¿Por qué a la gente no le gustan los mercados y la economía abierta, y sí el estado ineficiente?

A la gente no le gustan los mercados. ¿Por qué? Pascal Boyer, del Instituto del Conocimiento y Cultura de la London School of Economics plantea algunas respuestas tentativas. Traduzco su post porque es bien interesante: http://www.cognitionandculture.net/home/blog/35-pascals-blog/2423-why-dont-people-like-markets-the-largely-missing-cognition-and-culture-perspective

“La gente no quiere a los mercados –hay mucha evidencia de eso. ¿Es relevante que, para decirlo directamente, esa misma gente no parece entender mucho de la economía de mercado?

Ese es un mensaje bastante común de los economistas profesionales. Bryan Caplan lo trata más detalladamente en su libro “El mito del votante racional”. Caplan (entre otras cosas interesantes) comenta sobre estudios sistemáticos sobre el conocimiento de las políticas y sus efectos en los procesos económicos. El mensaje común es que la gente simplemente no lo entiende, y que sus preferencias electorales son en buena medida irracionales.

Ahora bien, la ignorancia y la irracionalidad no serían tan malas, si fueran totalmente aleatorias. Si la mayoría de los votantes eligieran políticas al azar, el resultado neto no daría ningún resultado fuerte por ninguna política. Pero Caplan muestra que la irracionalidad de la gente sobre temas económicos no es al azar. Hay un método en esa insensatez. Consiste en una serie de “sesgos”, como los sesgos anti-extranjero o anti-comercio (por ejemplo, cuando los países extranjeros prosperan, nosotros sufrimos). Si esto es verdad, muchos modelos de “votante racional” en la ciencia política están ciertamente en problemas.

Como siempre que la gente describe creencias populares como “irracionales” o “sesgadas”, nosotros, ocupados con temas de conocimiento y cultura, nos ponemos algo impacientes.

Muy a menudo, esas descripciones terminan en la observación que las mentes humanas no siguen un modelo normativo arbitrariamente elegido (ver Tversky y Kahneman y también la visión alternativa de Gerd Gigerenzer). Por cierto que no deberíamos detenernos al decir que la gente “no presta atención a las tendencias de base” o “tiene un sesgo contra el comercio exterior”. La verdadera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué proceso sicológico lleva a tener esos sesgos?

La verdad es que nadie sabe y nadie se preocupó de estudiarlo. Estoy sorprendido, en verdad atónito, de que no haya un estudio sobre la “economía popular” en la literatura de las ciencias sociales. Nadie, excepto Caplan y unos pocos más, parece estudiar qué hace que la gente piense esos modelos económicos. En sicología tenemos décadas de estudio de física popular, biología popular, sicología intuitiva y otras. ¿Nadie va por la economía intuitiva?

Robert Nozick observó que a los intelectuales les desagradan los mercados, probablemente porque están acostumbrados a prosperar en meritocracias que recompensan el conocimiento, mientras que a los mercados realmente no les importa su esfuerzo, inteligencia o simple merecimiento en tanto se provea lo que los demás necesitan. Esto debe ser cierto. Pero no es suficiente, porque la mayoría, no solo los intelectuales, desconfían de los mercados.

Los mercados son desestimados por muchas razones. Una de ellas, obviamente, es que los procesos de mercado no son visibles. Mientras realizamos nuestras tareas diarias, no consideramos los millones de transacciones voluntarias que dieron como resultado estos precisos bienes y servicios que ahora tenemos disponibles, cuando queramos, a un precio disponible. Este es, por supuesto, el punto que hizo hace tiempo Adam Smith y otros, pero tendría más fuerza si entendiéramos los límites y susceptibilidades de la imaginación humana. En un poderoso ensayo, el economista del siglo XIX Frederic Bastiat destacó que el proceso económico comprende “lo que se ve” y “lo que no se ve”. Por ejemplo, cuando un gobierno aplica un impuesto a sus ciudadanos y ofrece un subsidio a ciertos productores, lo que se ve es el dinero tomado y el recibido. Lo que no se ve es la producción que se hubiera realizado en ausencia de esa transferencia.

Otro posible factor es que los mercados son intrínsecamente probabilísticos y, por lo tanto, marcados con la incertidumbre. Aunque es muy probable que quien produce algo que los demás necesitan reciba un ingreso, no es claro quiénes van a ser esos otros, cuánto van a necesitar o cuando. Como otros organismos vivos, rechazamos el riesgo y tratamos de minimizar la incertidumbre. (Nótese, sin embargo, que la incertidumbre en el mercado crea un nicho para los seguros, que son muy eficientes ya que están impulsados por la demanda).

Finalmente, los humanos pueden estar motivados a confiar en procesos que son (o parecen ser) impulsados por agentes más que factores impersonales. Esto puede explicar porqué hay una fuerte correlación entre asustarse con los mercados y favorecer las intervenciones estatales en la economía. Uno de los supuestos políticos más extendidos en las modernas sociedades industriales es que “el gobierno tiene que hacer algo sobre x”, donde x puede ser cualquier problema social o económico. ¿Por qué la gente confía en el estado? El estado (según sus intuiciones, no los hechos) tiene todas las características de una agencia. Se supone que tiene conocimiento, memoria, intenciones, estrategias, etc. Puede ser que la gente esté mucho más cómoda usando un agente para proveer ayuda e imponer sanciones que confiar en un proceso impersonal y en buena medida invisible. Esto sería una cuestión de sicología intuitiva (muy importante en nuestros razonamientos sobre procesos sociales) contra los pensamientos científicos (muy poco intuitivos, difíciles de adquirir sin un esfuerzo sostenido).

Pero, como dije antes, no sabemos, porque nadie estudia esto.

PD: Algunos estarían tentados a decirme que la gente teme a los mercados simplemente porque son destructivos, malignos, crean infelicidad y desigualdad. Obviamente, esa no es la respuesta, de la misma forma que “la gente cree en los espíritus porque estos existen” no es una explicación cognitiva de conceptos sobrenaturales.

 

Provisión estatal de bienes «públicos», la salud en Canadá y «Las Invasiones Bárbaras»

Las tareas originalmente asignadas al estado eran las vinculadas con la seguridad, tanto interna como externa, las que pueden ser explicadas en términos de bienes públicos, también las relaciones exteriores y la provisión de justicia, pero el espectro es ahora mayor incluyendo, entre otros, la promoción de productos de un país en el exterior, el desarrollo del arte y la cultura local, la ayuda a los carenciados y la promoción del deporte.

Pero la administración estatal de servicios se enfrenta a problemas de incentivos que le impiden alcanzar la eficiencia. En el sector público los incentivos de la administración son más débiles. Los buenos administradores no se pueden llevar parte de las ganancias, tampoco sufren las pérdidas. Sus incentivos son más débiles que los del sector privado y esto, sumado a la estabilidad de la que normalmente gozan en sus puestos, lleva a mayores niveles de ineficiencia. Estos se expresan normalmente en estructuras burocráticas pesadas, resistentes a los cambios y proclives a la corrupción. Los representantes políticos, por otra parte, están sujetos a premios y castigos que expresan los votantes en el momento de votar, pero son necesariamente de corto plazo, dada la necesaria renovación de los mandatos.

El Estado, además, provee necesariamente una sola cantidad del bien público. Es decir, cuando lo provee lo hace para todos, lo que no permite que se satisfagan preferencias diversas. Por ejemplo, el Estado provee un servicio de seguridad en la forma de policía y financia esto con el cobro de impuestos. Algunos podrían desear más policía y menos crimen, y estar dispuestos a pagar más impuestos por ello; otros podrían desear menos y gastar menos. Los que deseen más seguridad terminan contratándola en el mercado; los que desean menos no tienen forma de evitarlo, al menos legalmente, ya que podrían volverse evasores. En el mercado, cada uno decide la cantidad y calidad que quiere obtener sujeto a su restricción presupuestaria.

Esa lección elemental aparece hoy evidente en el caso de la salud en Canadá. Allí existe un “Sistema Nacional de Salud” administrado por el Estado, el cual suele ser mencionado como modelo por muchos médicos y políticos locales. No obstante, tal vez el lector recuerde haber visto la película “Las Invasiones Bárbaras”, donde lo que allí aparecía no era muy diferente de un hospital cualquiera en América Latina (Esmail y Walker, 2004).

Invasiones barbaras

Pues como en el sistema estatal no hay “precios”, lo que la economía nos enseña es que cuando no hay precios, o se acercan a cero para los usuarios, entonces la demanda se expande. Por supuesto que la no existencia de precios no significa que el sistema sea gratuito, alguien tiene que pagar los costos, y en este caso ese alguien es el gobierno. Pero para todos, incluso para el gobierno de Canadá, los recursos son escasos, sobre todo comparados con una demanda exacerbada por lo poco o nada que paga el consumidor. A ese exceso de demanda sobre oferta le queda sólo un camino: ajustar por cantidad, habrá tan sólo tantos consumidores satisfechos como la oferta pueda atender, y el resto deberá esperar.

Al respecto, el informe mencionado muestra que el tiempo de espera promedio desde que el paciente es atendido por un médico clínico hasta el tratamiento para 12 especialidades y 10 provincias estudiadas es de 17,9 semanas, un poco más que las 17,7 semanas de 2003. Esta espera se compone de dos períodos diferentes. El primero es la derivación del médico clínico a la consulta con el especialista, la que alcanza las 8,4 semanas en promedio. El segundo es el tiempo entre la consulta con el especialista y el tratamiento, cuya espera es de 9,5 semanas.

Por supuesto que aquellas situaciones más graves tienen períodos de espera menores, no es lo mismo en cada especialidad. Así, por ejemplo, las de menor espera para ambos períodos juntos son: oncología (5,6 semanas), radiación oncológica (7,8 semanas) y cirugía general (9,9 semanas). Las esperas más largas se dan en cirugía ortopédica (37,9 semanas), cirugía plástica (35,8 semanas) y tratamiento oftalmológico (28,7 semanas). Los autores realizan también una comparación entre estos tiempos de espera y lo que los especialistas consideran que sería un tiempo “razonable”. Tomando en cuenta todas las especialidades concluyen que el tiempo de espera excede la razonable en un 88%.

Además de estas esperas, los pacientes deberían igualmente esperar cierta clase de tecnologías para diagnóstico, tales como tomografía computada, resonancia magnética y ultrasonido. La espera promedio para la primera es de 5,2 semanas, para la segunda de 12, 6 y para la tercera de 3,1 semanas. En cuanto a la cantidad de procedimientos que la gente estaba esperando al 30 de Junio de 2004, la cifra es de 815.663. Finalmente, los autores comentan que el sueño de un sistema de salud igualitario tampoco se estaría cumpliendo, ya que personajes famosos o conectados políticamente podrían eludir las listas de espera para cirugía cardiovascular, que los residentes suburbanos y rurales no tienen el mismo acceso, la igual que los de menores ingresos. Pero aún si fuera un sistema igualitario, estaría igualando a todos en la espera.

Control de cambios y licencias a las importaciones: ¿habla Mises sobre Austria o Argentina?

Ludwig von Mises dio una conferencia en la Cámara de Comercio de Viena en 1919. A casi 100 años de distancia parece estar describiendo el control de cambios y las restricciones a las importaciones hoy vigentes en Argentina. En verdad, la similitud es extraordinaria, tengo que aclarar que hablaba de Austria para que no creamos inmediatamente que está hablando de la realidad local. La conferencia fue publicada con el título: “Los controles de cambios deben derogarse”.

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Durante la Primera Guerra Mundial el gobierno había creado una agencia gubernamental a la cual los exportadores estaban obligados a entregarle las divisas con que recibían sus pagos y los importadores a solicitarle la provisión de éstas para pagar sus compras, función que aquí cumple el Banco Central. Y las importaciones debían solicitar un permiso para determinar su necesidad, algo que aquí requiere la Secretaría de Comercio.

Dice Mises: “En la actualidad, cada empresario tiene que obtener la aprobación de la Oficina de Cambio Exterior antes de concluir una transacción comercial. Cuando compra en el exterior, tiene que solicitar a esta oficina si está dispuesta a darle el cambio extranjero necesario, y cuando se hacen ventas al exterior tiene que consultar si tiene que entregar las divisas que ha ganado o le permitirán disponer de ellas”. (aquí ni siquiera existe esta segunda posibilidad)

“El comercio moderno no puede funcionar sobre la base de que cada transacción comercial dependa de normas gubernamentales aplicadas arbitrariamente. El empresario debe saber lo que puede o no puede hacer. Por lo tanto, no es suficiente retener formalmente las regulaciones de cambios y tan solo eliminar los obstáculos a los negocios actuando de una forma que es muy popular entre nosotros, esto es, aplicando esas normas más suavemente. El comercio requiere una base legal más sólida y confiable; no quiere depender de la arbitrariedad de los funcionarios.”

“… Se ha hecho alusión al hecho que las transacciones de cambios no siempre están en manos de hombres de negocios honestos y que, por lo tanto, habría efectos indeseables al eliminar los controles. Es cierto que hay elementos activos en este mercado que no deberían estar en él. Pero que el mercado de cambios haya sido copado por estos elementos es culpa de los mismos controles. El mercado de cambios fue quitado de las manos de los bancos y canalizado hacia gente para quienes las prohibiciones y las multas solo significan que hay que encontrarle una vuelta para eludirlas. El negocio del cambio de moneda solo puede recuperarse de estas personas si se eliminan las prohibiciones.”

“El presente estado de cosas es prácticamente casi intolerable. Prácticamente tenemos una prohibición total de importaciones. SI alguien quiere comprar bienes del exterior ha de obtener un permiso especial de distintas oficinas gubernamentales. Para todo propósito práctico, esto hace que los emprendimientos comerciales o industriales sean imposibles. El empresario industrial que quiere comprar productos semi-terminados o partes de máquinas por unos cientos de marcos tiene que demostrar la necesidad de esta compra a las agencias del gobierno. Un importador tiene que realizar una serie de trámites –que toman días, semanas o aún más- para obtener finalmente esos bienes luego de haber enfrentado enormes dificultades. Esta situación es inaceptable en un país cuya industria mantiene estrechos vínculos con países viejos y nuevos.”

Google y el control de Internet en China. ¿Debería obedecer la censura, rechazarla, eludirla?

Los alumnos de UCEMA tienen que leer un texto donde se tratan problemas que afectan a los negocios internacionales, los que plantean difíciles dilemas éticos. En particular, se considera el caso de Google y los problemas que este buscador ha tenido en China donde se le planteó el difícil problema de hacer frente a la censura impuesta por el gobierno de ese país en el buscador local. Esto es, Google desarrolló un buscador en mandarín Google.cn, en el cual no se podía acceder a los cientos de páginas que sí pueden accederse del sitio Google.com, para temas tales como el grupo Falun Gong o temas relacionados con el Tibet.

Google China

¿Cómo responder? ¿Hay que rechazar el intento de censura corriendo el riesgo de perder acceso a ese país? Sostener un principio contra la censura diría que eso es lo que hay que hacer, pero alguien bien podría argumentar que irse es peor, porque entonces los chinos van a tener menos acceso a todo tipo de informaciones. En fin, el dilema era parecido al que tenían ciertas empresas internacionales en la Sudáfrica del apartheid. Algunas empresas no aceptaban discriminar, pero aun así recibían fuertes presiones para irse del país. Si se iban, aquellos discriminados en otros empleos perderían estos, si se quedaban al menos había algunos lugares donde era tratados como corresponde.

Ahora los problemas continúan. Este lunes, el New York Times publica un artículo sobre el mismo tema: http://www.nytimes.com/2014/09/22/business/international/china-clamps-down-on-web-pinching-companies-like-google.html?_r=0

Dice así:

“Como parte de una amplia campaña para reforzar la seguridad interna, el gobierno chino ha bajado una cortina más oscura sobre las comunicaciones por Internet en las últimas semanas, una situación que ha hecho más difícil a Google y sus clientes hacer negocios.”

El artículo menciona algunas cosas que Google ha hecho para superar estos inconvenientes:

“Aun cuando Google y otras grandes compañías tecnológicas han realizado un fuerte lobby para suavizar las restricciones, el control de Beijing sobre las multinacionales se ha hecho más amplio.”

“Los problemas de Google en China han estado creciendo durante estos años. La empresa cerró sus servidores en China continental en Marzo de 2010 para evitar la censura dirigiendo a los usuarios hacia resultados no filtrados de sus servidores en Hong Kong. El gobierno chino comenzó entonces a bloquear intermitentemente los servidores en Hong Kong, en particular impidiendo el acceso a un sitio por unos 90 segundos si un usuario trataba de ingresar cualquier cosa con una lista de caracteres chinos prohibidos, incluyendo algunos con los nombres de líderes nacionales y algunas palabras en inglés.”

“Google comenzó a encriptar las búsquedas de los usuarios en todo el mundo a comienzos de este año, en parte en respuesta a la información que diera a conocer el contratista de la NSA, Edward Snowden sobre la vigilancia del gobierno de los Estados Unidos. Este cambio de Google, utilizando direcciones de Internet que comienzan con ‘https’, ha hecho más difícil a los censores chinos determinar quién estaban realizando las búsquedas que ellos desalientan.”

“Pero el gobierno chino respondió el 29 de Mayo bloqueando virtualmente todo acceso a las páginas de Google en lugar de solo imponer la demora de los 90 segundos cuando se encontraban términos prohibidos. Los expertos interpretaron ese avance como una precaución ante el 25 aniversario de la represión en la Plaza de Tian-anmen del 4 de Junio. Pero el bloqueo ha persistido desde entonces.”

¿Qué otra cosa podría hacer Google al respecto? ¿Debe asumir que tiene que cumplir las normas locales y aceptar la censura? ¿Debe buscar caminos como para que los chinos puedan acceder libremente a Internet como parece que ha estado haciendo? ¿Debe cerrar sus operaciones e irse?

Por lo que sale en el artículo creo que la posición de Google es correcta. Tiene que respetar la legislación y las normas locales pero debe expresar claramente su desagrado por la censura imperante, y tiene que buscar la forma para que sus usuarios puedan tener un acceso libre a toda la información en Internet. SI no es con los servers en Hong Kong, con búsquedas encriptadas, y si todo eso es controlado, buscar otras formas de lograrlo.

Vender la Mona Lisa… y las joyas de la abuela, ¿para endeudarse de nuevo?

La noticia parece insólita, pero por eso mismo es interesante discutirla. La agencia de noticias France24 dice que si el gobierno francés vendiera la obra “La Gioconda”, de Leonardo da Vinci podría cancelar la mitad de su deuda pública. http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2014/la-mona-lisa-deuda-venta-francia-1035651.html

Mona Lisa

¿Debería considerarlo? Veamos esto. ¿Cuáles serían las razones para no venderla? Podría decirse que es un patrimonio público que debería estar accesible a toda la humanidad, pero toda la humanidad está lejos de tener la oportunidad de verla y, además, por los temores a un atentado cada vez está más protegida y lejana para quienes la visitan en el Louvre. Es más, sería difícil para cualquier adecir si lo que está allí es en verdad el original. Difícil sería también considerarla como un “orgullo nacional” para los franceses ya que se trata de un cuadro de un italiano. Podría ser el “orgullo” o el prestigio del Louvre como museo. Sin duda éste es un atractivo para visitarlo. En cuanto a la posible recaudación que su presencia allí pueda generar, esta ni siquiera debe ser suficiente para cubrir los costos de mantenimiento de todo el museo.

¿Cuál sería la razón para venderla? Pues si se redujera la deuda a la mitad, también se reducirían los pagos de esa deuda, la carga impositiva sobre los actuales contribuyentes y también sobre los futuros. Una menor presión impositiva alentaría una mayor formación de capital. Los franceses serían más prósperos en el futuro y pagarían algo menos de impuestos ahora.

El Institute Economique Molinari publica todos los años un estudio sobre la carga fiscal en los salarios en toda Europa: http://www.institutmolinari.org/en-2014-le-salarie-moyen-francais,1908.html

Este año encuentra a Francia en el anteúltimo lugar tomando el 57,17% de los salarios. Esto hace que el asalariado francés trabaje para pagar sus impuestos desde comienzos del año hasta el 28 de Julio, recién ahí comienza a hacerlo para sí y su familia. La tasa de imposición media en la Unión Europea es 45,27%. Los trabajadores franceses tienen que esperar este año dos días más que el año anterior y solo son superados por Bélgica donde trabajan hasta el 6 de Agosto.

Por el contrario, en Chipre, Irlanda y Malta no tienen a la Mona Lisa pero terminan de trabajar para pagar impuestos mucho antes: Chipre el 21 de Marzo, Irlanda y Malta el 28 de Abril. Países que de todas formas no pretenden albergar las mejores obras de arte de la historia pero distinto es el caso del Reino Unido donde sí las hay y terminan de trabajar para pagar impuestos el 12 de Mayo.

Está claro que aun cancelando la mitad de la deuda eso no significa que se reduzca el gasto en igual proporción, ya que el pago de la deuda es tan solo una parte de ese gasto, pero el problema es que Francia se sigue endeudando y esto aumentará en el futuro los servicios de la deuda que los contribuyentes deberán pagar.

Entonces, el dilema que se les presenta en este tema es: ¿mantener a La Gioconda en el Louvre y trabajar algunos días más para pagar impuestos o venderla y trabajar algunos menos?

Es bastante probable que ningún político se atrevería a hacer esa propuesta y tal vez ni los votantes estuvieran dispuestos a apoyarla. En alguna medida porque piensan que sería probable que se queden sin el cuadro y que luego los políticos vuelvan a endeudarse. Ese sería el peor de los mundos: se vendieron las joyas de la abuela y volvimos a tener la misma deuda. ¿Suena conocido?

Un egresado de una universidad pública cuesta 60.000 dólares. Es más barato en la privada más cara

Amo a la UBA. Me gradué y soy profesor en esa universidad. Es mi casa. Pero que un egresado cueste 45.000 dólares es un escándalo. El promedio nacional es de 60.000 dólares, peor aún. En la Universidad Patagonia Austral el costo llega a los 424.408 dólares !!!. Sería más barato para los contribuyentes mandarlos a la Universidad de San Andrés, que tal vez sea la universidad privada más cara del país.

Esto aparece en este artículo que comenta un estudio de Alieto Guadagni para el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA),donde se señala además que el 44% de los alumnos en universidades públicas aprueba una materia por año. Y esto no por el tremendo grado de exigencia. Además, si hay algo en los que han insistido y logrado los centros de estudiantes en los últimos años es en tener más fechas de exámenes y más oportunidades para promocionar o aprobar una materia como alumno regular. http://www.lanacion.com.ar/1724763-bajo-rendimiento-en-las-universidades-nacionales

Es cierto que generar egresados no es la única tarea que las universidades cumplen pero también que se esa función se lleva casi todo el presupuesto.

Dice la nota:

«Si sumamos los estudiantes que después de un año no aprobaron ninguna materia y los que apenas aprobaron una materia, llegamos a la conclusión de que 44 de cada 100 estudiantes universitarios nacionales no llegaron siquiera a aprobar dos materias después de un año», resume Guadagni.

En los albores del cepo al dólar, impuesto por la presidencia de Cristina Kirchner en 2011, cuando la moneda norteamericana se cotizaba a $ 4,14 promedio, el presupuesto total ejecutado por las 40 universidades nacionales fue de $ 18.829 millones o US$ 4548 millones.

En ese mismo año, entre las 40 universidades nacionales se graduaron 70.370 estudiantes. «Si se divide este presupuesto de US$ 4548 millones por la cantidad de graduados de las 40 universidades nacionales, tenemos un valor de US$ 64.633 por graduado», señala Guadagni.

En la Universidad Patagonia Austral se graduaron 103 alumnos en 2011, con un costo de US$ 424.408,63 por estudiante. Le siguen San Juan (US$ 228.064,78) y Tres de Febrero (US$ 221.175).

La mejor relación costo-egresado se vislumbra en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (US$ 24.480), Rosario (US$ 32.220), Nordeste y la UBA (US$ 45.000, aproximadamente).

«La Universidad Patagonia Austral tiene un presupuesto por graduado que es 17 veces mayor que el de la Universidad de Lomas de Zamora», puntualiza Guadagni, al advertir que en la primera casa de estudios «el 56,9% de los estudiantes no aprobó más de una materia tras un año de estudios, mientras que en el establecimiento del conurbano la cifra es de apenas 23,7%».

Un artículo de Agustín Etchebarne que acompaña la nota señala que, en todas las universidades nacionales, hay más de 483.029 alumnos en esa condición. Sostiene:

“Ya es momento de recuperar un mínimo de sentido común en este debate. Se deben restablecer los exámenes de ingreso, otorgando un curso de nivelación para quienes no logren aprobarlo, pero sin permitir el ingreso a quienes no lleguen a superar un nivel determinado.

Dado que las universidades nacionales son pagadas por todos los contribuyentes, es razonable exigir a los alumnos que aprueben un mínimo de cinco a seis materias por año con un promedio superior a 7 (siete).»

Este tipo de requisitos son comunes en casi todos los países donde las universidades son gratuitas”.

Mises comenta los años 1930s pero parece hablar de la Ley de Desabastecimiento

De «Reconstrucción Monetaria»:

El Partido del Justo Trato ha proclamado que es obligación del gobierno determinar qué precios, salarios y utilidades son equitativos y cuáles no lo son, y, a continuación, hacer cumplir sus mandamientos mediante la policía y los tribunales. También sostiene que es una función del gobierno mantener el tipo de interés en un nivel equitativo a través de la expansión del crédito. Finalmente, recomienda un sistema impositivo que persigue igualar los ingresos y la riqueza. La aplicación cabal del primero o del último de estos principios bastaría por sí sola para consumar el establecimiento del socialismo. Sin embargo, las cosas no han llegado a tal extremo en este país. La resistencia de los partidarios de la libertad económica no ha sido dominada por completo. Todavía existe una oposición que ha impedido que se establezca permanentemente el control directo de todos los precios y salarios y la confiscación total de todos los ingresos que excedan de la cantidad que consideran justa aquellos cuyo ingreso sea más reducido. En los países situados de este lado del telón de hierro, la batalla entre los amigos y los enemigos de la planificación integral totalitaria todavía no se decide.

En este gran conflicto, los que abogan por el control oficial no pueden prescindir de la inflación. Necesitan de ella a fin de financiar su política de gastar sin freno y de subsidiar y cohechar pródigamente a los votantes. La consecuencia inconveniente pero inevitable de la inflación, o sea el alza de los precios, les proporciona un grato pretexto para implantar el control de precios y para llevar a la práctica, paso por paso, su proyecto de planificación integral. Las utilidades ilusorias que aparecen debido a la forma como la inflación falsea el cálculo económico, se consideran y tratan como si fueran verdaderas; al apoderarse de ellas por medio del impuesto después de calificarlas, para despistar, de utilidades excesivas, son partes del capital invertido lo que se confisca. Al extender el descontento y la intranquilidad en la sociedad, la inflación genera condiciones favorables para la propaganda subversiva de los sedicentes campeones del bienestar y el progreso. El espectáculo que nos ha ofrecido la escena política de las dos últimas décadas ha sido verdaderamente asombroso. Sin vacilación alguna los gobiernos se han embarcado en una vasta inflación y los economistas oficiales han proclamado que el déficit en los gastos públicos y el manejo “expansionista” de la moneda y el crédito representan el camino más seguro a la prosperidad, el progreso constante y el mejoramiento económico. Pero los propios gobiernos y sus paniaguados han arrojado sobre los hombres de negocios la responsabilidad de las consecuencias inevitables de la inflación. A la vez que ensalzan los altos precios y salarios como si fueran una panacea y elogian a la administración por haber elevado el “ingreso nacional” (por supuesto que expresado en los signos de una moneda depreciada) a un nivel sin precedente, condenaban a la iniciativa particular por cargar precios desaforados y por obtener utilidades exorbitantes. Mientras deliberadamente restringían la producción de los frutos de la agricultura con el objeto de subir los precios, los políticos han tenido la audacia de pretender que el capitalismo es creador de escasez y que si no fuera por las siniestras maquinaciones de los grandes negocios, habría abundancia de todas las cosas. Y millones de votantes se han tragado todo este embuste.

Es necesario comprender que la política económica de los que se llaman progresistas a sí mismos, no puede prescindir de la inflación. Nunca aceptarán una política de moneda sana, porque no pueden hacerla. Tan imposible les resulta abandonar sus políticas de déficit en los gastos públicos como el auxilio que su propaganda anti-capitalista recibe de las consecuencias inevitables de la inflación. Es verdad que hablan de la necesidad de suprimir la inflación. Pero a lo que se refieren no es a poner un término a la política de incrementar la cantidad de dinero en circulación, sino a establecer el control de precios, esto es, a fútiles planes para huir de la difícil situación que inevitablemente sobreviene de las normas de acción que siguen.

La reconstrucción monetaria, incluyendo el abandono de la inflación y el retorno a una moneda sana, no constituye simplemente un problema de técnica financiera, que pueda resolverse sin un cambio en la estructura de la política económica general. No puede haber una moneda estable en un medio que se halla dominado por ideologías hostiles a la conservación de la libertad económica. Dedicados como están a desintegrar la economía de mercado, los partidos imperantes seguramente no darán su consentimiento a las reformas que los privarían de su arma más formidable, o sea de la inflación. La reconstrucción monetaria presupone en primer lugar el repudio total e incondicional de las políticas supuestamente progresistas, que en los Estados Unidos de América se designan con los “slogans” de Nuevo Trato y Justo Trato.

¿El colmo del gasto público y el beneficio «privado»? Subsidiar a las telenovelas

¿Es acaso una función del estado subsidiar la producción de telenovelas? Esa parece ser la opinión de algunos empresarios del sector, tal como aparece en esta nota titulada “Más pesos que besos, el alto costo de producir una novela en el país”: http://www.lanacion.com.ar/1723028-mas-pesos-que-besos-el-alto-costo-de-producir-una-telenovela-en-el-pais

Allí se cuenta que el costo por capítulo de una tira es de alrededor de 55.000 a 60.000 dólares, un monto similar al de Colombia, pero bastante más bajo que los 150.000 dólares en Brasil o 130.000 en México. Argentina es un gran productor y exportador de “formatos”.

 

Dice el artículo:

“Tal como explicó Alex Lagomarsino, CEO y socio fundador de MediaBiz, empresa que se desempeña como agente dentro del negocio del entretenimiento, la Argentina se encuentra en el cuarto puesto a nivel mundial en exportaciones de formatos. Este ranking se encuentra liderado por Gran Bretaña, y le siguen Estados Unidos y Holanda. Pero la irrupción de nuevos jugadores a nivel internacional cambió bastante el panorama. Ya que a los clásicos competidores de la Argentina, como podían ser, por ejemplo, México y Colombia -que también exportan a Europa, sobre todo del Este, América latina y Estados Unidos- se les sumó un jugador que era impensado: Turquía. Este país, tal como explica Lagomarsino, pasó de ser un mero importador de formatos a ser productor de contenidos y exportador de latas y formatos. De esta manera, logró penetrar en Europa del Este. Y, si a esto se le suma la crisis europea, países como España e Italia, que redujeron el volumen de importación de latas y formatos argentinos, el panorama se volvió un poco más complejo que años atrás.”

Pero resulta ahora que ingresan en el mercado local producciones más baratas de otros países:

“A este fenómeno hay que sumarle un ingrediente más: las latas que importan los canales argentinos. Tal como afirma Agustín Sacanell, presidente de la productora Kapow, «es una competencia complicada, porque es un capítulo que cuesta muy poco comparado con lo que te sale producir acá». Y es que mientras que producir un capítulo ronda los US$ 60.000, el valor del capítulo de una lata puede costar entre US$ 50 y US$ 10.000. El monto, como explicó Lagomarsino, tiene que ver con dos factores: qué tan exitosa fue la tira en su país y qué tan grande es la población del país que la importa. Mientras mayor sea, más deberá pagar. Aun si se paga el valor más elevado, representa un sexto del costo de producir una tira.”

¿Cuál es entonces la respuesta ante esta circunstancia?

“Es por ello que Alejandro Borensztein, presidente de Capit (Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión), considera que «habría que pensar en algún tipo de canon que equilibre con lo que se produce acá».”

Es decir, el viejo truco de la protección arancelaria.

Sin embargo, el mismo Borensztein detecta correctamente la causa de los problemas:

“Y a la coyuntura internacional se le debe sumar la nacional, que tampoco es del todo alentadora para el sector. Borensztein definió a la generación de contenidos como un «negocio difícil y en proceso de complicarse». Y mencionó algunos elementos que complicaron la actividad en los últimos años, como la baja inversión publicitaria, la inflación y un dólar supuestamente retrasado, que hacen que haya menos artística en los canales de televisión.”

Pero en lugar de exigir y demandar que se resuelvan esos problemas, que se frene la emisión monetaria y la inflación, que se libere el mercado de cambios para recibir un precio por los dólares que haga competitiva la producción local, mejor es pedir protección, pedir privilegios. Otra productora va incluso más allá, quiere subsidios para las novelas:

“Amadeo remarcó que mientras que en la década de los 90 y hasta alrededor de 2005 una productora tenía al aire unas cuatro novelas en simultáneo, esto cayó cerca de un 50%. Y consideró oportuno que así como se destinan fondos públicos para financiar el cine, ficciones cortas o Fútbol para Todos, lo mismo debería ocurrir con las telenovelas. Por su parte, desde Capit trabajan en algún plan de promoción industrial.”

Decía Bastiat: el estado es esa ficción por la cual todos pretendemos vivir de los demás….

El salario mínimo y un problema insalvable para la Economía del Bienestar

En un reciente decálogo del progresismo en los Estados Unidos figuraba como una de las banderas más importantes la lucha por un salario mínimo más alto. La revista Regulation, del Cato Institute, trae un par de artículos sobre el tema y uno de ellos en particular trata el asunto desde una perspectiva interesante y, al mismo tiempo, contundente. Pierre Lemieux, de la Universidad de Quebec, escribe “From Minimum Wages to Maximum Politics”: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/7/regulation-v37n2-4.pdf

Va algo de la sección: “Un problema en la Economía del Bienestar”, un problema en verdad que está en el corazón de ese enfoque de la economía y sobre el que no parece tener respuesta. El problema, por supuesto, se extiende mucho más allá del salario mínimo, a todo tipo de política pública redistributiva.

El artículo comienza comentando un estudio de la agencia gubernamental Congressional Budget Office que indica que el aumento propuesto de $7,25 a $10,10 por hora generaría la pérdida de 500.000 puestos de trabajo hacia 2016. La lógica económica es simple: un aumento del precio se refleja en una reducción en la cantidad. Pero esto va más allá:

“No importa como se interpreten los datos, un aumento en el salario mínimo va a dañar a ciertas personas y beneficiar a otras. Es inconcebible que dicha política pueda beneficiar a todos y dañar a ninguno. Esto nos deja entonces con el tradicional problema en la economía del bienestar: cómo evaluar una medida política que no es una mejora de Pareto. Dicha evaluación no puede hacerse sin algunos juicios de valor extra-económicos.

Imaginemos una situación donde, antes de establecer un salario mínimo, 5% de los trabajadores empleados reciben un sueldo más bajo que el mínimo propuesto. Muchos de estos empleados con salarios bajos pueden ser pobres, aunque virtualmente todos los que quieren un empleo lo obtienen. Una cierta distribución del ingreso (y la utilidad) se generaría. Al fondo de la distribución, la pobreza sería una consecuencia de la libertad que todos tienen de aceptar contratos de empleo con salarios acordados mutuamente por las partes.

Bajo una ley de salario mínimo o con un incremento de ese mínimo, la distribución del ingreso (y la utilidad) cambiará. Algunos de los pobres, como también algunos de los no-pobres, tendrán salarios más altos. Pero es muy probable que otros perderán sus empleos y serán más pobres. Ya sea que los nuevos pobres sean un millón, 500.000 o solo uno, el problema de la economía del bienestar es el mismo. La distribución ha cambiado por medio de regulaciones gubernamentales coercitivas, significando esto que los nuevos pobres no cumplirían con esta norma si ellos, y sus empleadores potenciales, no fueran forzados a hacerlo. Al fondo de la distribución, cierta pobreza es el resultado de la decisión política y su aplicación burocrática o, en otros términos, del poder de coerción de unos individuos sobre otros.

Respondiendo al dilema libertad-coerción un economista respondió en una encuesta: “¿Alguna vez te has sentado a escuchar a un niño llorar de hambre?” Ese comentario es perfecto para una campaña ante la opinión pública, pero también ilustra el problema del bienestar. Veamos esta historia.”

El autor plantea luego que con el salario mínimo algunos niños van a dejar de llorar pero luego otros van a empezar a llorar o a llorar más fuerte. ¿En base a qué criterio van a decidir que el llanto de unos es más desgarrador que el llanto de otros?

“Un político y su asesor económico enfrentan dos alternativas. ¿Dejarán que algunos bebes lloren, y esperarán a que una creciente prosperidad los alimente? ¿O alimentarán a algunos con la comida de otras bocas en llanto? Una pregunta relacionada es cuántos niños llorando en un lado justifican tomar la comida de la boca de otros. Esos son juicios de valor que en definitiva los economistas deberán realizar cuando fijan una posición en el debate sobre el salario mínimo.”

Mises compara Austria 1922 con la Revolución Francesa, lecciones para Argentina y Venezuela

En posts anteriores he comparado la visión que Ludwig von Mises tenía de Austria con la situación de países como Argentina o Venezuela en la actualidad, es decir, unos 100 años después. (Parece que es poco lo que se aprende).

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Mises hace algo similar con Austria en un artículo de 1923 “The Austria Problem”, donde comenta un libro del Dr. Siegfried Strakosch, “El Suicidio de una Nación”, y compara lo que allí sucede con la situación en Francia durante la Revolución. Es decir, que los problemas actuales no repiten errores de hace 100 años, sino al menos de hace más de 200!

Para ello cita un libro de René Stourm: “Les Finances de l’Áncién Régime et de la Révolution”” (Paris: Guillaumin et Cie., 1885). Así dice todo el párrafo:

“El demagogo piensa solo en hoy, y no en el futuro. Hace casi 40 años René Stourm, el historiador de la Revolución Francesa, magistralmente caracterizó los principios de la política fiscal de los Jacobinos:

‘La actitud de los Jacobinos hacia las finanzas puede explicarse fácilmente como el consumo total del presente a expensas del futuro. Nunca se preocuparon del mañana, manejando todos los asuntos como si cada día fuera el último. Este enfoque caracterizó a todas las medidas tomadas durante la Revolución. Lo que le permitió sobrevivir como lo hizo fue el hecho de que el derroche diario de los recursos acumulados por una nación rica y poderosa permitió que salieran a la superficie enormes recursos. Los assignats (moneda papel impresa en la Revolución), en tanto tuvieron algún valor, lo poco que fuera, inundaron el país en siempre crecientes cantidades. Las perspectivas de una cercana bancarrota no cesaron ni por un solo momento. Solamente cuando la gente rechazó por completo todo tipo de papel moneda, sin importar a qué bajo valor, se frenó la emisión de nuevos billetes’.

Uno no puede dejar de leer la descripción de Stourm de los impuestos al capital y los prestamos forzosos, de las medidas contra el mercado de capitales y la especulación cambiaria, de las regulaciones contra el lucro y el racionamiento de los alimentos que Austria ha estado practicando en su detrimento por los últimos 10 años. La espantosa escena que Strakosch presenta es, desgraciadamente, muy cierta”.

Y, a su vez, nuevamente la que presenta Mises lo es respecto a nuestros países hoy.