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Juicio al VP, y Juan de Mariana sobre los bienes particulares de los vasallos

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En estos momentos de proceso judicial a un vicepresidente por querer apropiarse de una empresa, tal vez valga la pena leer a Juan de Mariana (1536-1624) sobre los “bienes particulares” de los vasallos. Reemplacemos la palabra “rey” por la de mandatario electo sin limitaciones de poder. Esto decía Juan de Mariana:

Juan de Mariana

Si el rey es señor de los bienes particulares de sus vasallos

Muchos extienden el poder de los reyes y le suben mas de lo que la razón -y el derecho pide; unos por ganar por este camino su gracia y por la misma razón mejorar sus haciendas, ralea de gentes la mas perjudicial que hay en el mundo, pero muy ordinaria en los palacios y cortes; otros por tener entendido que por este camino la grandeza real y su majestad se aumentan, en que consiste la salud pública y particular de los pueblos, en lo cual se engañan grandemente, porque como la virtud, así también el poderío tiene su medida y sus términos, y si los pasa , no solo no se fortifica, sino que se enflaquece y mengua; que, según dicen graves autores, el poder no es como el dinero, que cuanto uno mas tiene tanto es mas rico, sino como el manjar comparado con el estómago, que si le falta y si se le carga mucho se enflaquece; y es averiguado que el poder de estos reyes cuanto se extiende fuera de sus términos, tanto degenera en tiranía, que es género de gobierno, no solo malo, sino flaco y poco duradero, por tener por enemigos á sus vasallos mismos, contra cuya indignación no hay fuerza ni arma bastante. A la verdad que el rey no sea señor de los bienes de cada cual ni pueda, quier que á la oreja le barboteen sus palaciegos, entrar por las casas y heredamientos de sus ciudadanos y tomar y dejar lo que su voluntad fuere, la misma naturaleza del poder real y origen lo muestran. La república, de quien los reyes, si lo son legítimos, tienen su poder, cuando los nombró por tales, lo primero y principal, como lo dice Aristóteles, fue para que los acaudillasen y defendiesen en tiempo de guerra; de aquí se pasó ú entregarles el gobierno en lo civil y criminal, y para ejercer estos cargos con la autoridad y fuerzas convenientes les señaló sus rentas ciertas y la manera cómo se debían recoger. Todo esto da señorío sobre las rentas que le señalaron y sobre otros heredamientos que, ó él cuando era particular poseía, ó de nuevo le señalaron y consignaron del común para su sustento; mas no sobre lo demás del público, pues ni el que es caudillo en la guerra y general de las armadas ni el que gobierna los pueblos puede por esta razón disponer de las haciendas de particulares ni apoderarse de ellas. Así entre las novelas, no ha de decirse así, en el capítulo Regalía, donde se dicen y recogen lodos los derechos de los reyes no se pone tal señorío como este; que si los reyes fueran señores de todo, no fuera tan reprehendida JezabeI ni tan castigada porque tomó la viña de Nabot, pues tomaba lo suyo ó de su marido que le competia como á rey; antes Nabot hubiera hecho mal en defendérselo. Por lo cual es común sentencia entre los legistas, capitulo Si contra jus vel utilitatem publicam, I. fin. De jurisdict., y lo trae Panormitano en el capítulo 4.º De jur. jur., que los reyes sin consentimiento del pueblo no pueden hacer cosa alguna en su perjuicio, quiere decir, quitarle toda su hacienda ó parte de ella. A la verdad, no se diera lugar en los tribunales para que el vasallo pudiera poner demanda á su rey si él fuera señor de todo, pues le podían responder que si algo le habían quitado no le agraviaban, pues todo era del mismo rey, ni comprara la casa o la dehesa cuando la quiere, sino la tomara como suya. No hay para qué dilatar mas este punto por ser tan asentado y tan claro, que ningunas tinieblas de mentiras y lisonjas serán parte para oscurecerlo. El tirano es el que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo; el rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y de la justicia, gobierna los particulares, y sus bienes no los tiene por suyos ni se apodera de ellos sino en los casos que le da el mismo derecho.

La renta petrolera, la propiedad del subsuelo y los Escolásticos Hispanos

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Un artículo sobre la “renta petrolera” me permite vincular algunos temas que me ha tocado ver en estos últimos días. Publicado en La Nación, comenta que “la disputa entre el gobierno nacional e YPF, por un lado, y las provincias petroleras, por el otro, publicada por LA NACION hace unos días, tendrá consecuencias negativas para enfrentar la crisis energética. Se trata de una disputa sobre cómo regular y distribuir una renta petrolera que aún no existe (Vaca Muerta o no convencionales) y que tardará mucho más en llegar si no hay una política de Estado común.” http://www.lanacion.com.ar/1699143-una-pelea-que-pone-en-riesgo-el-futuro-de-vaca-muerta

El autor se refiere a los elementos de la disputa: “Un punto central en la disputa es definir quién tiene el poder de fijar la política petrolera y legislar. Si bien las provincias tienen el «dominio originario» de sus recursos naturales por el artículo 124 de la Constitución Nacional, también es claro el art.75 inc.12 de la Constitución y la ley 26197 (llamada ley corta), en el sentido que corresponde al gobierno nacional legislar y fijar las políticas en materia de hidrocarburos. Sin embargo, casi todas las provincias petroleras han sancionado leyes de hidrocarburos que de por sí son inconstitucionales y que además contradicen aspectos importantes de la ley de hidrocarburos nacional (17.319), creando un caos regulatorio. A favor de las provincias puede señalarse que desde 2002, con la creación de los derechos de exportación no coparticipables y la ley de emergencia económica que prácticamente congeló los precios de los hidrocarburos, el Gobierno se ha venido apropiando ilegítimamente de parte del valor de los recursos.”

Aunque los abogados lo llamen de otra forma, desde nuestra perspectiva hay un problema de derechos de propiedad. Pero lo que quisiera comentar del artículo es esta breve referencia:

“En noviembre del año pasado, en Corea del Sur y en el marco del último Congreso Mundial de la Energía, el CEO saliente de Shell, Peter Voser, dijo que no creía que en otros países del mundo se pudiera dar el «boom» de los hidrocarburos no convencionales como se viene dando en EEUU. Una de las principales razones en que fundó su predicción fueron las características únicas del régimen legal de los EE.UU., en donde el superficiario es el dueño de los recursos del subsuelo.”

Respecto a este último punto, todos los países latinoamericanos hemos mantenido la legislación colonial que asignaba la propiedad del subsuelo al rey de España, el que fue reemplazado por los estados nacionales luego de la independencia. Quien más ha investigado y escrito sobre este tema es Guillermo Yeatts: http://www.guillermoyeatts.com.ar/

Pero he aquí que para asistir a un coloquio de Liberty Fund tengo que leer algunos capítulos del libro de Alejandro Chafuen: “Faith and Liberty: The Economic Thought of the Late Scholastics”, quien señala que estos autores, herederos de la tradición de Tomás de Aquino, también conocidos como la “Escuela de Salamanca” o “Escolásticos Hispanos”, aunque eran de distintas ciudades, y a pesar de encontrarse bajo el poder del soberano que se asignara para sí esos recursos, favorecían el mismo principio.

Tomás de Aquino

“Pedro de Ledesma, siguiendo el razonamiento de San Antonino, remarcó que aquellas cosas que nunca han tenido dueño ‘pertenecen al que las encuentra, y éste no comete robo al apropiarse de dichos bienes’.”

“Si la ley natural dice que un tesoro pertenece a quien lo encuentra,…, es lógico concluir que todo lo que sea ubicado por la naturaleza bajo la superficie razonablemente pertenezca al dueño de la superficie. Los Escolásticos citaban el ejemplo de los depósitos minerales y metálicos. Salón expresó explícitamente que “Los minerales y depósitos de oro y plata, como también cualquier otro metal en su estado natural, pertenecen al dueño de la tierra y son para su beneficio”. Más de un siglo después, el autor escolástico tardío P. Gabriel Antoine (1678-1743) juzgó que: “las piedras, carbón, arcilla, arena, minas de hierro, plomo, que se encuentran en la tierra de alguien, pertenecen al propietario de la tierra. En efecto, son parte de la tierra, porque ésta no consiste solamente en la superficie sino en su total profundidad hasta el centro de la Tierra, y allí es donde podemos encontrar estos frutos. Y lo mismo puede decirse de depósitos de metales.”

“Uno de los autores que influyó mucho en los Escolásticos Hispanos, Sylvestre de Priero, argumentó que la ley que atribuye al príncipe todos los tesoros encontrados por otros, aun si fueran encontrados en terrenos privados, era violenta y contraria al derecho natural y común. Sylvestre criticó el comentario de Paludano según quien por tradición todos los tesoros pertenecen al príncipe, sin importar donde se los encuentre. Domingo de Soto señaló que esta tradición: “no ha sido introducida en ninguna sociedad bien organizada…., y si fue aplicada en algún lugar, lo fue a través de la fuerza y contra la ley natural y civil.”

El Día Mundial del Ambiente y seguimos insistiendo que un mal propietario lo cuide

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El 5 de Junio fue el Día Mundial del Ambiente. La Nación publica comenta los resultados de una interesante encuesta: http://www.lanacion.com.ar/1698453-el-futuro-del-medio-ambiente-tarea-de-todos

Contaminación Riachuelo

He aquí algunos de sus resultados:

  • el 73% de las personas reconocen estar muy interesadas en el medio ambiente, siendo el cambio climático el tema de más interés (21%), seguido por la contaminación del agua (15%), los residuos (12%) y la deforestación (11%).
  • Para la mayoría, la situación ambiental ha empeorado en los últimos cinco años (63%) o sigue igual (25%) y sólo un 10% cree que mejoró.

Pero me interesa concentrarme en las soluciones:

  • mayor educación para la población (53%),
  • mayores controles (39%),
  • más responsabilidad por parte de las empresas (31%) y
  • leyes más estrictas (27%).

Una interpretación simple de esas preferencias diría que hay que generar más programas de conciencia ambiental, aumentar el contenido de estos temas en los programas de las escuelas, secundarios y hasta universitarios; tener más agentes de control, más inspectores que controlen a las empresas y fiscales y jueces más estrictos. En definitiva, el estado tiene que hacer mucho más.

Ahora bien, seguramente los mismos encuestados se sorprenderían si se les insinuara que esas mismas soluciones que proponen podrían alcanzarse con una medida (aunque en verdad compleja en algunos casos): la clara definición de derechos de propiedad. Veamos porqué:

  1. El derecho de propiedad educa. Hace recaer en el propietario tanto los beneficios como los costos de su accionar. Aprende, entonces a cuidar un recurso. El dueño de su casa sabe que si no la mantiene, decae y también cae su precio; querrá también cuidar y reproducir sus animales (vacas, gallinas, etc.); y querrá también educar a su vecino si éste le arroja su basura, le dirá que no puede hacer eso, donde hay un propietario hay un protector. Es más, como sé que del otro lado de mi casa hay un propietario, que va a reaccionar cuidando su propiedad si yo le arrojo mi basura, tengo incentivo para “educarme” y no hacerlo.
  2. El derecho de propiedad implica también mayor control. Ahora controlamos todos, cada cual su propiedad. No quiero que esa fábrica tire humo sobre mi casa y estoy dispuesto a ir a la justicia para defender mi propiedad. Estoy atento a que nadie arroje su basura sobre mi jardín.
  3. Esto hará también que las empresas sean más responsables. Se cuidarán si saben que arrojan residuos donde hay un propietario atento a que esto no suceda. Y si lo hacen se lo encontrarán en la justicia.
  4. Y no es que haga falta “otras” leyes, es que ahora las que existen se aplicarán en forma más estricta porque todos los propietarios estarán atentos a que sus recursos no sean contaminados.

Curiosamente, esto no ocurre como quisiéramos, y como refleja la encuesta, porque el actual “propietario” de los recursos que terminan contaminados es el estado. Y lo que demuestra es que es un mal propietario, que no sabe cuidar los recursos que se ha asignado (aire, agua, residuos, lugares comunes, etc.).

No deja de ser paradójico que la gente espere que quien no cuida, por alguna razón lo haga. Es cierto, le está pidiendo que cumpla su papel de buen propietario. Lo que la gente tal vez no se pregunta, o no le han preguntado, es si no estaría dispuesta a cambiar de propietario. ¿Cómo?

Los recursos que tienen propietarios privados (individuales o comunales) no se agotan: las vacas no se extinguen, las ovejas tampoco, los peces ahora se multiplican con la piscicultura. Pero, ¿el aire, los ríos? Si queremos que esté limpio el Riachuelo, ¿no sería mejor que fuera “propiedad” Greenpeace? Si queremos que las mineras no contaminen un arroyo, ¿no sería mejor que fuera la comunidad que allí vive la dueña de ese recurso y se ocupara de él?

Dirán los alumnos de derecho, siempre apegados a la letra de la legislación, que estos son bienes estatales inalienables. Porque lo dice la Constitución, no porque sea su esencial naturaleza. Pero si vamos a respetar eso imaginemos al menos una concesión hacia quienes efectivamente tienen un interés en cuidarlos. Porque son los mismos encuestados los que dicen que, así, no funciona:

“Los encuestados consideran que al Gobierno casi no le preocupa preservar la naturaleza: el 47% sostiene que al Estado cuidar la naturaleza no le preocupa nada y otro 40% considera que al Estado le preocupa muy poco. Entre otros puntos, los resultados expresan que el 46% asegura que proteger el medio ambiente debe ser prioritario y el 73%, que estaría dispuesto a participar de alguna acción específica de preservación.”

En algún punto hay que dejar de insistir en aquello que no funciona, abrir la mente y buscar soluciones alternativas.

Arreglamos con el Club de París, bien, pero, ¿no será para volver a endeudarnos?

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El default del año 2002 fue brutal, aunque no la causa de la peor crisis económica, sino consecuencia de ella. Podría haber tenido un efecto “saludable”: cerrar la puerta a un mayor endeudamiento porque nadie nos iba a prestar un dólar (nadie nos presta un peso, por supuesto). No obstante, esto no ocurrió. Si bien se cerró la canilla del endeudamiento externo, se tomaron activos internos como los fondos de pensiones o las reservas del Banco Central. La deuda hoy es más alta que la existente antes del default si se cuentan esas fuentes internas de financiamiento y la emisión monetaria.

 

Ahora se ha llegado a un acuerdo con el Club de París respecto a las deudas impagas que se tienen con los países más ricos del planeta (Alemania y Japón a la cabeza). ¿Es esto algo beneficioso? Tanto el gobierno como la oposición y la mayoría de los analistas piensan que sí: http://www.lanacion.com.ar/1695790-analistas-elogian-el-acuerdo-porque-abriria-la-puerta-a-credito-mas-barato

Y siendo que el default no ha servido como un límite al endeudamiento tal vez sea así, ya que esto ocasionaba problemas al sector privado, el que no podía acceder a su propio financiamiento, al financiamiento de importaciones o lo hacía a niveles más costosos.

Pero al mismo tiempo, esta solución abre la puerta a un mayor y continuo endeudamiento público: de ahí que lo celebren tanto el gobierno actual (que desesperadamente necesita financiamiento) como los opositores (que lo van a querer tener en el futuro). En el medio de toda esta discussion, no hay ninguna mención al gasto publico: ¿para qué se quiere tener la posibilidad de tomar deuda? ¿Para financiar el próximo «fútbol para todos» o la propaganda official de éste o el futuro gobierno? Se admite rápidamente que es bueno tener financiamiento pero no se considera para qué.

Esto refleja algunos conceptos que hemos visto en las clases:

  1. El fuerte incentivo de los políticos a recibir los beneficios ahora y postergar los costos hacia el futuro. El gobierno quiere poder gastar ahora (con endeudamiento) y que lo paguen quienes vengan después. ¿Qué van a querer hacer éstos? Refinanciar esa deuda, es decir, también pasarla para más adelante. El ciclo ya lo conocemos, termina, como en 2002, cuando nadie ya nos quiere prestar. Termina así, pero empieza ahora. Los mismo ha ocurrido con YPF: compre ahora y pague después (o pague otro gobierno, pero siempre los contribuyentes en definitiva).
  2. El otro tema que hemos visto es sobre los posibles “límites al oportunismo político”, en particular relación a esto. Hay varios: límites al endeudamiento o límites al gasto público (que evitaría el endeudamiento).

La experiencia reciente de los Estados Unidos muestra que el “techo” a la deuda no es efectivo. Cada vez que se lo alcanza, se lo extiende. Así, no funciona como un límite efectivo. James Buchanan buscaba evitar esto proponiendo que el techo fuera una norma de nivel constitucional.

Debt ceiling increases

Podría tener distintas características: prohibir toda deuda, prohibir el crecimiento de la deuda más allá del crecimiento del PBI (es decir, mantener la relación deuda/PBI constante), poner un límite de deuda con menor crecimiento del PBI (para reducir esa relación en el tiempo).

Alguna norma de este tipo (aunque impensable momento político actual), podría brindarnos los beneficios de salir de este default (quedan otros todavía) sin caer en la tentación de la deuda. Es decir, arreglar con el Club de Paris, pero luego establecer algún tipo de límite creíble al endeudamiento futuro. No es sencillo, hasta ahora el único límite que hemos tenido ha sido el que nos ponen los acreedores cuando no nos prestan más, es decir un límite “exógeno”, externo. No estaría mal adelantarnos a esto con un límite “endógeno”, interno, que sea credible, por supuesto.

No parece políticamente posible pero podría permitirnos sonreír respecto del futuro, no como ahora donde la alegría del arreglo viene acompañada de preocupaciones sobre el futuro de la deuda.

¿El péndulo de la opinión pública vuelve ahora hacia la economía de mercado? ¿Alberdi renace?

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Cuando vemos Economía Institucional y Economía Política Constitucional, consideramos el tema del cambio institucional. Vemos distintas teorías que buscan explicar estos cambios para luego prestar atención más precisa al cambio de ideas, al poder de la opinión pública, ya destacado por los clásicos como un determinante fundamental de los cambios.

Alberdi 2

Vemos que la opinión pública va cambiando y los políticos buscan ubicarse donde puedan conseguir una mayoría. Esto es explicado por el “teorema del votante medio” del Public Choice. También vemos que muchos países han alcanzado cierto “consenso” sobre determinadas instituciones o políticas, las que no cambian con los cambios de gobierno. Se mantienen estables, la distribución de los votantes no cambia mucho. Esto genera condiciones de estabilidad política que facilitan la inversión al generar mayor grado de certidumbre.

Pero algunos países de América Latina son un caso especial, no logran generar ese consenso y se trasladan de un lado al otro del espectro de ideas con cierta facilidad. Esos cambios están muchas veces asociados a crisis, ya que las crisis aumentan la demanda de ideas, de explicaciones sobre lo que ha ocurrido. En la Argentina que iba a la hiperinflación, la mayoría asumió que las causas eran la ineficiencia del gasto público y la emisión monetaria. Luego vinieron las privatizaciones en los 90s. En el 2001 se interpretó que la causa de la crisis era el FMI o el neoliberalismo, y luego vino el “modelo productivo, etc”.

Ahora, esta noticia, comenta una encuesta que estaría mostrando que el péndulo va nuevamente para el otro lado (¿): http://www.urgente24.com/227035-el-gran-pendulo-argentino-privatizaciones-vuelven-a-ser-populares

Tal vez no sea que las privatizaciones se vuelven más populares, no al menos las plagadas de corrupción en los 90s, sino un avance hacia economías de Mercado como los países que hoy más prosperan, incluso los que tenemos cerca en América Latina.

Comenta la noticia:

“Luego de una década en la que términos como “iniciativa privada”, “capitalismo” o “privatizaciones” fueron “mala palabra” en la opinión pública argentina, el fracaso del modelo económico kirchnerista está haciendo volver el péndulo a la derecha con toda la energía. Hoy la mayoría, según una encuesta en la ciudad de Buenos Aires, quiere que cambie el llamado “modelo” por uno con menos intervención del Estado en la economía.

La encuesta, realizada para IMAGEN por la Universidad de Belgrano, muestra que 2/3 quieren que cambie el modelo, aunque, al yendo interior de esos dos tercios, algo más del 15% prefiere incluso más presencia del Estado, lo que deja una mayoría exigua, pero mayoría al fin, a favor de un “modelo” económico con menos peso del Estado.”

“Ahora hay una ligera mayoría que quiere menos presencia del Estado en la economía. Son procesos lentos, pero está claro que hay un cambio de perspectiva”, explica Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y autor de la encuesta. Hace dos años, una encuesta similar de la UB daba que la mayoría estaba por mantener en manos del Estado a las empresas reestatizadas por el régimen kirchnerista.”

“Hoy hay una mayoría a favor de menos estado. Se nota un cambio de tendencia con dos años atrás, y ni que hablar con respecto a 2008”, concluye D’Adamo.”

Los argentinos han alcanzado ya ciertos consensos: la importancia del respeto a los derechos humanos, el rechazo a los golpes militares. Falta alcanzar un consenso respeto a las instituciones y políticas necesarias para retomar el progreso: ¿Cuáles? No voy a plantear ninguna aquí, ya las ha presentado Juan Bautista Alberdi en estas páginas, con la evidencia clara que ellas llevaron a la Argentina a encontrarse entre los 10 países más prósperos del mundo y atrajeron a todos nuestros abuelos.

Las empresas privadas se lanzan a aprovechar el espacio, ¿nosotros queremos una nave espacial estatal?

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Hace pocas semanas se conoció una noticia según la cual un cohete de prueba estalló a dos metros del suelo, un prototipo de la Cómisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Vale la pena gastar dinero publico en eso? El mundo parece que va para otro lado:

http://www.infobae.com/2014/03/05/1547862-un-cohete-fabricacion-nacional-estallo-dos-metros-del-suelo-un-lanzamiento-prueba

En el Diario Siglo XXI de Guatemala, aparece una columna por Édgar Castro Bathen, profesor de Astronomía quien comenta sobre el avance de empresas privadas hacia el aprovechamiento del espacio y otros planetas, en particular de la empresa SpaceX que se presenta como una empresa que “diseña, produce y lanza cohetes y naves espaciales”. La empresa fue fundada en 2002 “para revolucionar la tecnología espacial “con el fin último de permitir a la gente vivir en otros planetas”.

http://m.s21.com.gt/astrofaro/2014/05/24/spacex

SpaceX

Aquí la columna:

Hoy quiero contarles un poco sobre lo que está pasando en la industria aeroespacial en los Estados Unidos. Desde que la NASA retiró los transbordadores los viajes al espacio parecen haber caído en un letargo, pero esto terminará muy pronto. Lo que sucede es que la industria está en un período de transición hacia la iniciativa privada.

Un ejemplo de esto es la empresa SpaceX. Esta fue fundada en junio de 2002 por el millonario Elon Musk y otros accionistas, pero especialmente el primero, quien quería hacer algo diferente con su riqueza, no solamente retirarse o hacer filantropía. Su visión se enfocó en que debe existir un acceso relativamente barato al espacio para proyectos tanto del Gobierno como de la iniciativa privada.

Musk quería construir un cohete simple y relativamente barato de reutilizar, que tuviera la misma facilidad para ir y venir que hoy tienen las líneas aéreas. En marzo de 2006, invirtió más de 100 millones de dólares de su bolsa para empezar y tuvo tanto éxito que pronto se le unieron más accionistas al punto de que en 2012 la compañía ha alcanzado un valor de 2.4 mil millones de dólares y pasó de 160 empleados a 3,800.

Musk cree que los altos costos de viajar al espacio se debían a la excesiva burocracia que tenía la NASA y rediseñó toda la línea de fabricación para tener naves espaciales más baratas y más rápidas. SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en poner un vehículo en órbita terrestre y regresarlo el 8 de diciembre de 2010, luego de que su cápsula Dragon regresó después de dar dos órbitas alrededor de la Tierra. La privatización de los viajes al espacio había nacido.

Hoy, SpaceX ha construido nuevas y mejores naves, ha revelado conceptos y diseños futuristas que incluyen el establecimiento de la primera base en Marte. Musk espera poder enviar humanos a Marte en 10 o 20 años. Tiene un proyecto llamado Mars Colonial Transport que trata de la primera nave privada para llevar humanos a Marte y regresarlos a la Tierra. Esto último lo subrayo porque hay una gran diferencia con el proyecto Mars One, que solo ofrece viaje de ida a Marte ¡sin regreso!

En 2009 abrieron su departamento de formación de astronautas. La companía anunció que sacarán las naves Falcon Heavy y Dragon v2 que tienen capacidad de llevar más carga al espacio. A la fecha han desarrollado las naves Falcon 1 y Falcon 9, los cohetes Merlin, Kestrel y Draco. Ya tiene contratos para 40 misiones de lanzamiento. La nueva generación de transbordadores espaciales saldrá en 2017.

Sus campos de prueba se encuentran en Texas y Nuevo México, pero el campus más grande está en California, donde se crean los componentes de alta tecnología y están todos los gurús espaciales.

Y para confirmar que no son solo palabras, hace unos días, el 18 de mayo vimos en las noticias que la nave espacial Dragon, totalmente automatizada, subió a la estación espacial y trajo de regreso un cargamento de más de mil libras de experimentos que los científicos necesitan aquí en la Tierra.

Damas y caballeros, ¡bienvenidos a la privatización del espacio!

El trabajo informal: ¿aumento de las sanciones o reducción de las normas?

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Un tema para los alumnos de derecho sobre todo. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley con la finalidad de promover el registro laboral y generar nuevas fuentes de trabajo, que fue aprobado en el Senado en estos días. Sobre esto escribe un artículo Ricardo Floglia, Director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral.

http://www.lanacion.com.ar/1692346-el-proyecto-oficial-contra-la-informalidad-no-reconoce-la-causa-del-problema

Contribuciones sociales

El proyecto propone un aumento de las sanciones y registros necesarios y una reducción permanente del 50% de las contribuciones para empresas que tengan menos de cinco trabajadores, y otra transitoria, por 24 meses, para las empresas de más de 5 trabajadores que incorporen nuevos empleados.

Respecto al aumento de las sanciones dice: “Llama la atención este criterio ya que se opone a otro esgrimido por las autoridades hasta hace muy poco, y a causa del debate sobre el proyecto de Código Penal, que expresaba que la elevación de penas no traía aparejada una reducción de los ilícitos.”

Luego comenta:

“No es exacto que el trabajo no registrado tenga, como una causa preponderante, la escasez de las sanciones, y si el diagnóstico de los motivos es errado los remedios propuestos son inapropiados.”

“En nuestro país, el trabajo en negro, en escala relevante, comienza en la década del 70 y desde entonces se fue incrementado hasta llegar al actual 34% o 38% (según cuál sea la medición).”

“Dicho fenómeno se concentra en las empresas de menos de cinco trabajadores (57%) que generan 50% del empleo privado, y registra altos porcentajes en las empresas de hasta 20 trabajadores. Reducir la cuestión a un tema de sanciones y costos laborales y presumir que esos empresarios sean deliberados violadores de la ley vigente, es una simplificación equivocada.”

Y ahora el análisis económico:

“La cuestión es de raíz económica y lo que sucede es que dichas empresas no pueden soportar los costos impositivos y fiscales; las tasas a las que están sometidas; la carencia y el elevado costo del crédito bancario; los costos derivados de contratar profesionales para que preparen sus declaraciones y demás documentos originados en la complejidad normativa; los resultantes de cumplir con una ley (ley de contrato de trabajo) pensada -en la década del 70- para la gran empresa industrial concentrada, y las multas que por defectuosa registración impone la legislación (leyes 24.013 y 25.323).”

“Si a ello se le agrega que desde el momento de la registración las citadas empresas quedan expuestas a las sanciones y reclamos, tanto fiscales como de la seguridad social por el pasado, y a ser eventualmente incluidas en el futuro en un registro que implica severas sanciones, no se advierte que la sola reducción de 50% de algunas contribuciones vaya a ser un incentivo interesante de inclusión en el sistema ni que aporte alguna solución al problema.”

Y finalmente, un punto bien interesante:

“A ello cabe agregar una cuestión de ejemplaridad. El principal empleador con trabajadores en negro de nuestro país es el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, que recurre a dudosos contratos de cobertura y a la no salarización de remuneraciones.”

“Quizás hubiera sido más conveniente que el ejemplo partiera del Estado, con una ley que lo obligara a regularizar esas situaciones, en vez de amenazar con más sanciones a las pequeñas empresas.”

Al margen de estos temas, quiero aclarar un concepto económico respecto a las contribuciones «patronales». Todas ellas salen del salario del trabajador, por más que formalmente las pague la empresa. Esto es porque cuando alguien contrata un empleado toma en cuenta el costo total de la contratación (salario más cargas sociales), y toma en cuenta el salario que el empleado se lleva nada más que para saber cuánto tiene que pagarle para que no se vaya a otro empleo. Pero su «costo» es el costo total.

Esto mismo les sucederá a los abogados en sus estudios cuando tengan que contratar un asistente, lo que tomarán en cuenta es el costo total. Para esta decisión es irrelevante si luego el empleado se lleva el 50% del total. Es decir, hay un nivel de salario, pero luego la ley decide que el trabajador se lleve en la mano solamente el 50%. El resto son cargas (impuestos) que o paga directamente, o las paga el empleador por él.

 

¿Una nueva medición que puede revolucionar el análisis y las políticas económicas?

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Con el nombre “Al fin una mejor medición económica”, Mark Skousen escribe en el Wall Street Journal sobre un cambio en las estadísticas de producción en Estados Unidos que, junto con Steve Forbes, podría producir un cambio radical en la forma de observar y analizar la economía. Aquí sus comentarios:

Mark Skousen

“Desde el 25 de Abril, la Oficina de Análisis Económico dará a conocer una nueva forma de medir la economía cada trimestre. Se llama “Producto Total”, y es la primera herramienta macroeconómica significativa que se presenta desde que se desarrollara el Producto Bruto Interno (PBI) en los años 1940.

Steven Landefeld, director de la OAE dice que esta herramienta ofrece una ‘perspectiva única’ y un ‘nuevo conjunto de herramientas de análisis’. El Producto Total es un intento de medir lo que la OAE llama economía “productiva”-el total de ventas desde la producción de materias primas a través de productores intermediarios hasta la venta final mayorista y minorista. Valorada en más de 30 billones de dólares a fines de 2013, es casi el doble del PBI, y mucho más volátil.

En muchos aspectos es una estadística de la oferta, una medida del lado de la producción de la economía. El PBI, por otro lado, mide el “uso”, el valor de todos los bienes y servicios “finales” utilizados por consumidores, empresas y gobierno. Alcanzó 17 billones el año pasado.

La medición del producto total de la economía se ha realizado desde los años 1930. Fue desarrollado por el economista Wassily Leontieff, pero se enfocaba en industrias individuales, no en datos agregados como medida total de la actividad económica. El Producto Total ha sido ignorado por los medios y por Wall Street porque el gobierno lo emitía cada año, y estaba atrasado dos o tres años. Esto cambiaría ahora que será anunciado junto con el PBI cada trimestre. Los analistas y los medios van a poder compararlos.

¿Por qué prestar atención al producto total? Para empezar, las investigaciones que publiqué en los años 1990 muestran que mide mejor la actividad económica total. El PBI es una medida útil del estándar de vida y el crecimiento económico de un país. Pero se enfoca en el producto final y no considera las etapas intermedias y como resultado genera mucho daño en nuestra comprensión de cómo funciona la economía.

En particular, ha llevado a la equivocada noción keynesiana de que el gasto de consumo y de gobierno impulsan a la economía en vez del ahorro, la inversión de las empresas, la tecnología y la empresarialidad. Datos del PBI de fines de 2013 colocan al gasto en consumo en el primer lugar de importancia (68% del PBI) seguido de los gastos de gobierno (18%) y la inversión de las empresas en tercer lugar (16%). Las exportaciones netas (-2%) completan la diferencia.

Estos periodistas y muchos analistas económicos informan que “el gasto de consumo impulsa la economía”. Y se enfocan en las ventas minoristas o en la confianza de los consumidores como factores críticos en impulsar la economía o el mercado accionario. Subyace una mentalidad anti-ahorro en este análisis como se evidencia en los comentarios presentados en debates sobre reducciones o devoluciones de impuestos de que si los consumidores lo ahorran en lugar de gastarlo, no hará bien  a la economía. Algunos presidentes, incluyendo a George W. Bush y Barack Obama se han hecho eco de este sentimiento cuando alentaron a los consumidores a gastar en lugar de ahorrar e invertir esas devoluciones.

Aunque el gasto en consumo es un 70% del PBI, si se utiliza el Producto Total como medida más amplia de las ventas y el gasto total, representa menos del 40% de la economía. La realidad es que los gastos de las empresas –sumando inversiones de capital y todos los gastos empresariales en las etapas intermedias de la cadena de producción- son substancialmente más grandes que el gasto en consumo. Alcanzan a más del 50% de la actividad económica. Los datos de 2012 muestran un Producto Total de 28, 6 billones y un PBI de 16,4 millones de dólares.

La importancia crítica de la actividad empresarial es clara cuando se miran las estadísticas de empleo y los principales indicadores económicos. Los empleados en el área del consumo (ventas minoristas y actividades de placer) son el 20% del total de la fuerza laboral, y otro 15% de los distintos niveles de gobierno. La mayoría de los trabajadores, 65%, trabajan en la minería, manufactura y los servicios.

…

El Producto Total también hace un mejor trabajo para medir las subas y bajas del ciclo de los negocios. Por ejemplo, en 2008/09 en PBI nominal cayó solamente 2% mientras que el producto total cayó 8%, mucho más indicativo de la profundidad de la recesión. Es interesante también, que desde 2009 está creciendo más rápido que el PBI, sugiriendo una recuperación más robusta.

Finalmente, como una medida más amplia de la actividad económica, el producto total es más consistente con la teoría del crecimiento económico. Estudios de Robert Solow del MIT y de Robert Barro de Harvard han mostrado que el crecimiento económico depende principalmente del lado de la oferta –más tecnología, empresarialidad, formación de capital y ahorros productivos e inversión. El alto consumo es el efecto, no la causa, de la prosperidad.

Instituciones políticas y económicas en América: ¿en qué nos va mejor y peor?

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SI nos referimos a la calidad de las instituciones políticas, los cinco primeros puestos de toda la región corresponden a Canadá, Estados Unidos, Barbados, St. Lucia y St. Vincent y las Granadinas. Si tomamos solamente los países latinoamericanos serían Chile, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y Brasil. En cuanto a las instituciones de mercado: Estados Unidos, Canadá, Chile, Puerto Rico y Perú. En América Latina: Chile, Puerto Rico, Perú, Panamá y Colombia.

Los cinco peores en instituciones políticas en la región son: Venezuela, Haití, Honduras, Cuba y Paraguay, todos latinoamericanos y los cinco peores en instituciones de mercado: Cuba, Venezuela, Haití, Argentina y Bolivia, también todos latinoamericanos.

Todo el hemisferio registra un ICI promedio de 0,5391. Si tomamos solamente a Estados Unidos y Canadá, obtienen 0,9254, el resto cae a 0,5164. Los países caribeños no latinos promedian 0,6688 mientras que América Latina presente el promedio más bajo: 0, 4365.

Política Mercado ICI 2013
Canadá 0,9272 0,9357 0,9315
Estados Unidos 0,8912 0,9475 0,9194
Chile 0,8114 0,8757 0,8436
St. Lucia 0,8432 0,7434 0,7933
Puerto Rico 0,7479 0,7989 0,7734
Bahamas 0,7958 0,7047 0,7503
Barbados 0,8733 0,6165 0,7449
St. Vincent y las Granadinas 0,8353 0,6425 0,7389
Uruguay 0,7806 0,6237 0,7021
Dominica 0,7596 0,6248 0,6922
Costa Rica 0,7746 0,6019 0,6882
Antigua y Barbuda 0,6951 0,6296 0,6623
St. Kitts y Nevis 0,8190 0,4709 0,6449
Perú 0,4895 0,7453 0,6174
Panamá 0,5188 0,6558 0,5873
Jamaica 0,6157 0,5440 0,5798
Trinidad y Tobago 0,6076 0,5309 0,5693
Colombia 0,4530 0,6270 0,5400
Belice 0,6453 0,4149 0,5301
México 0,4117 0,6112 0,5114
Brasil 0,5697 0,4302 0,4999
El Salvador 0,4676 0,4832 0,4754
República Dominicana 0,4337 0,4629 0,4483
Guatemala 0,2939 0,5476 0,4207
Surinam 0,5963 0,2341 0,4152
Nicaragua 0,3421 0,4461 0,3941
Guyana 0,4425 0,3308 0,3866
Paraguay 0,2882 0,4049 0,3466
Honduras 0,2393 0,4012 0,3202
Argentina 0,4316 0,2052 0,3184
Bolivia 0,3870 0,2284 0,3077
Ecuador 0,3159 0,2655 0,2907
Haití 0,2320 0,1501 0,1910
Cuba 0,2727 0,0112 0,1420
Venezuela 0,1236 0,0445 0,0841

 

Componentes del ICI

¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada país de la región? Esto puede observarse en el siguiente cuadro:

Vigencia derecho Voz y rend. de cuentas Libertad prensa Percep. de corrupción Comp. Global Lib Econ Heritage Lib Econ Fraser Haciendo Negocios
Antigua y Barbuda 0,8019 0,6792 0,6041 0,6296
Argentina 0,2972 0,5708 0,4518 0,4068 0,3041 0,0730 0,1053 0,3386
Bahamas 0,6792 0,7547 0,8680 0,8814 0,8034 0,7500 0,5608
Barbados 0,8113 0,8726 0,8883 0,9209 0,6892 0,7528 0,5000 0,5238
Belice 0,4151 0,6934 0,8274 0,3596 0,4408 0,4444
Bolivia 0,1604 0,4528 0,5279 0,4068 0,3514 0,1180 0,2961 0,1481
Brasil 0,5236 0,6132 0,5431 0,5989 0,6284 0,3652 0,3355 0,3915
Canadá 0,9528 0,9434 0,8579 0,9548 0,9122 0,9719 0,9539 0,9048
Chile 0,8821 0,8019 0,6802 0,8814 0,7770 0,9663 0,9342 0,8254
Colombia 0,4434 0,4575 0,4365 0,4746 0,5405 0,8146 0,3750 0,7778
Costa Rica 0,6509 0,8302 0,8883 0,7288 0,6419 0,7079 0,5921 0,4656
Cuba 0,3255 0,0802 0,0355 0,6497 0,0112
Dominica 0,6934 0,7689 0,8020 0,7740 0,6517 0,5979
Rep. Dominicana 0,3019 0,5283 0,5939 0,3107 0,3041 0,5562 0,6053 0,3862
Ecuador 0,1226 0,3868 0,3249 0,4294 0,5338 0,1124 0,1250 0,2910
El Salvador 0,2830 0,4670 0,5838 0,5367 0,3514 0,6742 0,5263 0,3810
Estados Unidos 0,9151 0,8632 0,8883 0,8983 0,9730 0,9382 0,8947 0,9841
Guatemala 0,1509 0,3585 0,3553 0,3107 0,4257 0,5393 0,6382 0,5873
Guyana 0,3774 0,4953 0,6599 0,2373 0,3243 0,3258 0,2763 0,3968
Haití 0,0708 0,2547 0,5178 0,0847 0,0405 0,1292 0,3618 0,0688
Honduras 0,1179 0,3302 0,2944 0,2147 0,2568 0,3764 0,6382 0,3333
Jamaica 0,4245 0,6132 0,8883 0,5367 0,3784 0,6910 0,5987 0,5079
México 0,3632 0,5519 0,3249 0,4068 0,6351 0,6966 0,3882 0,7249
Nicaragua 0,2925 0,3208 0,4670 0,2881 0,3514 0,4326 0,6513 0,3492
Panamá 0,4906 0,6274 0,5279 0,4294 0,7365 0,6067 0,5658 0,7143
Paraguay 0,2264 0,4434 0,3249 0,1582 0,2027 0,5674 0,4211 0,4286
Perú 0,3302 0,5377 0,5533 0,5367 0,5946 0,7416 0,8618 0,7831
Puerto Rico 0,7406 0,6840 0,8192 0,8041 0,7937
St. Kitts y Nevis 0,7170 0,8821 0,8579 0,4709
St. Lucia 0,6887 0,8585 0,9442 0,8814 0,8202 0,6667
St. Vincent y las Granadinas 0,7642 0,8491 0,9086 0,8192 0,7135 0,5714
Surinam 0,5330 0,5755 0,8020 0,4746 0,2905 0,2753 0,2171 0,1534
Trinidad y Tobago 0,5000 0,6274 0,7665 0,5367 0,3851 0,5955 0,4868 0,6561
Uruguay 0,6651 0,7925 0,7665 0,8983 0,4392 0,7921 0,7237 0,5397
Venezuela 0,0142 0,2264 0,1523 0,1017 0,1014 0,0225 0,0066 0,0476

 

Canadá lidera en Vigencia del Derecho, Voz y Rendición de Cuentas, Percepción de la Corrupción, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser); St. Lucia en Libertad de Prensa; Estados Unidos en Competitividad Global y Haciendo Negocios.

En América Latina Chile lidera en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Costa Rica en Voz y Rendición de Cuentas y Libertad de Prensa; Uruguay en Percepción de la Corrupción; Puerto Rico en Competitividad Global.

Venezuela se encuentra último en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Cuba en Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica (Heritage); Haití en Percepción de la Corrupción y Competitividad Global.

 

Conclusión

En términos generales, América ha reducido su calidad institucional, el valor promedio de 2014 para todo el hemisferio (0,5391), es menor que el de 2013, con una reducción en casi todos sus componentes. El par de Canadá-Estados Unidos cae levemente de 0,9271 a 0,9254; el resto de América cae de 0,5186 a 0,5164. Dentro de este conjunto, los países del Caribe no latinos aumentan su promedio de 0,6366 a 0,6688 y los de América Latina caen de 0,4522 a 0,4365.

América Latina ha reducido su calidad institucional este año aunque, por supuesto, no todos los países muestran esa reducción. Hay buenos desempeños en la región, aunque los deterioros tiran el promedio hacia abajo. Es de esperar que los éxitos terminen iluminando el camino a los fracasos.

Calidad institucional en América: Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Costa Rica

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En todas las ediciones hemos presentado al conjunto de países del hemisferio americano en primer lugar. Todos estos países se incorporaron a Occidente, fueron “descubiertos”, esencialmente al mismo tiempo, todos siguieron también, más tarde o más temprano, un mismo camino de independencia. Hay distintos idiomas, distintas culturas, pero no menos de las que hay en Europa u otros continentes. No tiene mayor sentido separarlos entre “latinos y no latinos”, aunque luego separemos a los primeros para permitir una comparación entre sí dentro de una clasificación predominante.

Desde el inicio del ICI Canadá ha ocupado la primera posición. Este país ha mejorado también su posición en la clasificación general a partir de una mejora en sus instituciones de mercado resultado de reformas implementadas a fines del siglo pasado. El segundo lugar ha pertenecido a Estados y el tercero a Chile, que se mantiene estable en una destacada posición y a la cabeza de los países latinoamericanos. Si bien no exento de problemas esta calidad institucional le ha permitido a Chile alcanzar importantes logros en materia de progreso económico y calidad de vida, que ya fueran analizados aquí específicamente en ediciones anteriores.

La evolución de las posiciones en el hemisferio ha sido:

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Dif. 2007/2013
Canadá 7 7 5 5 5 6 7 11 4
Estados Unidos 11 11 9 9 7 9 9 13 2
Chile 22 22 21 21 22 24 21 22 0
St. Lucia 28 24 27 23 21 23 22 25 -3
Puerto Rico 30 32 35 35 29 34 33 3
Bahamas 35 34 38 41 34 29 26 23 -12
Barbados 36 33 37 40 31 39 42 32 -4
St. Vincent y las Granadinas 39 37 33 36 30 28 35 29 -10
Uruguay 43 41 44 46 52 60 53 50 7
Dominica 46 43 49 51 44 44 49 44 -2
Costa Rica 49 46 48 45 49 52 50 54 5
Antigua y Barbuda 53 49 47 48 48 47 40 51 -2
St. Kitts y Nevis 55 51 54 53 36 32 45 47 -8
Perú 60 64 65 68 79 83 81 80 20
Panamá 68 55 55 60 61 68 66 68 0
Jamaica 71 76 76 71 69 66 64 58 -13
Trinidad y Tobago 73 71 68 70 71 67 70 63 -10
Colombia 80 83 86 89 92 97 99 100 20
Belice 87 85 83 50 62 76 60 56 -31
México 89 88 87 85 82 79 79 75 -14
Brasil 94 89 89 94 95 98 93 90 -4
El Salvador 97 94 88 79 76 77 68 65 -32
Rep. Dominicana 105 106 109 100 101 102 101 114 9
Guatemala 109 108 106 103 102 109 102 109 0
Surinam 111 113 111 109 99 101 113 97 -14
Nicaragua 116 118 124 127 121 116 111 95 -21
Guyana 117 120 121 122 129 130 110 111 -6
Paraguay 125 126 131 134 140 136 137 128 3
Honduras 132 123 118 124 108 106 120 113 -19
Argentina 134 127 122 125 120 114 112 93 -41
Bolivia 136 136 140 143 145 133 125 118 -18
Ecuador 143 151 145 148 148 143 143 133 -10
Haití 164 168 163 152 153 164 169 165 1
Cuba 176 173 173 175 163 162 174 164 -12
Venezuela 184 183 181 185 180 174 172 161 -23

 

Como en años anteriores, luego de los tres primeros puestos se encuentran países pequeños o islas caribeñas, lo que parece sustentar la teoría que vincula la calidad institucional al tamaño de los países. El argumento es que países pequeños o insulares no pueden aislarse del mundo del cual dependen para el abastecimiento de gran número de bienes y servicios, y que esa apertura impone presión para generar buena calidad institucional, el costo del aislamiento sería muy elevado, tal como lo muestra Cuba. Algunos de esos países han caído en el índice pero, en general, se encuentran en buenas posiciones.

Como los dos primeros países en el ICI de la región son bien grandes (Canadá y Estados Unidos), esto podría señalar que el tamaño como tal no es un determinante directo de la calidad institucional. Otra teoría, que podría explicar estos casos, hace referencia al origen legal señalando que aquellos países que heredaron el sistema del common law inglés mostrarían una calidad institucional superior. Este sistema es más amistoso con las actividades económicas que los sistemas de tradición codificada continental. Algunos países caribeños clasifican en ambas categorías: tamaños pequeños y herencia del common law.

En definitiva, la diversidad de teorías que buscan explicar el origen de la calidad institucional, ya analizadas en informes anteriores, muestran el carácter complejo de este fenómeno que, muy probablemente, dependa de distintas circunstancias, éstas y otras.

Se destaca el notable avance de Perú, un país que ha mantenido consistentes políticas con gobiernos de distinto tinte, generando condiciones de seguridad para la inversión y un continuo proceso de crecimiento económico.  Este país ha mejorado 20 posiciones desde 2007. Lo acompaña Colombia en esta mejora, aunque unos veinte puestos más atrás en el indicador, mostrando la misma continuidad de políticas económicas más un destacado avance en materia de seguridad y violencia. El caso de Perú, sobre todo, sumado al de Chile, son ejemplos de los logros que permite la mejora de la calidad institucional y, además, que se puede salir de las peores condiciones imaginables (dictadura militar, hiperinflación, caos), y lograr consistentes mejoras que cambian la situación de esos países de forma tal que parece imposible que esos pasados hayan existido o puedan volver a ocurrir. Nada está garantizado, por supuesto. Argentina experimentó un proceso similar durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, para luego estancarse y retroceder relativamente por casi un siglo.

Uruguay y Costa Rica, con características similares, son también otros dos ejemplos en la región, el primero en el puesto 43 y el segundo en el 49. Países pequeños, de alta tradición democrática, de convivencia, diálogo y consenso que han tenido sus problemas, por supuesto, pero que han recuperado su tradición civil y han mejorado sobre todo sus instituciones económicas. Uruguay se encuentra en la posición 65 en este subíndice y Costa Rica en el 71. Ambos están mejor posicionados en instituciones políticas, Uruguay en el puesto 37 y Costa Rica en el 40. Algunas reformas económicas y más apertura comercial permitirían a estos países avanzar varios puestos en el ICI.

Los dramas de la región son aquellos países que consistentemente ocupan los últimos puestos (Haití, Cuba, Venezuela) y los que han sufrido caídas notables en estos años (Argentina, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Bolivia). El caso de Cuba lleva ya seis décadas y no se encuentra por debajo de Venezuela porque no figura en algunos índices que evalúan las instituciones de mercado (el ICI presenta a un país cuando figura al menos en cuatro de los ocho indicadores que lo componen y como mínimo en uno de cada subcategoría, condición que Cuba cumple aunque apareciendo en solo un indicador económico). Haití no logra establecer instituciones creíbles y sufre todo tipo de tipo de calamidades, Venezuela ya sido comentada antes, simbolizando la mala calidad institucional del populismo socialista.

La caída de Argentina se profundiza a partir de los ataques del gobierno de Cristina Kirchner a la propiedad (expropiación de YPF, control de cambios), la libertad de prensa y un creciente descalabro económico. Avances contra la justicia ponen en riesgo su independencia y la división de poderes, y una constante conducta de confrontación anulan las posibilidades de consenso y reducen a papel decorativo aquellas instituciones apropiadas para alcanzarlo, como el Congreso. El uso de poderes extraordinarios concentra aún más las decisiones y genera más incertidumbre.

Estatizaciones y default son los principales componentes del deterioro institucional de Belice, el populismo con inclinaciones socialistas se apodera de El Salvador, Nicaragua y Honduras, versiones menos extremas del chavismo afectan a Bolivia y Ecuador, con sus correspondientes reformas para lograr reelecciones, controles de la prensa opositora e intervencionismo económico.

México y Brasil se mantienen en el medio de la tabla con una leve caída, producto tanto de retrocesos propios como del avance de otros que los terminan superando en las posiciones. Panamá cae trece posiciones luego de haber registrado un constante avance, revirtiendo en parte el buen desempeño de los últimos años.

En definitiva, los ejemplos destacados de la región son Chile, por su constante posición destacada, y Perú y Colombia por sus notables avances. En el otro extremo, Venezuela, Cuba y Haití por sus recurrentes posiciones al final de la tabla  y Argentina por su acelerado deterioro.