobierno citando a John Locke: “¡La autoridad debería derivarse del consentimiento de los gobernados, no de la amenaza del uso de la fuerza!” Si su hijo o hija comprenden a su corta edad este mensaje, el futuro de nuestro país se proyectaría mucho mejor. Lástima que los que compusieron nuestra constitución no lo comprendieron, pero nunca es tarde. Todavía pueden ver Toy Story 3.

La «política cambiaria» o la desgracia de mezclar el tipo de cambio con la política.

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Las declaraciones del presidente del Banco Central argentino, en relación a una posible reducción de las prohibiciones y restricciones existentes en el mercado de cambios (http://www.lanacion.com.ar/1753835-el-presidente-del-banco-central-ahora-anticipa-que-habra-una-apertura-gradual-del-cepo-cambiario) ha desatado, como era de esperar, una interesante discusión entre economistas acerca de las posibilidades de hacerlo dadas las restricciones que impone la actual situación y las perspectivas en cuanto a las reservas de la autoridad monetaria.

Como siempre, también, la discusión se centra en cuestiones de coyuntura, las que adquieren prioridad sobre temas de fondo. En general, los economistas son de la opinión que esas prohibiciones y restricciones deben eliminarse pero son tan cuidadosos respecto a la coyuntura que se termina olvidando el objetivo final, si es que en verdad éste existe dentro de tal análisis.

Olvidemos la coyuntura por un momento (aunque después volveremos sobre ella). Veamos la situación en términos de derechos. Si el objetivo final es recuperar la vigencia los derechos de propiedad y la posibilidad de disponer de ellos en la moneda que a uno le parezca mejor, ya que con su propiedad cualquiera puede hacer lo que estime mejor en tanto y en cuanto no dañe la propiedad de otros, alcanzar esa situación será lograr un “tipo de cambio libre”.

¿Hay algún objetivo “colectivo” superior que determine la restricción de tales derechos en aras de algo como el ‘bien común’? Seguramente muchos mencionarán cosas tales como la ‘estabilidad macroeconómica’, pero lo cierto es que la libertad de disponibilidad de la propiedad no es una fuente de inestabilidad, más bien lo contrario. La historia muestra que la inestabilidad macroeconómica es generada por los gobiernos, por sus déficits fiscales, su endeudamiento y su manejo de la emisión monetaria, no porque la gente disponga de sus derechos de propiedad.

Si esto es así, el objetivo final sería restituir esos derechos, situación que, además, recuperaría la vigencia de la Constitución Nacional. En tal sentido, los objetivos serían:

  1. Devolver el derecho de propiedad a los exportadores. Eliminar la obligación de entregar las divisas que obtienen al Banco Central; podrían ingresarlas o no, según su criterio. El efecto económico de esta disposición sería el siguiente: si ingresaran esas divisas contribuirían a la revaluación del peso (con política monetaria neutra) en relación a los ahora más abundantes dólares en el mercado.
  2. Devolver el derecho de propiedad a los importadores. Eliminar las licencias previas y todas las trabas sobre las importaciones. Esa mayor capacidad de importar contribuiría a la devaluación del peso en relación al dólar.
  3. Se removerían todo tipo de restricciones para el ingreso o egreso de divisas por cualquier motivo (inversiones, turismo, ahorro). El ingreso de inversiones, el turismo entrante y el ahorro de extranjeros en pesos tendería a revaluar la moneda local; el flujo de inversiones al exterior, el turismo saliente y el ahorro de locales en moneda extranjera tendería a devaluar la moneda local.

Volvamos ahora a la coyuntura. Si todo esto ocurriera, ¿cuál sería el saldo entre presiones devaluatorias y revaluatorias? En verdad, es muy difícil de decir, habrá muchas otras variables en juego que afectarán las expectativas de todos y determinarán nuestra conducta, aunque está claro que esas tres medidas, si fueran creíbles, generarían mucha más confianza que desconfianza.

Pero buena parte de la discusión actual sobre el relajamiento de los controles se centra en la cantidad de reservas que pueda tener el Banco Central. Puede ser que esa preocupación esté asociada a que no se genere un cambio brusco que altere drásticamente la posición patrimonial de la gente (esto es, una fuerte devaluación o una fuerte revaluación). Pero puede ser también que, en verdad, el objetivo final no sea devolver derechos como se planteara más arriba sino que se está pensando en sostener un determinado tipo de cambio. ¿Ycuál debería ser?

Muchos analistas consideran saberlo. Tal vez tendrían que tener algo de humildad. Pero el meollo de la discusión es que consideran al tipo de cambio como una herramienta de la política económica, no como su resultado.

Hemos tenido muchas décadas ya con políticas económicas que consideran el tipo de cambio como una herramienta. Esto fue así tanto en los 70s, como en los 80s, como en los 90s, como ahora. No pueden decir que haya sido un éxito. Mientras se ocupaban del tipo de cambio cometían un exceso fiscal tras otro. ¿Hubieran sido los costos económicos mayores si el tipo de cambio lo hubieran determinado oferentes y demandantes en lugar de algún experto (sea presidente del Banco Central o ministro de Economía)?

La “política cambiaria” ha demostrado que no hay nada peor que mezclar la “política” con el “tipo de cambio”… O tal vez sí, la “política monetaria”, esto es, mezclar la “política” con la “moneda”.

Tres de los diez principales problemas ambientales: contaminación del aire, agricultura y asentamientos urbanos

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En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora los temas que ese artículo no trata:

Contaminación del aire:

La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia.

Agricultura:

La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme . Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.

El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

Asentamientos urbanos:

El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.

Los principales diez problemas ambientales. La deforestación de bosques y selvas

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En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los bosques y selvas:

Para la Fundación:

En un siglo, la Argentina perdió 73 millones de hectáreas de bosques selvas. La última cifra oficial es de 2011: hay 27 millones o menos de hectáreas verdes nativas. Para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds), esa pérdida muestra «una aceleración del proceso en las últimas décadas». En varias provincias avanzan con los desmontes más allá de las zonas aprobadas y hay ecorregiones desprotegidas, como la del monte de llanuras y mesetas (desde San Juan hasta Chubut), la espinal (llanura chaco pampeana) o los bosques de caldén (La Pampa) y de los talares (Buenos Aires).

SOLUCIÓN: Hacer cumplir la ley de bosques, respetar el presupuesto del fondo nacional para la conservación de los bosques (se cubre el 10%) y sancionar una ley para que las provincias restauren no menos de 10.000 hectáreas de áreas forestales degradadas, en especial en el Chaco húmedo, el Chaco seco, la selva misionera, la llanura chaco pampeana y el monte de llanuras y mesetas.

Informe ICI 2012:

Deforestación de bosques: América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo. Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobretodo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera. Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población .

El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.

Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse en tierras publicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.

Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.

Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.

La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.

En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.

Los diez principales problemas ambientales. El de la minería es un problema de derechos de propiedad

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En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la minería:

Para la Fundación:

Mientras a comienzos de los 90 en el país operaban siete empresas internacionales, en 2005 pasaron a ser 55 y aumentaron desde entonces, con un alto nivel de conflictividad social y sin definir las áreas de explotación minera para proteger los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonos ni las fuentes naturales de agua dulce.

SOLUCIÓN: Prohibir la actividad minera en las áreas naturales protegidas y limitarla cerca de esas zonas y de sitios con gran biodiversidad o que provean de agua dulce a pueblos y campos.

Informe ICI 2012:

La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator, los estándares ambientales de la CFI, o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals, la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres .

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.

Matan a los rinocerontes por los cuernos, pero hay «propietarios» que los cuidan y reproducen

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Luego de una serie de posts sobre temas ambientales en América Latina, aquí va un interesante artículo sobre los rinocerontes en Sudáfrica y los derechos de propiedad, por Timothy Taylor, publicado por PERC: http://perc.org/articles/property-rights-and-rhinos

Rinoceronte negro

Algunos párrafos:

En Sudáfrica se encuentra el 75% de la población de rinocerontes negros y el 96% de los blancos. Debe haber algunas lecciones para los conservacionistas detrás de estas estadísticas. Michael ‘t Sas-Rolfes cuenta la historia en “Salvando a los Rinocerontes Africanos: Un éxito del mercado”, publicado como un caso de estudio por PERC (Property and Environment Research Center).

La historia no es solo sobre mercados. En 1900, los rinocerontes blancos habían sido cazados casi hasta ser extinguidos, quedaban unos 20 en una reserva en Sudáfrica. La población se recuperó algo pero lentamente y a mediados del siglo XX había suficientes como para comenzar a relocalizar grupos reproductores en los parques nacionales de Sudáfrica, como también en las reservas privadas de caza. En 1968 se autorizó la primera caza legal del rinoceronte blanco.

En los años 1980s, dice Sas-Rolfes, sucedió algo extraño. En 1982 la Junta de Parques de Natal estableció un precio de lista para el rinoceronte blanco de 1.000 Rands sudafricanos, pero el precio promedio pagado por un cazador ese año era de 6.000 Rands. Las reservas privadas de caza rápidamente aprovecharon esta oportunidad de arbitraje. La Junta de Parques de Natal comenzó a subastar sus rinocerontes. En 1989, los vendía por 49.000 Rands, pero el precio promedio para el cazador había subido a 92.000 Rands. Había serias dudas de que este fuera un buen sistema para criar y cazar rinocerontes desde una perspectiva ambiental amplia.

Pero en 1991 entran en escena los derechos de propiedad.

Antes de ese momento, toda la fauna salvaje de Sudáfrica era considerada por la ley como res nullius o propiedad sin dueño. Para obtener los beneficios de la propiedad de un animal salvaje tenía que ser cazado o domesticado. Esto creó un incentivo para recolectar, no para proteger, valiosas especies salvajes –ya que aun si un productor pagaba por un rinoceronte no podía reclamar compensación si su propiedad la mataba un cazador furtivo. Reconociendo los problemas asociados con el principio de res nullius, la comisión redactó una nueva legislación: La Ley de Robo de Especies de 1991. Esta política permitió la propiedad privada de cualquier animal salvaje que pudiera ser identificado de alguna forma, como una etiqueta. Los efectos combinados de los precios de mercado a través de subastas y la creación de derechos de propiedad más firmes cambiaron los incentivos de los productores privados. Ahora tenía sentido criar rinocerontes más que matarlos apenas los recibían.

Para entender el efecto de los derechos de propiedad en la conservación veamos la diferencia de poblaciones entre rinocerontes negros y blancos. Comparemos la cantidad de rinocerontes blancos con los negros , que viven en países sin fuertes instituciones de mercado y sin derechos de propiedad como Kenia, Tanzania y Zambia. En 1960 había unos 100.000 rinocerontes negros en África, pero a principios de 1990 la caza furtiva los había reducido a 2.500. Los únicos rinocerontes que quedan están en países con fuertes instituciones de mercado, como Sudáfrica o Namibia o en zonas intensamente protegidas.

Existe una fuerte demanda por el cuerno de los rinocerontes y especialmente desde 2008 estos enfrentan el riesgo de la caza furtiva. Así lo describe un experto del grupo Save the Rhino:

“Además de las zonas intensamente protegidas –que implica protectores costosos y no totalmente incorruptibles- y la existencia de reservas privadas de caza, la otra opción es buscar minar el mercado negro del cuerno de rinoceronte con un mercado legal. Otras opciones más controvertidas que discuten en Save the Rhinos incluyen sacarles los cuernos para que sean menos atractivos a los cazadores furtivos y tal vez, permitir la venta legal de estos cuernos, para reducir los precios pagados a los furtivos. Los cuernos están hechos de queratina, sustancia similar a la de las uñas y el pelo, y el cuerno podría sacarse cada año o dos: tal vez más que competir con el mercado ilegal haría más fácil para los furtivos venderlos ilegalmente. En definitiva, dado que Sudáfrica es donde más rinocerontes hay, supongo que tomará una decisión en base a alguna de estas opciones”.

Los diez grandes problemas ambientales. Ahora: la pesca comercial

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En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la pesca comercial:

Pesca comercial

Para la Fundación:

No se controla el cumplimiento de la veda de pesca de la merluza común, una especie con «síntomas de exceso de explotación», según admite la Sayds. La Merluccius hubbsi, la merluza de cola, la anchoíta y la caballa son las principales especies de pesca comercial (en 2011 se extrajeron 700.000 toneladas y se exportó por 1300 millones de dólares). Salvo la anchoíta, que está subexplotada, las otras especies, más el calamar, el langostino y la vieira, demandan medidas de conservación.

SOLUCIÓN: Elaborar un inventario nacional de las especies de valor comercial, revisar el estado de sus poblaciones, proyectar la captura aceptable por jurisdicciones y prohibir el uso de técnicas de pesca indiscriminada.

Informe ICI 2012:

La pesca marina industrial y artesanal ha aumentado notablemente en los últimos años. En algunos casos, el acceso ilimitado a los recursos ha producido depredación y agotamiento, a pesar de ser una actividad regulada por el Estado o tal vez precisamente por ello. Los Estados, capturados por intereses asociados a la actividad, empresas o sindicatos, no han sabido limitar la pesca para que resulte sustentable. En algunos países la introducción de “derechos de propiedad” por medio de Cuotas de Captura Transferibles y el notable desarrollo de la acuacultura (también una forma de establecer derecho de propiedad), han permitido evitar la tragedia y cada vez se cultivan más especies en cautiverio. Es más, se están desarrollando ya experiencias de rotación entre cultivos y cría de peces donde éstos fertilizan el suelo para la siembra, reducen el uso de agroquímicos y la labranza (p. ej, arroz y pacú, La Nación 31/3/12).

El planeta de los simios. Derechos para los chimpances como «personas no humanas». ¿Porqué no?

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Este no es un tema económico, sino de filosofía del derecho, aunque se vincula con los temas que estamos viendo a través del derecho de propiedad. Tiene que ver con la propiedad sobre animales y, en este caso, sobre chimpancés y otros monos. Seguro que los alumnos de Derecho, sobre todo, tendrán mucho para decir, pero les aconsejo ser cautos con el tema, no lanzarse de una vez a favor de los orangutanes y gorilas. Hay que ver el tema con prudencia. En mi caso, me causa simpatía esta causa y esbozaré una opinión al final.

Chimpances

El artículo en La Nación es muy interesante: http://www.lanacion.com.ar/1725226-personas-no-humanas-el-pedido-por-los-chimpances-que-analiza-la-justicia

“Una oleada de inéditos pedidos de hábeas corpus en los tribunales de varios países -entre ellos, los argentinos- salió a cuestionar, con argumentos científicos y jurídicos, el confinamiento en zoológicos de animales con altas capacidades cognitivas y probada inteligencia, como son los chimpancés, y a exigir una actualización en la jurisprudencia para otorgarles estatus jurídico, de manera que se les puedan garantizar tres derechos básicos: a la vida, a la libertad y a no ser maltratados ni física ni psicológicamente.

Los planteos de conservacionistas se orientan a que se cese en el «afán abusivo y arbitrario» de someter y de aislar a seres inteligentes que «mantienen lazos afectivos, razonan, sienten, se frustran con el encierro, toman decisiones, poseen autoconciencia y percepción del tiempo, lloran las pérdidas, aprenden, se comunican y son capaces de transmitir lo aprendido en sistemas culturales complejos como el de los humanos», rezan los planteos -similares en la argumentación- presentados ante la Justicia en Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero y Entre Ríos. El objetivo no es otorgarles plena autonomía ni equipararlos a los humanos -aducen las presentaciones judiciales-, sino que puedan ser trasladados a santuarios para vivir en semilibertad entre sus congéneres, lejos del estrés del confinamiento y de los lugares inadecuados.”

Este es el tema, en esencia, aunque más desarrollado en el artículo. El descubrimiento científico no ha de llamarnos la atención, sobre todo a quienes sustentamos con énfasis las teorías evolutivas, tanto en el ámbito social como en el natural, ya que si todos somos resultado de la evolución, está claro que no hubo un corto seco entre “animal” y “humano” sino un largo proceso entre uno y otro, y los simios son claramente un eslabón de ese proceso.

Hasta ahora se solía argumentar que los derechos son frutos de la razón, y que ésta solamente el ser humano la tiene, pero las nuevas teorías nos dicen que los simios tienen algo, ni tanto ni tan poco. De nuevo, esto es algo de esperar en un proceso evolutivo. Así que este argumento pierde peso.

Pero hay otro que no lo pierde tanto. Todo derecho implica una responsabilidad y esta es la de respetar el mismo derecho en los demás. Esto puede traer algún problema con los animales. Pensemos en un gorila: si yo acepto que tiene derecho a la vida y a no ser maltratado físicamente, ¿estará el también dispuesto no maltratarme a mí, si me encuentra algún día en la selva? El ejemplo parece tonto pero la esencia del problema no la es.

Estas “personas no humanas” como quieren llamarlas pueden tener derechos porque nosotros entendemos que debemos respetarlos, porque también nosotros los tenemos, pero no está claro que ellos hagan lo mismo.

Esto no significa, sin embargo, que los seres humanos tengan derecho a maltratarlos. Tal vez podríamos acercar su tratamiento jurídico como al de los menores. Tienen derechos que no pueden ser violados, pero también tienen “tutores” que son quienes los controlan y asumen la responsabilidad en el caso de que estos hagan algún daño. ¿Podría aplicarse algo así?

Esto hace referencia al tema de la “propiedad”. En una nota complementaria, el constitucionalista Daniel Sabsay, plantea el tema señalando: “El status de los animales como «propiedad» afecta muchas áreas del derecho, y en especial del Derecho Animal”. Pero la propiedad tiene sus grados, y lo peor que le podría pasar a los simios es que no hubiera ninguna, esto los hundiría en la “tragedia de los comunes”. Tendrían muchos cazadores y pocos “protectores”. Tal vez podría haber una figura de propiedad limitada, en el sentido de no poder disponer de su vida, o maltratarlos, pero al mismo tiempo tener incentivos suficientes como para cuidarlos y favorecer su reproducción.