Archivo del Autor: Martin Krause

Las empresas privadas se lanzan a aprovechar el espacio, ¿nosotros queremos una nave espacial estatal?

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Hace pocas semanas se conoció una noticia según la cual un cohete de prueba estalló a dos metros del suelo, un prototipo de la Cómisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Vale la pena gastar dinero publico en eso? El mundo parece que va para otro lado:

http://www.infobae.com/2014/03/05/1547862-un-cohete-fabricacion-nacional-estallo-dos-metros-del-suelo-un-lanzamiento-prueba

En el Diario Siglo XXI de Guatemala, aparece una columna por Édgar Castro Bathen, profesor de Astronomía quien comenta sobre el avance de empresas privadas hacia el aprovechamiento del espacio y otros planetas, en particular de la empresa SpaceX que se presenta como una empresa que “diseña, produce y lanza cohetes y naves espaciales”. La empresa fue fundada en 2002 “para revolucionar la tecnología espacial “con el fin último de permitir a la gente vivir en otros planetas”.

http://m.s21.com.gt/astrofaro/2014/05/24/spacex

SpaceX

Aquí la columna:

Hoy quiero contarles un poco sobre lo que está pasando en la industria aeroespacial en los Estados Unidos. Desde que la NASA retiró los transbordadores los viajes al espacio parecen haber caído en un letargo, pero esto terminará muy pronto. Lo que sucede es que la industria está en un período de transición hacia la iniciativa privada.

Un ejemplo de esto es la empresa SpaceX. Esta fue fundada en junio de 2002 por el millonario Elon Musk y otros accionistas, pero especialmente el primero, quien quería hacer algo diferente con su riqueza, no solamente retirarse o hacer filantropía. Su visión se enfocó en que debe existir un acceso relativamente barato al espacio para proyectos tanto del Gobierno como de la iniciativa privada.

Musk quería construir un cohete simple y relativamente barato de reutilizar, que tuviera la misma facilidad para ir y venir que hoy tienen las líneas aéreas. En marzo de 2006, invirtió más de 100 millones de dólares de su bolsa para empezar y tuvo tanto éxito que pronto se le unieron más accionistas al punto de que en 2012 la compañía ha alcanzado un valor de 2.4 mil millones de dólares y pasó de 160 empleados a 3,800.

Musk cree que los altos costos de viajar al espacio se debían a la excesiva burocracia que tenía la NASA y rediseñó toda la línea de fabricación para tener naves espaciales más baratas y más rápidas. SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en poner un vehículo en órbita terrestre y regresarlo el 8 de diciembre de 2010, luego de que su cápsula Dragon regresó después de dar dos órbitas alrededor de la Tierra. La privatización de los viajes al espacio había nacido.

Hoy, SpaceX ha construido nuevas y mejores naves, ha revelado conceptos y diseños futuristas que incluyen el establecimiento de la primera base en Marte. Musk espera poder enviar humanos a Marte en 10 o 20 años. Tiene un proyecto llamado Mars Colonial Transport que trata de la primera nave privada para llevar humanos a Marte y regresarlos a la Tierra. Esto último lo subrayo porque hay una gran diferencia con el proyecto Mars One, que solo ofrece viaje de ida a Marte ¡sin regreso!

En 2009 abrieron su departamento de formación de astronautas. La companía anunció que sacarán las naves Falcon Heavy y Dragon v2 que tienen capacidad de llevar más carga al espacio. A la fecha han desarrollado las naves Falcon 1 y Falcon 9, los cohetes Merlin, Kestrel y Draco. Ya tiene contratos para 40 misiones de lanzamiento. La nueva generación de transbordadores espaciales saldrá en 2017.

Sus campos de prueba se encuentran en Texas y Nuevo México, pero el campus más grande está en California, donde se crean los componentes de alta tecnología y están todos los gurús espaciales.

Y para confirmar que no son solo palabras, hace unos días, el 18 de mayo vimos en las noticias que la nave espacial Dragon, totalmente automatizada, subió a la estación espacial y trajo de regreso un cargamento de más de mil libras de experimentos que los científicos necesitan aquí en la Tierra.

Damas y caballeros, ¡bienvenidos a la privatización del espacio!

Alberdi y el derecho de propiedad

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De la propiedad en sus relaciones con la producción industrial

Alberdi

La propiedad, como garantía de derecho público, tiene dos aspectos: uno jurídico y moral, otro económico y material puramente. Considerada como principio general de la riqueza y como un hecho meramente económico, la Constitución argentina la consagra por su artículo 17 en los términos más ventajosos para la riqueza nacional. He aquí su texto: – La propiedad es inviolable, ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que expresa el art. 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley y de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo, de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

La economía política más adelantada y perfeccionada no podría exigir garantías más completas en favor de la propiedad, como principio elemental de riqueza.

Se ha visto que la riqueza, o bien sea la producción, tiene tres instrumentos o agentes que la dan a luz: el trabajo, el capital y la tierra. Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza. Tal es la trascendencia económica de todo ataque a la propiedad, al trabajo, al capital y a la tierra, para quien conoce el juego o mecanismo del derecho de propiedad en la generación de la riqueza general. La propiedad es el móvil y estímulo de la producción, el aliciente del trabajo, y un término remuneratorio de los afanes de la industria. La propiedad no tiene valor ni atractivo, no es riqueza propiamente cuando no es inviolable por la ley y en el hecho.

Pero no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada en su principio, y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso, -en el uso y disponibilidad de sus ventajas. Los tiranos más de una vez han empleado esta distinción sofística para embargar la propiedad, que no se atrevían a desconocer. El socialismo hipócrita y tímido, que no ha osado desconocer el derecho de propiedad, ha empleado el mismo sofisma, atacando el uso y disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización del trabajo. Teniendo esto en mira y que la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal, la Constitución argentina ha consagrado por su artículo 14 el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad, con lo cual ha echado un cerrojo de fierro a los avances del socialismo.

La Constitución no se ha contentado con entablar el principio de propiedad, sino que ha dado también los remedios para curar y prevenir los males en que suele perecer la propiedad.

El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca.

Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública. Para cortar este achaque, la Constitución ha exigido que el Congreso, es decir, la más alta representación del país, califique por ley la necesidad de la expropiación, o mejor dicho, de la enajenación forzosa, pues en cierto modo no hay expropiación desde que la propiedad debe ser previamente indemnizada.

Puede ser atacada la propiedad por contribuciones arbitrarias o exorbitantes del gobierno. Para evitar este mal ordinario en países nacientes, la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso el poder de establecer contribuciones.

La propiedad intelectual puede ser atacada por el plagio, mediante la facilidad que ofrece la difusión de una idea divulgada por la prensa o por otro medio de publicidad. Para remediarlo, la Constitución ha declarado que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que la ley le acuerde. Esto es lo que vulgarmente se llama privilegio o patente de invención, que, como se ve no es monopolio ni limitación del derecho de propiedad, sino en el mismo sentido que así pudiera llamarse la propiedad misma.

El trabajo y las facultades personales para su desempeño constituyen la propiedad más genuina del hombre. La propiedad del trabajo puede ser atacada en nombre de un servicio necesario a la República. Para impedirlo, la Constitución declara que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Se entiende que la ley o la sentencia no son causa, sino medio de exigir el servicio que tiene por causa la de un compromiso personal libremente estipulado.

La propiedad puede ser atacada por el derecho penal con el nombre de confiscación. Para evitar_ lo, la Constitución ha borrado la confiscación del código penal argentino para siempre.

La propiedad suele experimentar ataques peculiares de los tiempos de guerra, que son los ordinarios de la República Argentina, con el nombre de requisiciones y auxilios. Para evitarlo, la Constitución previene que ningún cuerpo armado puede ser requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

La Constitución remacha el poder concedido a las garantías protectoras de la propiedad, declarando por su artículo 29 que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobiernos de provincias, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgar les sumisiones o supremacías por las que queden a merced de gobiernos o persona alguna las fortunas de los Argentinos.

En todos estos principios y garantías con que la Constitución defiende el derecho de propiedad contra los ataques que de diversos modos lo persiguen, la Constitución hace otros tantos servicios a la riqueza pública, que tiene en la propiedad uno de sus manantiales más fecundos.

El trabajo informal: ¿aumento de las sanciones o reducción de las normas?

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Un tema para los alumnos de derecho sobre todo. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley con la finalidad de promover el registro laboral y generar nuevas fuentes de trabajo, que fue aprobado en el Senado en estos días. Sobre esto escribe un artículo Ricardo Floglia, Director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral.

http://www.lanacion.com.ar/1692346-el-proyecto-oficial-contra-la-informalidad-no-reconoce-la-causa-del-problema

Contribuciones sociales

El proyecto propone un aumento de las sanciones y registros necesarios y una reducción permanente del 50% de las contribuciones para empresas que tengan menos de cinco trabajadores, y otra transitoria, por 24 meses, para las empresas de más de 5 trabajadores que incorporen nuevos empleados.

Respecto al aumento de las sanciones dice: “Llama la atención este criterio ya que se opone a otro esgrimido por las autoridades hasta hace muy poco, y a causa del debate sobre el proyecto de Código Penal, que expresaba que la elevación de penas no traía aparejada una reducción de los ilícitos.”

Luego comenta:

“No es exacto que el trabajo no registrado tenga, como una causa preponderante, la escasez de las sanciones, y si el diagnóstico de los motivos es errado los remedios propuestos son inapropiados.”

“En nuestro país, el trabajo en negro, en escala relevante, comienza en la década del 70 y desde entonces se fue incrementado hasta llegar al actual 34% o 38% (según cuál sea la medición).”

“Dicho fenómeno se concentra en las empresas de menos de cinco trabajadores (57%) que generan 50% del empleo privado, y registra altos porcentajes en las empresas de hasta 20 trabajadores. Reducir la cuestión a un tema de sanciones y costos laborales y presumir que esos empresarios sean deliberados violadores de la ley vigente, es una simplificación equivocada.”

Y ahora el análisis económico:

“La cuestión es de raíz económica y lo que sucede es que dichas empresas no pueden soportar los costos impositivos y fiscales; las tasas a las que están sometidas; la carencia y el elevado costo del crédito bancario; los costos derivados de contratar profesionales para que preparen sus declaraciones y demás documentos originados en la complejidad normativa; los resultantes de cumplir con una ley (ley de contrato de trabajo) pensada -en la década del 70- para la gran empresa industrial concentrada, y las multas que por defectuosa registración impone la legislación (leyes 24.013 y 25.323).”

“Si a ello se le agrega que desde el momento de la registración las citadas empresas quedan expuestas a las sanciones y reclamos, tanto fiscales como de la seguridad social por el pasado, y a ser eventualmente incluidas en el futuro en un registro que implica severas sanciones, no se advierte que la sola reducción de 50% de algunas contribuciones vaya a ser un incentivo interesante de inclusión en el sistema ni que aporte alguna solución al problema.”

Y finalmente, un punto bien interesante:

“A ello cabe agregar una cuestión de ejemplaridad. El principal empleador con trabajadores en negro de nuestro país es el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, que recurre a dudosos contratos de cobertura y a la no salarización de remuneraciones.”

“Quizás hubiera sido más conveniente que el ejemplo partiera del Estado, con una ley que lo obligara a regularizar esas situaciones, en vez de amenazar con más sanciones a las pequeñas empresas.”

Al margen de estos temas, quiero aclarar un concepto económico respecto a las contribuciones «patronales». Todas ellas salen del salario del trabajador, por más que formalmente las pague la empresa. Esto es porque cuando alguien contrata un empleado toma en cuenta el costo total de la contratación (salario más cargas sociales), y toma en cuenta el salario que el empleado se lleva nada más que para saber cuánto tiene que pagarle para que no se vaya a otro empleo. Pero su «costo» es el costo total.

Esto mismo les sucederá a los abogados en sus estudios cuando tengan que contratar un asistente, lo que tomarán en cuenta es el costo total. Para esta decisión es irrelevante si luego el empleado se lleva el 50% del total. Es decir, hay un nivel de salario, pero luego la ley decide que el trabajador se lleve en la mano solamente el 50%. El resto son cargas (impuestos) que o paga directamente, o las paga el empleador por él.

 

¿Una nueva medición que puede revolucionar el análisis y las políticas económicas?

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Con el nombre “Al fin una mejor medición económica”, Mark Skousen escribe en el Wall Street Journal sobre un cambio en las estadísticas de producción en Estados Unidos que, junto con Steve Forbes, podría producir un cambio radical en la forma de observar y analizar la economía. Aquí sus comentarios:

Mark Skousen

“Desde el 25 de Abril, la Oficina de Análisis Económico dará a conocer una nueva forma de medir la economía cada trimestre. Se llama “Producto Total”, y es la primera herramienta macroeconómica significativa que se presenta desde que se desarrollara el Producto Bruto Interno (PBI) en los años 1940.

Steven Landefeld, director de la OAE dice que esta herramienta ofrece una ‘perspectiva única’ y un ‘nuevo conjunto de herramientas de análisis’. El Producto Total es un intento de medir lo que la OAE llama economía “productiva”-el total de ventas desde la producción de materias primas a través de productores intermediarios hasta la venta final mayorista y minorista. Valorada en más de 30 billones de dólares a fines de 2013, es casi el doble del PBI, y mucho más volátil.

En muchos aspectos es una estadística de la oferta, una medida del lado de la producción de la economía. El PBI, por otro lado, mide el “uso”, el valor de todos los bienes y servicios “finales” utilizados por consumidores, empresas y gobierno. Alcanzó 17 billones el año pasado.

La medición del producto total de la economía se ha realizado desde los años 1930. Fue desarrollado por el economista Wassily Leontieff, pero se enfocaba en industrias individuales, no en datos agregados como medida total de la actividad económica. El Producto Total ha sido ignorado por los medios y por Wall Street porque el gobierno lo emitía cada año, y estaba atrasado dos o tres años. Esto cambiaría ahora que será anunciado junto con el PBI cada trimestre. Los analistas y los medios van a poder compararlos.

¿Por qué prestar atención al producto total? Para empezar, las investigaciones que publiqué en los años 1990 muestran que mide mejor la actividad económica total. El PBI es una medida útil del estándar de vida y el crecimiento económico de un país. Pero se enfoca en el producto final y no considera las etapas intermedias y como resultado genera mucho daño en nuestra comprensión de cómo funciona la economía.

En particular, ha llevado a la equivocada noción keynesiana de que el gasto de consumo y de gobierno impulsan a la economía en vez del ahorro, la inversión de las empresas, la tecnología y la empresarialidad. Datos del PBI de fines de 2013 colocan al gasto en consumo en el primer lugar de importancia (68% del PBI) seguido de los gastos de gobierno (18%) y la inversión de las empresas en tercer lugar (16%). Las exportaciones netas (-2%) completan la diferencia.

Estos periodistas y muchos analistas económicos informan que “el gasto de consumo impulsa la economía”. Y se enfocan en las ventas minoristas o en la confianza de los consumidores como factores críticos en impulsar la economía o el mercado accionario. Subyace una mentalidad anti-ahorro en este análisis como se evidencia en los comentarios presentados en debates sobre reducciones o devoluciones de impuestos de que si los consumidores lo ahorran en lugar de gastarlo, no hará bien  a la economía. Algunos presidentes, incluyendo a George W. Bush y Barack Obama se han hecho eco de este sentimiento cuando alentaron a los consumidores a gastar en lugar de ahorrar e invertir esas devoluciones.

Aunque el gasto en consumo es un 70% del PBI, si se utiliza el Producto Total como medida más amplia de las ventas y el gasto total, representa menos del 40% de la economía. La realidad es que los gastos de las empresas –sumando inversiones de capital y todos los gastos empresariales en las etapas intermedias de la cadena de producción- son substancialmente más grandes que el gasto en consumo. Alcanzan a más del 50% de la actividad económica. Los datos de 2012 muestran un Producto Total de 28, 6 billones y un PBI de 16,4 millones de dólares.

La importancia crítica de la actividad empresarial es clara cuando se miran las estadísticas de empleo y los principales indicadores económicos. Los empleados en el área del consumo (ventas minoristas y actividades de placer) son el 20% del total de la fuerza laboral, y otro 15% de los distintos niveles de gobierno. La mayoría de los trabajadores, 65%, trabajan en la minería, manufactura y los servicios.

…

El Producto Total también hace un mejor trabajo para medir las subas y bajas del ciclo de los negocios. Por ejemplo, en 2008/09 en PBI nominal cayó solamente 2% mientras que el producto total cayó 8%, mucho más indicativo de la profundidad de la recesión. Es interesante también, que desde 2009 está creciendo más rápido que el PBI, sugiriendo una recuperación más robusta.

Finalmente, como una medida más amplia de la actividad económica, el producto total es más consistente con la teoría del crecimiento económico. Estudios de Robert Solow del MIT y de Robert Barro de Harvard han mostrado que el crecimiento económico depende principalmente del lado de la oferta –más tecnología, empresarialidad, formación de capital y ahorros productivos e inversión. El alto consumo es el efecto, no la causa, de la prosperidad.

Alberdi y las libertades políticas que tienen consecuencias económicas

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Para Alberdi las libertades políticas tienen claros contenidos económicos.

Alberdi 3

Por ejemplo:

La libertad o derecho de petición, es una salvaguardia de la producción económica, pues ella ofrece el camino de obtener la ejecución de la ley, que protege el capital, la tierra y el trabajo, sin cuya seguridad la riqueza carece de estímulo y la producción de objeto.

La libertad o derecho de locomoción es un auxilio de tal modo indispensable al ejercicio de toda industria y a la producción de toda riqueza, que sin ella o con las trabas puestas a su ejercicio, es imposible concebir la práctica del comercio, v. g., que es la producción o aumento del valor de las cosas por su traslación del punto de su producción al de su consumo; y no es menos difícil concebir producción agrícola o fabril, donde falta el derecho de darle la circulación, que le sirve de pábulo y de estímulo.

La libertad de publicar por la prensa importa esencialmente a la producción económica, ya se considere como medio de ejercer la industria literaria o intelectual, o bien como garantía tutelar de todas las garantías y libertades tanto económicas como políticas. La experiencia acredita que nunca es abundante la producción de la riqueza, en donde no hay libertad de delatar y de combatir por la prensa los errores y abusos que embarazan la industria; y, sobre todo, de dar a luz todas las verdades con que las ciencias físicas y exactas contribuyen a extender y perfeccionar los medios de producción.

La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista de esta época, que, con pretexto de organizar esos derechos, pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio.

La libertad de asociación aplicada a la industria, es uno de los resortes más poderosos que reconozca la producción económica moderna; y en la República Argentina es garantía del único medio de satisfacer la necesidad que ese país tiene de emprender la construcción de ferrocarriles, de promover la inmigración europea, de poner establecimientos de crédito privado, mediante la acción de capitales asociados o unidos, para obrar en el interés de esos fines y objetos.

La libertad de asociación supone el ejercicio de las otras libertades económicas; pues si el crédito, si el trabajo, si el uso de la propiedad, si la locomoción no son del todo libres, ¿para qué ha de servir la libertad de asociación en materia industrial?

El derecho de profesar libremente su culto, es una garantía que importa a la producción de la riqueza argentina, tanto como a su progreso moral y religioso. La República Argentina no tendrá inmigración, población ni brazos, siempre que exija de los inmigrantes disidentes, que son los más aptos para la industria, el sacrificio inmoral del altar en que han sido educados, como si la religión aprendida en la edad madura tuviese poder alguno y fuese capaz de reemplazar la que se ha mamado con la leche.

La libertad de enseñar y aprender se relaciona fuertemente con la producción de la riqueza, ya se considere la primera como industria productiva, ya se miren ambas como medio de perfeccionar y de extender la educación industrial, o como derogación de las rancias leyes sobre maestrías y contratos de aprendizaje. En este sentido las leyes restrictivas de la libertad de enseñar y aprender, a la par que ofensivas a la Constitución que las consagra, serían opuestas al interés de la riqueza argentina.

…

Vemos, por todo lo que antecede, que la libertad, considerada por la Constitución en sus efectos y relaciones con la producción económica, es principio y manantial de riqueza pública y privada, tanto como condición de bienestar moral. Toda ley, según esto, todo decreto, todo acto, que de algún modo restringe o compromete el principio de libertad es un ataque más o menos serio a la riqueza del ciudadano al Tesoro del Estado y al progreso material del país. – El despotismo y la tiranía, sean del poder, de las leyes o de los reglamentos, aniquilan en su origen el manantial de la riqueza -que es el trabajo libre-, son causas de miseria y de escasez para el país, y origen de todas las degradaciones que trae consigo la pobreza.

Inflación: ¿aumento de costos o expansión monetaria? Funes de Rioja y Espert

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Ya hemos mencionado en estas páginas, en más de una oportunidad, el debate sobre la causa de la inflación. He visto en estos días una opinión y un dato que dan mucha claridad a esta discusión. La opinión es del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja. El dato es del economista José Luis Espert.

Primero la entrevista: http://www.lanacion.com.ar/1692137-daniel-funes-de-rioja-el-gobierno-debe-intervenir-mas-fuerte-en-las-paritarias

“-Usted es titular de Copal, Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias. Déjeme provocarlo: «Funes de Rioja pertenece al club de los formadores de precios».

-(Imperturbable) No es cierto. La industria de alimentos y bebidas no forma precios. Hay muchos componentes que están arriba en la cadena. Hay que ver el impacto de la materia prima, la logística, los impuestos, los salarios…

-Graciela Bevacqua, ex Indec, dice que los alimentos subieron más del 50% en 12 meses.

-Bueno, hay factores que perturban. Cae piedra o granizo sobre el tomate, y subió el tomate. Entonces, cuidado con las simplificaciones. Me parece que esto es como decir quién tiene la culpa de la inflación. Y yo contestaría «Fuenteovejuna, señor».

-Pero Fuenteovejuna es todos y es nadie. En este juego del Gran Bonete, nadie es culpable de la inflación. El Gobierno no se hace cargo, los empresarios tampoco…

-Sí, pero son todos los eslabones de la cadena.Desde la política macro hacia los costos energéticos o de la logística.”

Dada la primer pregunta, parece que la teoría que Funes de Rioja presenta es la de “inflación de costos”, esto es, que lo que genera el aumento de los precios es el aumento de los costos. Esta idea se refuerza en el comentario final cuando señala que “son todos los eslabones de la cadena”, y, ¿tal vez en un gesto de diplomacia?, engloba tanto a los costos (energéticos, de logística), con la política macro.

Pero, ¿acaso los costos no son precios también? Solo que no son precios de bienes de consumo sino precios de bienes intermedios, material primas, mano de obra. ¿Qué es lo que hace que esos precios aumenten entonces? ¿Cómo es la relación entre la política macro y los costos/precios?

Bueno, la entrevista sigue por otros temas y no trata este punto que es central. ¿Por qué aumentan los costos? ¿Hay algún villano al final de las cadenas, que tal como un maremoto genera una sacudida que luego se transmite por kilómetros hasta llegar a los precios de consumo?

José Luis Espert señala cuál es esa causa última con un dato tan claro como contundente. En una nota muy escueta señala:

“Enero de 1943-Marzo de 2013 (70 años) = 831 meses = 831 datos.

Emisión monetaria promedio mensual (cualquier definición de dinero que tomes) = 3.97%.

Inflación = 3.96%

Devaluación = 3.65%.

Emisión=inflación=devaluación.

O sea, a la larga, inflarás y devaluarás lo que emitas de dinero”.

Correlacionar dos variables no demuestra causalidad. Para eso hace falta una teoría. Esa teoría está implícita en la nota de Espert, ha sido ya presentada y comentada en este blog o, para ir a sus comienzos, por David Hume hace más de 250 años.

Mises y Hayek sobre el cálculo económico en el socialismo y el equilibrio general

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Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I leyeron a Mises “El problema del cálculo económico socialista” y a Hayek: “El uso del conocimiento en la sociedad”. Los dos artículos están separados por 25 años pero muestran el proceso que llevó a estos autores desde la discusión acerca de la planificación socialista a la del modelo del equilibrio general y el planteo sobre el uso del conocimiento disperso.

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Mises plantea que el “cálculo económico” no es posible en el socialismo porque para ello se necesitan precios, y como los precios son el resultado de intercambios libres de derechos de propiedad en el mercado, y como el socialismo precisamente tiene como objetivo abandonar al mercado y eliminar la propiedad, entonces no habrá tal cosa como “precios” que puedan guiar la asignación de factores. Una administración socialista podrá decidir la producción de ciertos bienes de consumo final, pero será incapaz de poder determinar qué factores de producción asignar en cada caso, pues ése es el cálculo que hace el empresario en base a los precios que se generan en el mercado.

Tomemos un simple ejemplo: supongamos que hay que hacer un puente. (Claro, ¿cómo saber que un puente es necesario? En fin, asumamos esto ahora). SI preguntamos a los ingenieros de qué material pueden decirnos que, desde el punto de vista técnico, las posibilidades son: madera, cemento, acero, acero inoxidable o platino. Tenemos ahora que decidir qué material utilizar.

A primera vista parecería que usar platino sería ridículo (aunque tal vez los ingenieros digan que sería el material más flexible o resistente), pero esto es porque tenemos una noción de su precio que nos la da el mercado, o en el caso de una economía socialista tanto sea la memoria del mercado antes existente o los precios del “mercado” internacional. Mises hace referencia a esto y dice que, paradójicamente, la planificación socialista necesitaba del mercado aunque lo denigrara.

Sin precios, no habría forma de realizar un cálculo económico que permitiera asignar los recursos escasos y podríamos terminar con el puente de platino, o con uno de madera que no resiste al paso de los camiones, mientras que tanto el platino como la madera eran más necesarios para otros productos.

En respuesta a esta crítica de Mises, Oskar Lange y Abba Lerner, quienes no eran economistas soviéticos sino profesores de Chicago y la London School of Economics, propusieron que se generara un mercado y precios pero que las empresas serían todas del estado el que decidiría la asignación de capitales como lo harían los empresarios, y ajustaría los precios de la misma forma que lo haría el mercado, hasta llegar al equilibrio. El planificador socialista cumpliría el papel del “subastador walrasiano” quien modificaría precios hasta que las cantidades ofrecidas y demandadas se igualaran.

Hayek

El artículo de Hayek es el resultado postrero de este debate, al comprender, entonces, que la discusión no era ya con quienes proponían la economía planificada socialista sino con la idea del equilibrio general de Walras, ese mundo en el cual todas las acciones se encuentran coordinadas, todos los mercados se encuentran en el punto de equilibrio donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida.

Hayek señala que tal estado ideal solamente podría alcanzarse con el conocimiento completo de todas las circunstancias presentes y futuras, pero eso es precisamente lo que tenemos que explicar, esto es, cómo el mercado hace uso de ese conocimiento limitado y disperso y cómo lo transmite a través del sistema de precios. Existe un tipo de conocimiento, de tiempo y lugar, que no se puede transmitir a una autoridad central para que esta decida sobre la producción, o que si se hiciera lo sería a un alto costo. Es necesario entonces, dejar esa decisión en manos del “hombre en el lugar”, que posee tal información. Éste, as su vez, necesita información acerca del resto del mercado, de lo que los demandantes están necesitando y lo que otros oferentes están ofreciendo. Esto lo recibe a través de los precios.

Supongamos un productor de leche que tiene 30 vacas. Conoce a cada una de ellas con detalle, sabe cómo tratarlas para extraer la mayor y mejor cantidad de leche, sabe a cuál sacarle más si es que ha aumentado el precio o a cual sacarle menos si es que ha bajado. En una economía planificada esta información tendría que ir hasta una autoridad central y regresar como una decisión de producción. EL funcionario estaría evaluando la demanda total de leche, lo que se necesita en cada región o ciudad, y luego ordenando la producción.

EL mercado, en cambio, deja que esa decisión la toma el productor, con su propio conocimiento de las circunstancias y con la información que recibe del mercado a través del precio. Hayek señala que la discusión no si habrá o no habrá planificación. Siempre la hay, el tema es quién planifica.

Instituciones políticas y económicas en América: ¿en qué nos va mejor y peor?

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SI nos referimos a la calidad de las instituciones políticas, los cinco primeros puestos de toda la región corresponden a Canadá, Estados Unidos, Barbados, St. Lucia y St. Vincent y las Granadinas. Si tomamos solamente los países latinoamericanos serían Chile, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y Brasil. En cuanto a las instituciones de mercado: Estados Unidos, Canadá, Chile, Puerto Rico y Perú. En América Latina: Chile, Puerto Rico, Perú, Panamá y Colombia.

Los cinco peores en instituciones políticas en la región son: Venezuela, Haití, Honduras, Cuba y Paraguay, todos latinoamericanos y los cinco peores en instituciones de mercado: Cuba, Venezuela, Haití, Argentina y Bolivia, también todos latinoamericanos.

Todo el hemisferio registra un ICI promedio de 0,5391. Si tomamos solamente a Estados Unidos y Canadá, obtienen 0,9254, el resto cae a 0,5164. Los países caribeños no latinos promedian 0,6688 mientras que América Latina presente el promedio más bajo: 0, 4365.

Política Mercado ICI 2013
Canadá 0,9272 0,9357 0,9315
Estados Unidos 0,8912 0,9475 0,9194
Chile 0,8114 0,8757 0,8436
St. Lucia 0,8432 0,7434 0,7933
Puerto Rico 0,7479 0,7989 0,7734
Bahamas 0,7958 0,7047 0,7503
Barbados 0,8733 0,6165 0,7449
St. Vincent y las Granadinas 0,8353 0,6425 0,7389
Uruguay 0,7806 0,6237 0,7021
Dominica 0,7596 0,6248 0,6922
Costa Rica 0,7746 0,6019 0,6882
Antigua y Barbuda 0,6951 0,6296 0,6623
St. Kitts y Nevis 0,8190 0,4709 0,6449
Perú 0,4895 0,7453 0,6174
Panamá 0,5188 0,6558 0,5873
Jamaica 0,6157 0,5440 0,5798
Trinidad y Tobago 0,6076 0,5309 0,5693
Colombia 0,4530 0,6270 0,5400
Belice 0,6453 0,4149 0,5301
México 0,4117 0,6112 0,5114
Brasil 0,5697 0,4302 0,4999
El Salvador 0,4676 0,4832 0,4754
República Dominicana 0,4337 0,4629 0,4483
Guatemala 0,2939 0,5476 0,4207
Surinam 0,5963 0,2341 0,4152
Nicaragua 0,3421 0,4461 0,3941
Guyana 0,4425 0,3308 0,3866
Paraguay 0,2882 0,4049 0,3466
Honduras 0,2393 0,4012 0,3202
Argentina 0,4316 0,2052 0,3184
Bolivia 0,3870 0,2284 0,3077
Ecuador 0,3159 0,2655 0,2907
Haití 0,2320 0,1501 0,1910
Cuba 0,2727 0,0112 0,1420
Venezuela 0,1236 0,0445 0,0841

 

Componentes del ICI

¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada país de la región? Esto puede observarse en el siguiente cuadro:

Vigencia derecho Voz y rend. de cuentas Libertad prensa Percep. de corrupción Comp. Global Lib Econ Heritage Lib Econ Fraser Haciendo Negocios
Antigua y Barbuda 0,8019 0,6792 0,6041 0,6296
Argentina 0,2972 0,5708 0,4518 0,4068 0,3041 0,0730 0,1053 0,3386
Bahamas 0,6792 0,7547 0,8680 0,8814 0,8034 0,7500 0,5608
Barbados 0,8113 0,8726 0,8883 0,9209 0,6892 0,7528 0,5000 0,5238
Belice 0,4151 0,6934 0,8274 0,3596 0,4408 0,4444
Bolivia 0,1604 0,4528 0,5279 0,4068 0,3514 0,1180 0,2961 0,1481
Brasil 0,5236 0,6132 0,5431 0,5989 0,6284 0,3652 0,3355 0,3915
Canadá 0,9528 0,9434 0,8579 0,9548 0,9122 0,9719 0,9539 0,9048
Chile 0,8821 0,8019 0,6802 0,8814 0,7770 0,9663 0,9342 0,8254
Colombia 0,4434 0,4575 0,4365 0,4746 0,5405 0,8146 0,3750 0,7778
Costa Rica 0,6509 0,8302 0,8883 0,7288 0,6419 0,7079 0,5921 0,4656
Cuba 0,3255 0,0802 0,0355 0,6497 0,0112
Dominica 0,6934 0,7689 0,8020 0,7740 0,6517 0,5979
Rep. Dominicana 0,3019 0,5283 0,5939 0,3107 0,3041 0,5562 0,6053 0,3862
Ecuador 0,1226 0,3868 0,3249 0,4294 0,5338 0,1124 0,1250 0,2910
El Salvador 0,2830 0,4670 0,5838 0,5367 0,3514 0,6742 0,5263 0,3810
Estados Unidos 0,9151 0,8632 0,8883 0,8983 0,9730 0,9382 0,8947 0,9841
Guatemala 0,1509 0,3585 0,3553 0,3107 0,4257 0,5393 0,6382 0,5873
Guyana 0,3774 0,4953 0,6599 0,2373 0,3243 0,3258 0,2763 0,3968
Haití 0,0708 0,2547 0,5178 0,0847 0,0405 0,1292 0,3618 0,0688
Honduras 0,1179 0,3302 0,2944 0,2147 0,2568 0,3764 0,6382 0,3333
Jamaica 0,4245 0,6132 0,8883 0,5367 0,3784 0,6910 0,5987 0,5079
México 0,3632 0,5519 0,3249 0,4068 0,6351 0,6966 0,3882 0,7249
Nicaragua 0,2925 0,3208 0,4670 0,2881 0,3514 0,4326 0,6513 0,3492
Panamá 0,4906 0,6274 0,5279 0,4294 0,7365 0,6067 0,5658 0,7143
Paraguay 0,2264 0,4434 0,3249 0,1582 0,2027 0,5674 0,4211 0,4286
Perú 0,3302 0,5377 0,5533 0,5367 0,5946 0,7416 0,8618 0,7831
Puerto Rico 0,7406 0,6840 0,8192 0,8041 0,7937
St. Kitts y Nevis 0,7170 0,8821 0,8579 0,4709
St. Lucia 0,6887 0,8585 0,9442 0,8814 0,8202 0,6667
St. Vincent y las Granadinas 0,7642 0,8491 0,9086 0,8192 0,7135 0,5714
Surinam 0,5330 0,5755 0,8020 0,4746 0,2905 0,2753 0,2171 0,1534
Trinidad y Tobago 0,5000 0,6274 0,7665 0,5367 0,3851 0,5955 0,4868 0,6561
Uruguay 0,6651 0,7925 0,7665 0,8983 0,4392 0,7921 0,7237 0,5397
Venezuela 0,0142 0,2264 0,1523 0,1017 0,1014 0,0225 0,0066 0,0476

 

Canadá lidera en Vigencia del Derecho, Voz y Rendición de Cuentas, Percepción de la Corrupción, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser); St. Lucia en Libertad de Prensa; Estados Unidos en Competitividad Global y Haciendo Negocios.

En América Latina Chile lidera en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Costa Rica en Voz y Rendición de Cuentas y Libertad de Prensa; Uruguay en Percepción de la Corrupción; Puerto Rico en Competitividad Global.

Venezuela se encuentra último en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Cuba en Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica (Heritage); Haití en Percepción de la Corrupción y Competitividad Global.

 

Conclusión

En términos generales, América ha reducido su calidad institucional, el valor promedio de 2014 para todo el hemisferio (0,5391), es menor que el de 2013, con una reducción en casi todos sus componentes. El par de Canadá-Estados Unidos cae levemente de 0,9271 a 0,9254; el resto de América cae de 0,5186 a 0,5164. Dentro de este conjunto, los países del Caribe no latinos aumentan su promedio de 0,6366 a 0,6688 y los de América Latina caen de 0,4522 a 0,4365.

América Latina ha reducido su calidad institucional este año aunque, por supuesto, no todos los países muestran esa reducción. Hay buenos desempeños en la región, aunque los deterioros tiran el promedio hacia abajo. Es de esperar que los éxitos terminen iluminando el camino a los fracasos.

Calidad institucional en América: Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Costa Rica

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En todas las ediciones hemos presentado al conjunto de países del hemisferio americano en primer lugar. Todos estos países se incorporaron a Occidente, fueron “descubiertos”, esencialmente al mismo tiempo, todos siguieron también, más tarde o más temprano, un mismo camino de independencia. Hay distintos idiomas, distintas culturas, pero no menos de las que hay en Europa u otros continentes. No tiene mayor sentido separarlos entre “latinos y no latinos”, aunque luego separemos a los primeros para permitir una comparación entre sí dentro de una clasificación predominante.

Desde el inicio del ICI Canadá ha ocupado la primera posición. Este país ha mejorado también su posición en la clasificación general a partir de una mejora en sus instituciones de mercado resultado de reformas implementadas a fines del siglo pasado. El segundo lugar ha pertenecido a Estados y el tercero a Chile, que se mantiene estable en una destacada posición y a la cabeza de los países latinoamericanos. Si bien no exento de problemas esta calidad institucional le ha permitido a Chile alcanzar importantes logros en materia de progreso económico y calidad de vida, que ya fueran analizados aquí específicamente en ediciones anteriores.

La evolución de las posiciones en el hemisferio ha sido:

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Dif. 2007/2013
Canadá 7 7 5 5 5 6 7 11 4
Estados Unidos 11 11 9 9 7 9 9 13 2
Chile 22 22 21 21 22 24 21 22 0
St. Lucia 28 24 27 23 21 23 22 25 -3
Puerto Rico 30 32 35 35 29 34 33 3
Bahamas 35 34 38 41 34 29 26 23 -12
Barbados 36 33 37 40 31 39 42 32 -4
St. Vincent y las Granadinas 39 37 33 36 30 28 35 29 -10
Uruguay 43 41 44 46 52 60 53 50 7
Dominica 46 43 49 51 44 44 49 44 -2
Costa Rica 49 46 48 45 49 52 50 54 5
Antigua y Barbuda 53 49 47 48 48 47 40 51 -2
St. Kitts y Nevis 55 51 54 53 36 32 45 47 -8
Perú 60 64 65 68 79 83 81 80 20
Panamá 68 55 55 60 61 68 66 68 0
Jamaica 71 76 76 71 69 66 64 58 -13
Trinidad y Tobago 73 71 68 70 71 67 70 63 -10
Colombia 80 83 86 89 92 97 99 100 20
Belice 87 85 83 50 62 76 60 56 -31
México 89 88 87 85 82 79 79 75 -14
Brasil 94 89 89 94 95 98 93 90 -4
El Salvador 97 94 88 79 76 77 68 65 -32
Rep. Dominicana 105 106 109 100 101 102 101 114 9
Guatemala 109 108 106 103 102 109 102 109 0
Surinam 111 113 111 109 99 101 113 97 -14
Nicaragua 116 118 124 127 121 116 111 95 -21
Guyana 117 120 121 122 129 130 110 111 -6
Paraguay 125 126 131 134 140 136 137 128 3
Honduras 132 123 118 124 108 106 120 113 -19
Argentina 134 127 122 125 120 114 112 93 -41
Bolivia 136 136 140 143 145 133 125 118 -18
Ecuador 143 151 145 148 148 143 143 133 -10
Haití 164 168 163 152 153 164 169 165 1
Cuba 176 173 173 175 163 162 174 164 -12
Venezuela 184 183 181 185 180 174 172 161 -23

 

Como en años anteriores, luego de los tres primeros puestos se encuentran países pequeños o islas caribeñas, lo que parece sustentar la teoría que vincula la calidad institucional al tamaño de los países. El argumento es que países pequeños o insulares no pueden aislarse del mundo del cual dependen para el abastecimiento de gran número de bienes y servicios, y que esa apertura impone presión para generar buena calidad institucional, el costo del aislamiento sería muy elevado, tal como lo muestra Cuba. Algunos de esos países han caído en el índice pero, en general, se encuentran en buenas posiciones.

Como los dos primeros países en el ICI de la región son bien grandes (Canadá y Estados Unidos), esto podría señalar que el tamaño como tal no es un determinante directo de la calidad institucional. Otra teoría, que podría explicar estos casos, hace referencia al origen legal señalando que aquellos países que heredaron el sistema del common law inglés mostrarían una calidad institucional superior. Este sistema es más amistoso con las actividades económicas que los sistemas de tradición codificada continental. Algunos países caribeños clasifican en ambas categorías: tamaños pequeños y herencia del common law.

En definitiva, la diversidad de teorías que buscan explicar el origen de la calidad institucional, ya analizadas en informes anteriores, muestran el carácter complejo de este fenómeno que, muy probablemente, dependa de distintas circunstancias, éstas y otras.

Se destaca el notable avance de Perú, un país que ha mantenido consistentes políticas con gobiernos de distinto tinte, generando condiciones de seguridad para la inversión y un continuo proceso de crecimiento económico.  Este país ha mejorado 20 posiciones desde 2007. Lo acompaña Colombia en esta mejora, aunque unos veinte puestos más atrás en el indicador, mostrando la misma continuidad de políticas económicas más un destacado avance en materia de seguridad y violencia. El caso de Perú, sobre todo, sumado al de Chile, son ejemplos de los logros que permite la mejora de la calidad institucional y, además, que se puede salir de las peores condiciones imaginables (dictadura militar, hiperinflación, caos), y lograr consistentes mejoras que cambian la situación de esos países de forma tal que parece imposible que esos pasados hayan existido o puedan volver a ocurrir. Nada está garantizado, por supuesto. Argentina experimentó un proceso similar durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, para luego estancarse y retroceder relativamente por casi un siglo.

Uruguay y Costa Rica, con características similares, son también otros dos ejemplos en la región, el primero en el puesto 43 y el segundo en el 49. Países pequeños, de alta tradición democrática, de convivencia, diálogo y consenso que han tenido sus problemas, por supuesto, pero que han recuperado su tradición civil y han mejorado sobre todo sus instituciones económicas. Uruguay se encuentra en la posición 65 en este subíndice y Costa Rica en el 71. Ambos están mejor posicionados en instituciones políticas, Uruguay en el puesto 37 y Costa Rica en el 40. Algunas reformas económicas y más apertura comercial permitirían a estos países avanzar varios puestos en el ICI.

Los dramas de la región son aquellos países que consistentemente ocupan los últimos puestos (Haití, Cuba, Venezuela) y los que han sufrido caídas notables en estos años (Argentina, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Bolivia). El caso de Cuba lleva ya seis décadas y no se encuentra por debajo de Venezuela porque no figura en algunos índices que evalúan las instituciones de mercado (el ICI presenta a un país cuando figura al menos en cuatro de los ocho indicadores que lo componen y como mínimo en uno de cada subcategoría, condición que Cuba cumple aunque apareciendo en solo un indicador económico). Haití no logra establecer instituciones creíbles y sufre todo tipo de tipo de calamidades, Venezuela ya sido comentada antes, simbolizando la mala calidad institucional del populismo socialista.

La caída de Argentina se profundiza a partir de los ataques del gobierno de Cristina Kirchner a la propiedad (expropiación de YPF, control de cambios), la libertad de prensa y un creciente descalabro económico. Avances contra la justicia ponen en riesgo su independencia y la división de poderes, y una constante conducta de confrontación anulan las posibilidades de consenso y reducen a papel decorativo aquellas instituciones apropiadas para alcanzarlo, como el Congreso. El uso de poderes extraordinarios concentra aún más las decisiones y genera más incertidumbre.

Estatizaciones y default son los principales componentes del deterioro institucional de Belice, el populismo con inclinaciones socialistas se apodera de El Salvador, Nicaragua y Honduras, versiones menos extremas del chavismo afectan a Bolivia y Ecuador, con sus correspondientes reformas para lograr reelecciones, controles de la prensa opositora e intervencionismo económico.

México y Brasil se mantienen en el medio de la tabla con una leve caída, producto tanto de retrocesos propios como del avance de otros que los terminan superando en las posiciones. Panamá cae trece posiciones luego de haber registrado un constante avance, revirtiendo en parte el buen desempeño de los últimos años.

En definitiva, los ejemplos destacados de la región son Chile, por su constante posición destacada, y Perú y Colombia por sus notables avances. En el otro extremo, Venezuela, Cuba y Haití por sus recurrentes posiciones al final de la tabla  y Argentina por su acelerado deterioro.

Alberdi se plantea cómo proteger los principios de libertad económica de la Constitución

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Rige en Argentina la Constitución de 1853 inspirada por Alberdi. Está claro que poco tiene que ver la organización actual de la sociedad argentina con los principios que inspiraron a quien inspirara esa constitución. Sin embargo, para Alberdi, ella contenía “un sistema completo de política económica”. Así lo dice:

Alberdi 2

“La Constitución Federal Argentina contiene un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones terminantes, la libre acción del trabajo, del capital, y de la tierra, como principales agentes de la producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al fenómeno de la distribución de la riqueza, y encierra en límites discretos y justos los actos que tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos. Toda la materia económica se halla comprendida en estas tres grandes divisiones de los hechos que la constituyen.”

“Esparcidas en varios lugares de la Constitución, sus disposiciones no aparecen allí como piezas de un sistema, sin embargo de que le forman tan completo como no lo presenta tal vez constitución alguna de las conocidas en ambos mundos.”

¿Acaso no se dio cuenta Alberdi que el espíritu de esa Constitución podía ser alterado luego por las leyes y otras medidas gubernamentales que se aprobaran. Al respecto, esto dice:

“Conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, es concedido el goce de las libertades económicas. La reserva deja en manos del legislador, que ha sido colono español, el peligro grandísimo de derogar la Constitución por medio de los reglamentos, con sólo ceder al instinto y rutina de nuestra economía colonial, que gobierna nuestros hábitos ya que no nuestros espíritus. Reglamentar la libertad no es encadenarla. Cuando la Constitución ha sujetado su ejercicio a reglas, no ha querido que estas reglas sean un medio de esclavizar su vuelo y movimientos, pues en tal caso la libertad sería una promesa mentirosa, y la Constitución libre en las palabras sería opresora en la realidad.”

“Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo.”

Este tema es toda una preocupación en esta obra. Más adelante, en una sección titulada “Garantías de la Constitución contra las derogaciones de la ley orgánica – Base constitucional de toda ley económica”, dice:

“De dos medios se ha servido la Constitución para colocar sus garantías económicas al abrigo de los ataques derogatorios de la ley orgánica: primero ha declarado los principios que deben ser bases constitucionales y obligatorios de toda ley; después ha repetido para mayor claridad explícita y terminantemente, que no se podrá dar ley que altere o limite esos principios, derechos y garantías con motivo de reglamentar su ejercicio.”

No obstante, esto no le parecía suficiente, y más adelante agrega:

“En efecto, el sistema económico de la Constitución argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior, el cual debe ser Un medio orgánico del primero, y residir en tratados de comercio, de navegación, de industria agrícola y fabril con las naciones extranjeras. Sin esa garantía internacional la libertad económica argentina se verá siempre expuesta a quedar en palabras escritas y vanas.”

Aun así todo eso fue insuficiente. Hemos visto en otros posts la importancia de los valores e ideas en la evolución de las sociedades. Si estos cambian, no hay ninguna disposición constitucional o tratado internacional que pueda detener esa marea de cambio. No lo pudo en el caso de la Argentina. Otros valores e ideas comenzaron a prevalecer en la sociedad y, tarde o temprano, el cambio se produjo (y también cien años de estancamiento y retroceso).