Educación estatal y educación privada: en todos los casos la privada supera a la estatal, al mismo nivel

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Todo ese reconocimiento de las falencias de la educación estatal y de los resultados que se obtienen con la planificación estatal de la educación, se produce sin reconocer el papel que cumple el sector privado y los mejores resultados que obtiene.

En el documento “Informe de Revisión Nacional de Educación para Todos (EPT) 2015”  se analiza el estado de la educación en el país y el cumplimiento de compromisos asumidos con la UNESCO en el año 2000, objetivos que incluyen la extensión de la cobertura educacional y el mejoramiento de sus aspectos cualitativos, pero no se menciona el aporte del sector privado. Así, por ejemplo, en cuanto a la educación preescolar se dice: “Los sectores que están proporcionando activamente atención de la primera infancia en nuestros países son el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Inicial, los Centros de Orientación Infantil y Familiar Institucionales, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)y la Cruz Roja” (p. 16).

Ninguna mención se hace a las iniciativas privadas, que se comentarán más abajo. Algo se menciona de pasada sobre la participación de los padres en distintas iniciativas donde el Estado no ha llegado: “Entre las estrategias puestas en marcha por instituciones se mencionan: Ministerio de Educación, liderando la creación del primer currículo oficial orientado a la educación de los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años, el funcionamiento de programas no formales como los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial (CEFACEI) y Educación Inicial en el Hogar (EIH), los cuales ofrecen atención a los niños y niñas que viven en comunidades urbano-marginales, rurales e indígenas donde no existe un jardín de infancia para darles una respuesta educativa, y la educación preescolar formal ofrecida en las dependencias oficiales y particulares a nivel nacional estimulando el desarrollo óptimo de las capacidades físicas, emocionales y mentales de los niños de 4 y 5 años” (p. 17).

En 2005, MEDUCA realizó una evaluación de los resultados académicos con el nombre de SINECA, por medio de la cual se tomaron 99,687 pruebas en todo el país, en los niveles 3º, 6º, 9º y 12º, sobre las materias Español, Inglés, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. El puntaje promedio obtenido fue de 43,2 en Español, 46,8 en Matemática, 48,7 en Ciencias Naturales, 48,3 en Ciencias Sociales y 53,1 en Inglés; sobre cien, con un porcentaje mínimo aceptable de 60 (Informe Sineca, 2007, p. 25).

En todos los casos, los resultados obtenidos en las escuelas privadas superan a los de las escuelas estatales, salvo en el duodécimo grado del Bachillerato en Ciencias. . Como muestra un botón, en Tercer Grado, los resultados en Español fueron de 41 para las privadas y 35 para las estatales; en Matemática: 61 a 50; en Ciencias Naturales: 56 a 46; en Ciencias Sociales: 64 a 53. 

Con todo lo que pasa, esto genera polémica. Artículo en La Nación: los beneficios de la inmigración

Artículo en La Nación con el título: “Los beneficios de la inmigración”: http://www.lanacion.com.ar/1928158-los-beneficios-de-la-inmigracion

Los beneficios de la inmigración

El movimiento de personas a través de las fronteras genera debates en Europa y Estados Unidos; una mirada desapasionada a la luz de ciertos indicadores muestra que, pese a sus costos, se trata de un fenómeno en el que todos ganan

Las migraciones se han convertido en un tema central de discusión en Europa. Más aún luego de los atentados terroristas ocurridos en Bélgica, Alemania y Francia, y del Brexit. También son motivo de debate en la campaña electoral en los Estados Unidos. Las imágenes de este fenómeno nos muestran situaciones dramáticas y esto ha ayudado a que se desaten todo tipo de pasiones sobre el asunto. Sin embargo, un análisis más profundo demuestra que el movimiento de personas, tal como el de bienes y capitales, trae beneficios muy superiores a los costos, aunque éstos puedan ser más visibles.

Los temas en discusión son muchos, y tienen que ver tanto con cuestiones de «derechos» como de los costos o beneficios que se generan y en quien recaen.

Lo primero es responder si existe un derecho a migrar. En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la «salida» -aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba- y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico.

En principio, pareciera que una barrera a la inmigración violaría el derecho del ciudadano a «invitar» a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿No resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos «externos», o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas.

Existen otros efectos «externos» que suelen plantearse como originados por la inmigración. Uno de ellos es la cuestión de si la inmigración perjudica al empleo local.

Según una encuesta de Gallup, un 58% de los residentes de países de altos ingresos señalan que los inmigrantes ocupan empleos que esos mismos residentes no desean ocupar, y un 18% afirma lo opuesto. Esto mismo se repite en los diez principales países receptores de inmigrantes.

Un estudio de la OCDE (2014) informa que en los 10 años hasta 2012 los inmigrantes representaron un 47% del aumento de la fuerza laboral en los Estados Unidos y un 70% en Europa, y que representaron alrededor de un cuarto de todos los ingresos en las ocupaciones que más han declinado en los Estados Unidos (28%) y Europa (24%), básicamente operarios; ocuparon así funciones que, como lo confirma la encuesta, no son consideradas atractivos por los locales.

Un informe del Banco Mundial de 2005 encontró que si los 30 países de la OCDE permitieran un crecimiento del 3% en el tamaño de su fuerza laboral a través de reducir las restricciones a la inmigración, los beneficios para los ciudadanos de los países pobres serían de unos US$ 300.000 millones. Esto es US$ 230.000 millones más que la ayuda internacional que estos países destinan a los países pobres. Si hubiera fronteras abiertas por completo se duplicaría el PIB mundial en pocas décadas, virtualmente eliminando la pobreza global.

Pero no terminan aquí los debates que genera este complejo problema.

¿Son los inmigrantes una carga fiscal? El estudio de la OCDE sugiere que el impacto de olas sucesivas de migración en los últimos 50 años hacia los países más desarrollados es en promedio cercano a cero, rara vez excediendo 0,5% del PIB, tanto sea en términos positivos como negativos. El impacto es mayor en Suiza y Luxemburgo, donde los inmigrantes proveen un beneficio neto estimado de cerca de 2% del PIB a las finanzas públicas. «Contrariamente a la percepción general -dice el estudio-, los inmigrantes con baja educación tienen una posición fiscal [la diferencia entre sus contribuciones y los beneficios que reciben] mejor que sus pares locales. Y cuando los inmigrantes tienen una posición fiscal menos favorable, no es por tener una mayor dependencia de los beneficios sociales sino porque tienen a menudo salarios más bajos y tienden, entonces, a pagar menos».

¿Pueden los inmigrantes trastrocar la cultura local? La existencia de barrios enteros en algunas ciudades europeas y norteamericanas hace temer que esto ocurra, pero de ahí a afirmar que sea posible existe un largo trecho. La cultura occidental, la de los países que más inmigración reciben, es la que les permitió desarrollar las instituciones que permitieron su crecimiento y riqueza. Si han deteriorado sus instituciones ha sido más por modificaciones culturales propias que importadas a través de inmigrantes. Después de todo, las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, que causaron estragos y catástrofes en todo el mundo son de origen europeo, no importadas por los inmigrantes. Argumentos similares pueden desarrollarse en relación con el temor que ingresen inmigrantes que cometerán crímenes. La evidencia empírica muestra la tasa de criminalidad de los inmigrantes no es superior a la de los locales, y el argumento se puede extender a todo tipo de migración interna o a la existencia de criminales en los barrios informales, pese a que sean nacionales.

¿Los que se van perjudican a los que se quedan? Este no es, en realidad, un tema de debate, sino la consideración de un hecho que debe ser tenido en cuenta. La llegada de los migrantes, tanto refugiados como laborales, acerca a quienes provienen de sociedades con baja productividad debido a la escasez de capital invertido a otras donde su productividad es mucho mayor. Esto les genera ingresos muy superiores a los de los lugares de origen, siendo éste uno de los principales incentivos para emigrar. Y esos mayores ingresos se han convertido en el programa de ayuda más importante y con mayor sustento moral que pueda imaginarse: las remesas.

El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de US$ 588.199 millones, unas cuatro veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se han convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán y un 29,9% del de Nepal. En América latina, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% del de Honduras y 16,8% en el caso de El Salvador.

Lentamente, se produce en el mundo un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los migrantes. Parece haber una tendencia hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y retrocesos. Es un proceso impulsado por esa competencia. En el pasado, ésta tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los migrantes, de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia y crea un riesgo: el reemplazo de la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires

Mafalda y «nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás». Divierte, pero se equivoca

Mafalda fue una genio en muchos casos. Con esa ingenuidad de niña solía dar en la tecla en más de un tema que a los mayores, sus padres principalmente, les costaba dilucidar.

Pero en ésta se equivoca, y también el diario La Nación al seleccionar esa frase. Tiene tantas otras, tan inteligentes. En el fondo, de la misma forma que por la boca de Mafalda hablaba Quino, su autor; por aquí habla quienquiera que la haya seleccionado. Obviamente, si la pusieron es porque creen que transmite una verdad, no solamente porque se trata de una metáfora divertida.

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Es ya un viejo prejuicio que quien hace dinero lo hace o explotando, o engañando, o robando a los demás. Y, por cierto, en algunos casos es así, pero seguramente no en lo que pensaba Quino o quien seleccionó la fase. Por ejemplo, los Castro o Kim tienen mucho dinero como resultado de explotar a los demás; Madoff también lo hizo con el gran engaño tipo Ponzi; los K y sus socios se enriquecieron aquí robando los fondos públicos. Pero cada uno de esos casos implica el uso de violencia o fraude, en general aprovechando el monopolio del uso de esa violencia por parte del estado. No es de extrañar que gran parte de las grandes fortunas mal habidas tenga que ver con la política. En ese caso, son fortunas que se han ‘amasado’ con ‘nuestra’ harina.

Pero sospecho que el sentido de la frase para el autor, o para quien lo puso ahora allí es más amplio, e incluye en general, a todos los que han hecho fortuna. Y nada podría ser más erróneo. En la lista de los más conocidos millonarios nos encontramos con muchos que se han hecho ricos por las grandes innovaciones e increíbles productos que nos han dado: Steven Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Amancio Alcorta (Zara), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Facebook), Liliane Bettencourt (L’Oreal), Sergey Brin y Larry Page (Google) y tantos otros, a quienes hay que agregar el panadero de la esquina, el dueño del kiosco, el que tiene un restaurante en la otra cuadra.

Es cierto, como Madoff también está Carlos Slim y su ‘capitalismo de amigos’, pero, de nuevo, éste no existiría si no fuera por la política.

Los emprendedores que compiten en el mercado, bajo reglas de juego que se aplican a todos, amasan fortunas con harina propia (arriesgando su capital), y nos dan los mejores panes de su esfuerzo. Y somos nosotros quienes, en definitiva, sancionamos con nuestras acciones, su destino. Tendrán fortuna en tanto compremos sus productos o servicios, y no la tendrán o la perderán en cuanto dejemos de hacerlo.

Entonces, habría que rehacer la frase y decir: “algunos amasan sus fortunas gracias al estado y el dinero de todos; pero decir que ‘nadie’ lo hace sin hacer harina al resto está equivocado y señala un claro prejuicio ideológico, o envidia, o ambos.

Educación estatal: con semejante estructura burocrática es imposible adaptarse a los cambios

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Esa estructura tampoco es flexible a la hora de reaccionar ante los acelerados cambios que se producen en la sociedad moderna: “En este sentido, el marco legal e institucional afecta la oferta de servicios de formación. Las reglas para la aprobación de nuevas carreras a nivel universitario hacen que el tiempo que transcurre entre la detección de una nueva necesidad y la graduación del primer egresado sea de aproximadamente 7 años ya que la aprobación de una nueva carrera toma de 2 a 4 años. Esta realidad limita significativamente la respuesta que puede darse a las demandas del mercado” (p. 102).

Este es un rasgo característico de la actividad emprendedora que se desarrolla en el ámbito del mercado: la capacidad que tiene el emprendedor de anticipar las necesidades del mañana y asumir el riesgo de llevarlo adelante. El mercado no está exento de “planificación”, ya que los emprendedores son quienes planifican la oferta futura, pero lo hacen en forma descentralizada, en forma de distintos planes que aprovechan el conocimiento disperso y verifican entonces su viabilidad. A diferencia de la política pública, el mercado no somete a toda la población a un ensayo en particular, llevando a todos al éxito o, la mayor parte de las veces, al fracaso; el mercado genera decenas de experimentos de los cuales se aprende y los consumidores seleccionan aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades. Esto es particularmente cierto en el ámbito de la educación actual, cuando la tecnología y los servicios en red están revolucionando las metodologías para la enseñanza.

Un sistema que desde hace décadas hace profesión de fe de su misión en favor de los más pobres y necesitados, no llega a alcanzar esos objetivos después de haber destinado recursos millonarios. Se reconoce, por ejemplo, que estos sectores, particularmente los indígenas, reciben el peor servicio, y no es de extrañar que obtengan los peores resultados. Dice el Plan Estratégico (2014): “Las escuelas indígenas oficiales obtuvieron los resultados más bajos en todas las asignaturas evaluadas”.

¿Subsidios o exenciones? Terminar con el régimen de Tierra del Fuego,…, o extenderlo a todo el país

El cálculo es demasiado simple y puede ser cuestionado de muchas formas. No proviene de ningún estudio profundo sobre el tema sino de una simple mención en un artículo que poco tiene que ver con el asunto. Se trata de un dato que aparece en una nota publicada en La Nación, dirigida principalmente a explicar la visión que tienen algunos empresarios sobre el futuro de las inversiones y los negocios en Argentina: http://www.lanacion.com.ar/1925442-los-secretos-que-llegan-desde-el-hoyo-19

Pero allí, se menciona esto: “Es justamente en Tierra del Fuego donde el gobierno de Macri decidió continuar con los beneficios impositivos de unos $ 14.000 millones. Se trata de unos 13.000 puestos de trabajo que se generan allí a través de 13 plantas. Sin embargo, la matriz productiva está comenzando a cambiar. Si bien se mantienen los equipos de TV, acondicionadores de aire y celulares producidos localmente, hoy se dejaron de fabricar los decodificadores de TV (se liberó la importación) y los equipos de PC y notebooks van camino a la extinción.”

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Uno podría interpretar esto como que el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos. Desde esa perspectiva, significa que cada trabajo le cuesta un millón anual aproximadamente (si usamos el resto para tomar en cuenta el sueldo anual complementario), o casi 90.000 pesos por mes por puesto de trabajo creado. Casi 6.000 dólares por mes. Está claro que si hubiera tales sueldos, están muy por encima del promedio del resto del país, donde el salario mínimo de un supervisor es de 7756 pesos, o sea unos 517 dólares, aunque no sea un buen referente del salario promedio en el país.

Además, esto da como resultado que los argentinos terminan pagando celulares u otros equipos electrónicos a precios varias veces superiores a los que se consiguen en el mercado internacional.  En tal sentido, parecería ser un negocio para todos, pagarles un sueldo, que tal vez no sería tan alto y que se queden en su casa. El estado gastaría menos, y los demás compraríamos celulares a precios internacionales.

Claro, se dirá que no hay que contar solamente esos puestos de trabajo, ya que se originan otros como resultado de esta actividad. Pero, veamos, los empleos que se generan a partir del consumo que realizan esos trabajadores serían los mismos: ellos van a gastar en supermercados o ir a peluquerías tanto sea que reciban su ingreso de su trabajo subsidiado o de un cheque por no hacer nada. Quedaría la actividad que las industrias generan por adquirir insumos y otros gastos. Estos no son muchos tampoco porque estas empresas simplemente lo que hacen es armar equipos que vienen de afuera, y en algunos casos arman equipos luego que fueron desarmados para ingresar como partes y piezas.

Pero el tema que quier tratar aquí es otro. Tiene que ver con la frase anterior de que “el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos”. Quiero cuestionar esta interpretación, porque el estado no está “poniendo” si se trata de exenciones impositivas, sino que se está absteniendo de “tomar”, como lo hace en el resto del país.

En tal sentido, el reclamo, tal vez, no debería ser que se acaben estas exenciones, sino que se extiendan a todo el resto del territorio.

Cuando las reformas económicas se justifican por su ‘eficiencia’ y no por la libertad y los derechos

Siempre he admirado, o al menos respetado, algunas de las reformas que realizaron en Chile y permitieron a ese país años de progreso. Reformas que, si bien comenzaron en épocas de un gobierno militar, fueron sostenidas y ampliadas en los gobiernos democráticos siguientes. Pero siempre pensé también, que esas reformas tenían bases débiles, en el fondo porque se sostenían en un análisis utilitarista acerca de su ‘eficiencia’ y nunca en una visión más general basada en la libertad de elección y los derechos individuales.

Ahora que se reabre el debate sobre las pensiones, encuentro este artículo de Francisco Belmar, de la Fundación para el Progreso de ese país, con una opinión similar, que comparto: http://fppchile.org/es/el-fracaso-ideologico-de-jose-pinera/

EL FRACASO IDEOLÓGICO DE JOSÉ PIÑERA

Causó furor —para bien o para mal— la reaparición de José Piñera en el debate público chileno. Esta llegada estuvo acompañada de una especie de campaña publicitaria, puesto que él mismo reconoció que jamás se ha ido de Chile. Aun así, se publicitó como un regreso, una especie de repatriación del creador del sistema de AFP. Una imagen que el mismo Juan Manuel Astorga intentó contraponer a la de Hernán Büchi viajando a Suiza.

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Piñera llega en un momento complicado. Su llegada se debe también a eso: nuestra economía está lenta y no solo se puede culpar de eso al devenir de la economía internacional. Es conocida su oposición a las políticas del gobierno de Michelle Bachelet y es de esperar que tenga miedo de que el sistema que ayudó a crear caiga en el campo de influencia de la fiebre reformista (algunos dirían populista o revolucionaria) del gobierno. Esa amenaza ya se ha vuelto realidad, sobre todo porque los detractores del sistema han hecho un trabajo de relojería en términos ideológicos. Por lo mismo, la discusión hoy ya no está solo en el plano de las políticas públicas, sino eminentemente de la política. Esto también lo mencionó Astorga, y Piñera, como es esperable en nuestra derecha, lo negó rotundamente.

¿Cuál es el alcance de la aparición de Pepe Piñera? ¿Es útil? ¿Servirá para algo? ¿Logrará salvar la obra por la que se le conoce en todo el mundo? La verdad es que su panorama se ve bastante oscuro y el origen de esa oscuridad es, precisamente, cierta desidia intelectual y una tozudez política y discursiva tremenda. Esta porfía aporta, quién podría dudarlo, una polémica que eleva un debate público que se encuentra dominado por lo estratégico y políticamente correcto. Aun así, también aporta una pobreza argumental que más parece tapada de oídos que discusión racional.

Cuando los civiles del régimen de Pinochet lograron instalar una serie de reformas modernizadoras (entre ellas la capitalización individual), tuvieron que luchar con un poder militar que creía bastante en el poder del Estado. De ahí que, aunque la mayoría de las personas comenzaron a tener AFP para administrar sus ahorros, las Fuerzas Armadas continuaron con un sistema de reparto que les aseguraba buenas pensiones, pero que dilapidaban los recursos del fisco. Cuando la Concertación llegó al poder, quizás prudente al recordar los hechos de los años 60 y 70, se decidió a no tocar el sistema de las Fuerzas Armadas. Los economistas no hicieron nada, no dijeron nada y jamás se insistió en cuán relevante era traspasar a los uniformados al sistema privado. Fuera como fuera, era necesario mantener la igualdad de todos los ciudadanos. Bastó que el caso Andrade se hiciera público para hacer explotar la bomba. Ahora todos piden que se profundice un sistema que el mismo Andrade demostró que solo trae aparejado injusticia y corrupción.

Por eso José Piñera, creo, llegó atrasado. La encuesta Cadem lo demostró hace poco. Que un altísimo porcentaje de la población crea que los fondos de pensiones le pertenecen o a la AFP o al Estado solo nos dice que vivimos en un país que cree que no hay diferencia entre el sistema de reparto y el actual, excepto porque “la caja” sería privada. Lo que Piñera nunca entendió es que nuestra mentalidad sobre las pensiones está anclada en el antiguo sistema y que nunca se adaptó a las características y beneficios de uno de capitalización individual. El cosismo, esa enfermedad que tiene a la derecha con cáncer terminal en las universidades y en la política nacional, está desbaratando todas las reformas que ellos mismos llevaron a cabo. Su ingenuo pensamiento tecnocrático y despolitizador está llevando a término su época de influencia. Algún día tendrán que entender que las batallas no son solo por las políticas públicas, sino también por ideas y que los relatos alrededor de ellas —las ideologías— no son necesariamente sinónimos de totalitarismo y represión. Mal que mal, sus propias reformas fueron posibles gracias al contexto autoritario de la época.

Lo anterior es especialmente notorio cuando vemos el contexto en que las AFP aparecieron. Inicialmente, el modelo estaba pensado para personas que tenían trabajos estables y podían trabajar 40 años. El problema es que, al mismo tiempo, se trataba de instalar un discurso de flexibilidad laboral. En Chile nunca se pudo avanzar en esa línea, así que la adaptación surgió de forma espontánea. El mismo Estado fomentó la contratación a honorarios, muchas veces de forma irregular, para evitar los altos costos de los trabajadores. Los empleados, por su parte, comenzaron a trabajar en este contexto que les impedía cotizar de forma individual. ¿Cuándo se discutió esto? ¿Cómo se podía hacer converger el discurso de la capitalización individual con el de una flexibilidad informal creciente y con el del riesgo que implica el emprendimiento? La posibilidad de las lagunas jamás fue tema, pues siempre se les consideró fruto de la irresponsabilidad. Quienes idearon sistemas como el que tenemos actualmente, no consideraron fundamental crear relatos y discursos unificadores que los explicaran y dieran sentido. La mirada de Piñera, entonces, por correcta que sea, es sumamente esquemática.

Si de verdad se quiere un país de emprendedores, será necesario pensar en el sistema de pensiones desde esa perspectiva. Querámoslo o no, lo que tenemos hoy está pensado más bien para el trabajador asalariado. He ahí el error de discurso, pues, en la sociedad del riesgo, emprender no necesariamente es sinónimo de éxito. No basta ahora con hablar de la perfectibilidad del sistema, sino que es necesario pensar bien en su actualización. Esto porque, hasta ahora, lo único que se ha visto es que se busca convertir a la sociedad chilena en una aún más pasiva, algo que cualquier liberal criticaría sin dudar.

Educación estatal: si hay problemas (como los hay, y muchos), sigamos hacienda más de lo mismo

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Si hay problemas, sigamos haciendo lo mismo

 Se reconocen los problemas pero se vuelve a insistir en la esperanza de una mejor gestión de un sistema que es, en su naturaleza, ineficiente. Así, por ejemplo, se hace mención a la necesidad de lograr una mejor gestión, moderna. Los objetivos que el Plan Estratégico plantea para el sector son:

•             “En primer lugar, mantener los logros actuales de cobertura y profundizar su alcance. Especialmente se focalizarán acciones sobre los grupos de población que presentan problemas de acceso por razón de su localización geográfica, su identidad étnica o su estrato socioeconómico.

•             En segundo lugar, mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte, asegurando la elevación del nivel académico a todos los ámbitos mediante la introducción de nuevas tecnologías, la capacitación permanente de docentes y el establecimiento de un sistema de evaluación y supervisión que permita conocer donde se encuentran los déficits en la transmisión y acumulación de conocimiento.

•             En tercer lugar, conseguir la articulación de todo el sistema educativo, de forma que se complementen los distintos ciclos formativos. En este caso, es especialmente importante la relación que debe existir entre la educación básica, la educación superior y la formación técnica-vocacional” (p. 100)

La mención a las mejoras de calidad, la gestión y la articulación son una constante en los análisis sobre la educación estatal, no solamente en Panamá. La calidad es un elemento esencial de este servicio y la capacitación de los docentes es su componente básico, pero el sector público, enfrentado muchas veces con organizaciones sindicales que privilegian el status quo, no logra una gestión eficiente:

“Es necesario lograr una gestión moderna, descentralizada y eficiente. Para ello es indispensable la modernización de los sistemas de administración de recursos humanos, de administración del mantenimiento, de recolección, manejo y seguimiento de la información general y de las estadísticas e indicadores del sistema educativo”.

El problema es, por supuesto, de alta complejidad, ya que nunca es sencillo gestionar una organización con cientos de unidades de servicio y miles de empleados. No lo es tampoco para ninguna empresa privada de magnitud, las cuales se enfrentan incluso al problema de tener su organización dispersa por distintos países, con distintos sistemas jurídicos, monetarios, con distintas culturas y tradiciones. Pero esas grandes organizaciones han comprendido la necesidad de la descentralización, de la delegación de funciones y capacidad de decisión, de la concentración en los objetivos esenciales y la contratación de aquellos que son, en definitiva, auxiliares, para alcanzar ciertos objetivos. Poco o nada de eso se encuentra en un sistema estatal centralizado, jerárquico, cerrado a la competencia y bloqueado a la innovación y el cambio.

Esa estructura centralizada, creada con el objetivo de generar economías de escala y mejorar la organización de la educación a nivel nacional, curiosamente, o tal vez no tanto,  termina sin lograr coordinación entre sus partes: “Cada entidad funciona de manera aislada sin la adecuada coordinación, articulación y vinculación, resultando en duplicidad de acciones, pérdida de recursos, y esfuerzos diluidos” (p. 102).

No es una estructura pequeña: el Ministerio de Educación (MEDUCA) es la agencia estatal con mayor número de empleados, 56.418, una cuarta parte de todos los empleados Públicos.

Por qué un jean se paga en el exterior a u$s 20 y en Argentina a u$s 100. ¿Es un problema de costos?

El diario La Nación trae un interesante artículo sobre el precio de los pantalones jeans en Argentina con el título “Por qué un jean en el exterior se consigue a u$s 20 y en la Argentina cuesta $ (pesos) 1500”: http://www.lanacion.com.ar/1923766-por-que-vestirse-es-tan-caro-los-costos-ocultos-de-la-ropa-en-la-argentina

Para aclarar el título a los lectores de otros países, el precio local en dólares sería de u$s 100.

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Y el comentario final que quiero hacer al respecto es una visión inversa del problema a cómo lo trata el informe de la UADE que el artículo comenta: el precio local es así de alto porque la importación está cerrada.

Si ésta estuviera abierta el precio local no sería diferente del precio internacional, y los costos tenderían también a igualarse, o los recursos que se utilizan ahora para producirlos se dedicarían a otra cosa.

El informe, y el artículo, dan a entender que son los costos los que determinan los precios, por eso buscan estudiar cuánto corresponde a cada ítem. Por ejemplo, “el costo de producción de una prenda, que comprende la materia prima, la fabricación y el margen del confeccionista, suele representar entre el 20 y el 25% del precio final del producto”. Supuestamente esto incluye el costo de la mano de obra.

El ‘costo comercial’ incluiría el “costo del alquiler, la comisión inmobiliaria y las expensas, junto con cuestiones financieras (aranceles por utilización de tarjetas o los costos de las promociones bancarias) representan entre el 20 y el 25% del precio de venta al público. A su vez, otro 20% corresponde a los costos operativos y el desarrollo de la marca, con ítems como el diseño y desarrollo de producto, la publicidad y la implementación de acciones de marketing.”

Por último, “el esquema impositivo es otro rubro de peso. Según estimaciones de la UADE, un 27% del monto que paga el consumidor final por su prenda corresponde a impuestos, entre los que se incluye el 21% de alícuota del IVA (Impuesto al Valor Agregado)”.

Sin embargo es al revés, es porque el precio de un jean importado es superior a u$s 100, o infinito si es que está prohibido su ingreso, que el empresario hace su cálculo económico y contrata esos otros recursos ‘no transables’ que se benefician también de la protección, de estos productos y de todos los demás (o sea que son caros para todos los productos), a precios que son también diferentes a los precios internacionales. La competencia interna no logra reducir los precios porque todos se enfrentan a costos de servicios e impuestos similares. Y eso no va a cambiar con el arancel o la prohibición de por medio. Es decir, que la prohibición protege no solo a los fabricantes de jeans sino también, indirectamente, a todos los demás en la ‘cadena de valor’.

Todo, por supuesto, a costa del consumidor, quien paga todo eso. Y más a costas del consumidor pobre, quien podría comprar otras cosas si gastara tan solo $20 en un jean (le quedarían $80 disponibles).

La salida no llegará porque alguna vez se reducirán los costos y así bajará el precio de los jeans. Vendrá del otro lado, por la presión que ejerza la mayor competencia, que obligará a todos a ser más eficientes.

Tómese nota que no necesariamente estoy proponiendo la eutanasia de la producción y los servicios locales. Como bien propone Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, esa apertura puede ser gradual para permitirles acomodarse. Pero tiene que estar claro desde el principio que esquilmar a los consumidores dejará de ser una alternativa posible.

Hay diputados que no presentan proyectos de ley: ¿es eso algo malo o mejor que no lo hagan?

El diario La Nación publica una noticia con el título “Medio centenar de diputados no presentó ningún proyecto de ley”: http://www.lanacion.com.ar/1923920-medio-centenar-de-diputados-no-presento-ningun-proyecto-de-ley

La noticia es presentada con un cierto tinte negativo, como si no trabajaran o no cumplieran con las promesas realizada. Esto último no sería de extrañar, pero es mucho más discutible que la falta de esa actividad sea algo negativo. Esto, además, trae a colación el tema más difícil de cómo evaluar las actividades de representantes electos.

Votar

“LLegaron a sus bancas de la Cámara de Diputados con una ristra de promesas y el compromiso de ser dignos representantes del pueblo que los votó. Sin embargo, transcurridos ya siete meses de tarea parlamentaria desde la renovación de ambas cámaras del Congreso, 51 diputados nacionales, tanto oficialistas como de la oposición -el 20% de un cuerpo de 257 integrantes-, no presentaron hasta ahora ningún proyecto de ley.”

En el Estado hiper-regulador actual, presentar más proyectos de ley no es ninguna contribución, todo lo contrario, estaría acumulando más normas y costos de transacción en la economía, a menos, por supuesto, que fueran proyectos de ley para derogar normas existentes. Pero esto ya lleva a una evaluación cualitativa, y no cuantitativa, de la labor de los legisladores. Un diputado podría presentar un solo proyecto de ley pero éste derogar cientos de normas que traban hoy nuestras acciones o les imponen costos y eso ser mucho más importante que cien proyectos de regular esto o aquello.

El artículo toma como ejemplo, nada menos que a Máximo Kirchner: “Al tope de la lista con cero proyectos de ley presentados aparece el diputado Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner y cabeza de la lista de candidatos por Santa Cruz el año pasado. Kirchner no sólo no propuso ninguna ley hasta ahora; tampoco presentó proyecto de resolución o de declaración alguno, que son iniciativas de tipo declamativo y de redacción más sencilla que una ley.”

Pero, ¿no es mucho mejor que esto sea así? Imaginemos qué hubieran sido sus proyectos: uno para dar marcha atrás con la eliminación del cepo cambiario porque quita al estado de una importante herramienta de política económica, una declaración contra la persecución judicial a su madre y a funcionarios de su gobierno, y así. Mucho mejor es que se quede todo el día jugando a la Play-Station.

Esto plantea el tema más general de cómo evaluar a los representantes electos, tema que ha sido desarrollado en la economía bajo el ámbito de la teoría del agente y el principal, es decir, uno que contrata y otro que es contratado. El contenido central de esta teoría es analizar esas relaciones y cómo alinear los incentivos para que el agente (el contratado, el representante), persiga los objetivo que se planteara el principal (el contratante).

La economía, la administración de empresas y la gestión de recursos humanos ha avanzado mucho en esto, y seguramente hay algo que se puede aprender de eso. En general, los sistemas de incentivos en las organizaciones apuntan a evaluar más los resultados que el esfuerzo. Este artículo busca algún indicador y sugiere que la presentación de proyectos muestra cierto grado de “esfuerzo”, pero como se manifestara antes, lo que importa son los resultados, que son mucho más cualitativos que cuantitativos.

Y hay un punto adicional: ¿quién debería realizar esa evaluación? En las empresas los accionistas son los ‘principales’ y tienen que evaluar a los agentes ‘miembros de los directorios’ que los representan. Luego éstos, a su vez, deben evaluar a los ejecutivos, empleados, etc.

En el caso de la política es fundamental el sistema electoral, ya que son los votantes los que finalmente evalúan a los representantes, pero admitamos que el sistema de representación proporcional con listas no facilita la tarea ya que el votante elige una lista completa y no un representante en particular. En fin, el tema da para mucho y no es éste el ámbito para desarrollarlo. Tan sólo para plantear su importancia.

Educación: el énfasis de las políticas Públicas está en la cantidad, no en la calidad de sus resultados

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

El énfasis de las políticas públicas dirigidas hacia la educación ha estado siempre sesgado hacia la cantidad y no la calidad, siendo ésta la realmente importante para la construcción de lo que se denomina “capital humano”. Más que las tasas de cobertura, de asistencia o los años de escolaridad, lo que verdaderamente hay que medir y considerar son los conocimientos y las habilidades incorporadas en el proceso educativo. Eric A. Hanushek, de Stanford University y    Ludger Woessmann, de la Universidad de Munich señalan, por ejemplo, que la diferencia de resultados alcanzados por los países asiáticos respecto a los latinoamericanos se explica más por los niveles de educación alcanzados en lectura y matemática que por los años de asistencia a la escuela (Hanushek & Woessmann, 2015).

La mención a mejoras en la matrícula de la educación preescolar y pre-media se corresponde con los datos oficiales, como se verá más adelante. La ausencia de mención en ese párrafo de la educación primaria se debe a que la matriculación ha caído en este nivel, sobre el cual se reconoce, además, una caída de su calidad:

“Sin embargo, a pesar de importantes avances, Panamá no ha logrado superar las deficiencias en la calidad de la educación primaria. Se requiere particularmente fortalecer la enseñanza de las asignaturas de español y matemáticas, básicas para la adquisición de conocimientos, que son las materias en las cuales los alumnos de primaria muestran las mayores deficiencias” (p. 97).

En cuanto a la Educación Pre-Media y Media dice: “En los niveles de pre-media y media, en el lado positivo vemos que, de acuerdo a la medición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (Informa sobre el Desarrollo Humano 2013), el 62,1% de la población ha completado la escuela secundaria… No obstante, al igual que en el nivel anterior, la calidad de la educación es un problema grave, particularmente en las materias básicas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y es especialmente preocupante el bajo dominio de los estudiantes en los ámbitos de la lectura, la escritura y la comprensión. La baja calidad de la educación impartida en el nivel primario, resulta en una base muy débil para los aprendizajes en este nivel” (p. 98).

El Banco Mundial (2012) confirma esto:

“El importante logro de Panamá en cuanto a años de educación no se refleja en la calidad de los graduados. El logro educativo de Panamá es cercano al promedio de los países desarrollados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); no obstante, la calidad de la educación en el país según la medición del PISA de 2009 está 150 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Las estimaciones indican que un año de escolaridad debería aumentar el puntaje del PISA en 50 puntos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la calidad, los años de escolaridad en Panamá no estarían cerca de los 11 sino de los 8” (p. 30) .

Los síntomas de la educación estatal son evidentes. En el nivel de enseñanza superior, por ejemplo, donde el costo por alumno universitario es el doble del costo promedio por estudiante en los demás niveles, la realidad es que “la mayor parte del presupuesto está destinado a gastos de operación, con menos del 10% disponible para gastos de inversión” (p. 98) .