Alberdi sobre la propiedad de la tierra: ¿reconocía la posesión de los indígenas? No queda muy claro

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Con los alumnos de la UBA Derecho continuamos leyendo a Alberdi en el “Sistema Económico y Rentístico”. Ahora el capítulo que trata las “Disposiciones de la Constitución que protegen los beneficios y rentas de la tierra”.

Sabido es que Alberdi creía prioritario desarrollar los enormes recursos que el país poseía, y que quería habitarlo con inmigrantes. Aquí se refiere a la forma en que los inmigrantes podrían acceder a la propiedad de la tierra, pero no me queda claro si estaba dispuesto a respetar la propiedad de la tierra que estuviera en manos de los indígenas. Hay una referencia a tierras que serían de su propiedad pero que ‘pertenecen indudablemente al patrimonio de la Nación’….

¿Significa esto que la “Nación” las vendería sin reconocer ningún derecho adquirido por medio de la posesión? ¿Vendería tierras de particulares, indígenas o no, que no se estuvieran explotando? Esto dice:

Alberdi 2

“¿Podría llegar el caso de que los inmigrantes careciesen de tierra para instalarse en un país que posee doscientas mil leguas cuadradas, habitadas por una población que no alcanza a un millón de habitantes, y donde cada legua cuadrada, capaz de alojar doscientos cuarenta, sólo hospeda seis? .

¿Será indispensable que el colono, que el inmigrado, que el labrador de cualquier parte, que deseen poseer y trabajar una tierra argentina, la obtengan de manos del Estado, y no de particulares?

Así sentadas las cuestiones, no lo son, como fácilmente se echa de ver.

Sea quien fuere el que resulte dueño de las tierras al presente despobladas, es decir, de las nueve décimas partes del suelo argentino, pertenezcan al Estado o a particulares, de todos modos ellas están destinadas a poblarse y trabajarse por habitantes que han de venir, pues por hoy están despobladas.

¿Qué podrán hacer las leyes orgánicas, sin salir de la Constitución, para facilitar al poblador y al inmigrante la adquisición y uso de la tierra, sea pública o particular? – Pongámonos en el -caso de que toda la tierra disponible sea de particulares, que será el caso que acabe por ser definitivo y permanente; y veamos lo que las leyes podrán hacer en el interés de la distribución de la tierra y de sus ventajas. No olvidemos, sin embargo, que sólo por una hipótesis violenta se pueden presumir de propiedad particular las tierras despobladas que comprende la Confederación Argentina. Sabido es que en ella sucede lo que en Chile, que la porción más feraz y hermosa de su suelo se halla todavía en poder de los indígenas. En el norte del territorio, la parte oriental más inmediata a los ríos navegables, es el Chaco; en el Sud, la porción más vecina de los Andes, cuyas aguas abundantes dan a esas regiones la fertilidad asombrosa que Azara reconoce en San Juan y Mendoza, se hallan hasta hoy en poder de los indígenas, y pertenecen indudablemente al patrimonio de la Nación, así como infinitas islas de los ríos, y grandes porciones de territorios en cada una de las provincias que integran el de la República. Pero volvamos a la hipótesis de que no hubiere más tierra que las poseídas actualmente por particulares. La República Argentina tiene necesidad de leyes y de instituciones que favorezcan el empleo más útil posible de la tierra, por ser el más poderoso y casi el único de los instrumentos de producción que hoy día existan a su alcance.

Los legisladores no deben olvidar que hay leyes que quitan a la tierra su poder productivo, y la esterilizan en manos de sus poseedores. Tales son las que no dejan al detentador actual un interés suficiente para sacrificar el presente al porvenir. Por consiguiente, ellas deben tomar por base indeclinable de toda sanción agraria la siguiente regla: «Importa rechazar o derogar toda ley que quite a los detentadores de la tierra el deseo de sacrificar el presente al porvenir, y de trabajar en la mejora del suelo».

Una, o varias, contradicciones no resueltas en la teoría del valor-trabajo. Compromiso no cumplido

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, de Económicas, UBA, vemos partes de un ensayo de Eugen von Böhm-Bawerk, con el título: “Una Contradicción no Resuelta en el Sistema Económico Marxista”. El título lo dice todo. En este trabajo muestra de una vez y para siempre la inconsistencia de la teoría del valor-trabajo.

marx-bio

“Como autor, Marx fue un hombre de envidiable ventura. Su obra no se puede clasificar entre los libros fáciles de leer o de comprender. La mayoría de los libros de este tipo –aun aquellos con una dialéctica más asequible y una ilación matemática más liviana— habrían encontrado completamente obstaculizado el camino hacia la popularidad. Pero, contrariamente, Marx se ha transformado en el apóstol de un amplio círculo de lectores, incluyendo a aquellos que, por norma, no leen libros difíciles. Más aún, la fuerza y la claridad de su razonamiento no eran tales como para convencer a nadie. Al revés, hombres calificados como los pensadores más serios y valiosos de nuestra ciencia, por ejemplo Karl Knies, han afirmado, desde un comienzo, mediante argumentos imposibles de pasar por alto, que la enseñanza de Marx estaba repleta, de principio a fin, de toda clase de contradicciones, tanto de lógica como de hechos. Podría fácilmente haber sucedido que la obra de Marx no hubiera encontrado partidarios ni entre el público común —que no podía entender su difícil dialéctica— ni entre los especialistas, que sí la comprendían, pero captaban demasiado bien sus limitaciones. Sin embargo, en la práctica, ha sucedido lo contrario.

Tampoco ha sido perjudicial para su influencia el hecho de que la obra de Marx haya permanecido como una estructura incompleta durante su vida. Generalmente, y con razón, desconfiamos de los primeros volúmenes, no proyectados a nuevos sistemas. Los principios universales pueden describirse seductoramente en las «Secciones Generales» de un libro, pero sólo se pueden corroborar si realmente poseen la fuerza de convicción que les atribuye su creador cuando, en la elaboración del sistema, se confrontan con todos los hechos minuciosamente. En la historia de la ciencia, muchas veces se ha dado el caso de que un primer volumen, promisorio y respetable, no ha sido continuado en un segundo volumen simplemente porque, bajo el propio análisis investigador del autor, los nuevos principios no soportan la prueba de las situaciones concretas. Pero la obra de Karl Marx no ha sufrido estos contratiempos. La gran masa de sus seguidores, basándose en la fuerza de su primer libro, tenía una fe ciega en sus obras aún no escritas.

Esta confianza, por una parte, fue sometida a una severa e inusual comprobación. Marx había expresado, en su primer libro, que todo el valor de las mercancías se basaba en el trabajo involucrado en ellas y que en virtud de esta «ley del valor» deberían intercambiarse en proporción a la cantidad de trabajo en ellas invertido; que, además, la rentabilidad o plusvalía ganada por el capitalista era el fruto de la explotación del trabajador; que, sin embargo, el monto de la plusvalía no estaba en proporción al monto total del capital invertido por el capitalista, sino sólo al monto de la parte «variable» —esto es, a aquella parte del capital pagado en sueldos y salarios—, mientras que el «capital constante», el capital empleado en la adquisición de los medios de producción, no aumentaba la plusvalía. En la vida diaria, sin embargo, la rentabilidad del capital está en proporción al capital total invertido; y, principalmente por esto, las mercancías no se intercambian de hecho en proporción a la cantidad de trabajo invertido en ellas. En este punto, por lo tanto, había una contradicción entre teoría y práctica que escasamente admitía una explicación satisfactoria. Pero esta contradicción manifiesta tampoco escapó al análisis de Marx. Con respecto a ella, el autor dice: «Esta ley (esta ley, a saber, establece que la plusvalía está en proporción sólo con la parte variable del capital) contradice claramente toda la experiencia prima facie». Pero al mismo tiempo declara que la contradicción es sólo aparente y su solución requiere juntar muchos cabos sueltos, postergándose para los siguientes volúmenes de su obra. La crítica especializada pensó que podía anticiparse con relativa certeza que Marx nunca cumpliría su compromiso, ya que, como era difícil probarla, la contradicción era insoluble.

Sus argumentos, sin embargo, no produjeron ninguna impresión en el conjunto de sus seguidores. Su simple promesa excedía todas las refutaciones lógicas.

Presentamos el Índice de Calidad Institucional: ¿qué países tienen major calidad en el mundo?

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Con Agustín Etchebarne, presentamos en el Canal Agrositio, el Índice de Calidad Institucional 2016, publicado por la Fundacion Libertad y Progreso. ¿Cuáles son los países con major calidad institucional en el mundo?

CALIDAD INSTITUCIONAL EN 2016

La calidad institucional de los países cambia lentamente, pero en un mundo globalizado donde se agudiza la competencia institucional no es sencillo mantener una posición prominente. Los cuatro países que, nuevamente, ocupan las primeras posiciones en el Índice de Calidad Institucional 2016 son los mismos que las ocuparon cuando se comenzó a elaborar este índice en 2006: Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. También aparecen en esas posiciones en la recomposición del índice hacia atrás que incorporamos el año pasado con la excepción de Finlandia, que mostrara una notoria mejoría en los años que van desde 1996 a 2006, pasando del décimo puesto en 1996 al tercero en 2002 permaneciendo desde entonces en este grupo.

Estos cuatro países han intercambiado posiciones. Así, en los últimos diez años Suiza ha ocupado el primer lugar en tres ocasiones (2016, 2015, 2007); Nueva Zelanda una vez (2014); Dinamarca cuatro veces (2011,2010, 2009, 2008) y Finlandia dos (2013 y 2012).

Si tomamos los 21 años para los cuales está disponible el ICI (1996 a 2016) Nueva Zelanda ocupó el primer lugar en nueve oportunidades, Suiza en cinco, Dinamarca en cuatro y Finlandia en tres.

Desde 1996 los países que se encuentran en las posiciones más destacadas y que más han mejorado su situación incluyen a Suecia (+7) hasta ocupar el séptimo lugar; a Estonia, mejorando 24 posiciones hasta el 15º lugar y a Taiwán subiendo 15 hasta el puesto 18º. En estos primeros puestos, la principal caída ha sido para Islandia, retrocediendo dieciséis posiciones hasta el 21, como resultado de la debacle de sus sistema financiero en la crisis del 2008.

En cuanto a los últimos puestos, Corea del Norte tiene el triste galardón de haber ocupado siempre ese puesto, acompañado de Eritrea y Turkmenistán.

En relación al año pasado, la mejora más importante entre las primeras posiciones es la de los Países Bajos, desde el 9º hasta el 5º puesto.

Los mejores

Las primeras veinte posiciones del ICI 2016 son las siguientes

 

2016 ICI 2016 Política 2016 Mercado
1 Suiza 0,9658 1 Noruega 0,9917 1 Singapur 0,9948
2 Nueva Zelandia 0,9597 2 Finlandia 0,9911 2 Hong Kong RAE, China 0,9840
3 Dinamarca 0,9564 3 Suecia 0,9898 3 Nueva Zelandia 0,9650
4 Finlandia 0,9486 4 Dinamarca 0,9852 4 Suiza 0,9566
5 Países Bajos 0,9431 5 Países Bajos 0,9807 5 Reino Unido 0,9484
6 Canadá 0,9398 6 Suiza 0,9750 6 Estados Unidos 0,9480
7 Suecia 0,9300 7 Luxemburgo 0,9610 7 Canadá 0,9422
8 Noruega 0,9276 8 Nueva Zelandia 0,9544 8 Australia 0,9286
9 Reino Unido 0,9273 9 Canadá 0,9375 9 Dinamarca 0,9277
10 Australia 0,9238 10 Bélgica 0,9357 10 Irlanda 0,9198
11 Irlanda 0,9209 11 Alemania 0,9337 11 Taiwan, China 0,9177
12 Alemania 0,9203 12 Islandia 0,9284 12 Alemania 0,9069
13 Estados Unidos 0,9063 13 Irlanda 0,9220 13 Finlandia 0,9061
14 Luxemburgo 0,8929 14 Austria 0,9194 14 Países Bajos 0,9056
15 Estonia 0,8776 15 Australia 0,9190 15 Emiratos Arabes Unidos 0,8777
16 Hong Kong RAE, China 0,8766 16 Reino Unido 0,9062 16 Estonia 0,8745
17 Austria 0,8740 17 Estonia 0,8807 17 Suecia 0,8702
18 Taiwan, China 0,8561 18 Barbados 0,8764 18 Noruega 0,8636
19 Bélgica 0,8552 19 Francia 0,8689 19 Japón 0,8610
20 Japón 0,8538 20 Estados Unidos 0,8646 20 Mauricio 0,8502

El Índice de Calidad Institucional (ICI) es un indicador relativo. Esto significa que no mide la calidad institucional en términos absolutos, por no existir un parámetro de perfección contra el cual comparar. En otras palabras, el país que se encuentra en el primer puesto no tiene, necesariamente, una calificación de 10 ni el último una de 0, sino que indica solamente que el primero ha obtenido un resultado mejor que los demás y el último el peor. Tal vez los ciudadanos suizos piensen que su país no debería encontrarse en esa posición porque encuentran imperfecciones en su estructura institucional; y esto sería perfectamente comprensible pues el índice no pretende decir que ese país ha alcanzado el óptimo de la calidad institucional. Tampoco es posible decir cuán lejos está de ella. Pero no es poco, tampoco, afirmar que se encuentra en una posición mejor que todos los demás, en términos relativos.

El indicador que aparece en el cuadro anterior es el resultado del promedio de las posiciones que el país obtiene en un conjunto de índices que han sido seleccionados como representativos de la calidad institucional, un término que, por cierto, no es sencillo de definir. Así es como, en efecto, muchos piensan en calidad institucional como referida exclusivamente a las instituciones civiles y jurídicas de un país. Sin embargo, todos nosotros nos encontramos con dos caminos diferentes a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades: uno de ellos es la política y el estado, pero el otro, a menudo relegado u olvidado, es el Mercado.

Un conflicto con creciente violencia del que se habla y conoce poco por aquí: los mapuches en Chile

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Poco se sabe y se comenta en las noticias argentinas, o tal vez en el resto de América Latina, acerca del problema de los mapuches en Chile. El Instituto Libertad y Desarrollo presenta un panorama y comenta las medidas propuestas por el gobierno chileno aquí: http://www.lyd.org/temaspublicos/editora/TP1248INSTITUCIONALIDADINDIGENA.pdf

Algunos párrafos:

INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA EN TIEMPOS DE VIOLENCIA

El conflicto en la zona de La Araucanía y sus alrededores se agudiza, develando no sólo una crisis en términos del deterioro del Estado de Derecho, sino que también distorsiones en la representación política de la zona. Grupos radicalizados que monopolizan el discurso público en lo que respecta a la naturaleza reivindicativa de las demandas incurren en la legitimación de la violencia como recurso político, con cierta efectividad, imponiendo la disruptividad de las condiciones de paz social en la zona. Se trata de una voz minoritaria, pero influyente en los espacios de representación, situación que refleja la profunda disociación existente entre la voz real del pueblo mapuche, pacífica y que demanda soluciones alejadas del metarelato reivindicativo para mejorar sus condiciones de vida y la de grupos extremistas que instrumentalizan el carácter de la causa indígena.

Este problema objetivo de representación se agudiza en presencia de una frágil institucionalidad indígena que permite una fácil cooptación de los espacios políticos por parte de aquellas corrientes minoritarias y radicalizadas. Un buen ejemplo de lo anterior fueron las últimas elecciones para conformar el cuerpo de Consejeros Nacionales de la CONADI, proceso no exento de cuestionamientos debido a la baja participación y anomalías en el proceso electoral (al respecto, es necesario mencionar que sólo votaron 24.713 personas de un total de 200.000 inscritos, es decir, un 12%. Dicha cifra representa una disminución del 20% de los votos con respecto a la elección pasada, a pesar de que el padrón aumentó en 30.000 personas este año. Las principales denuncias se relacionan con la falta de información sobre el día de la elección e irregularidades en el padrón electoral).

Consciente -en parte- de esta fragilidad institucional, es que el Ejecutivo ingresó dos mensajes presidenciales que crean un Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín 10.526-06) y un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín 10.525-06). Sin embargo, se trata de proyectos que, a pesar de contener avances marginales, reproducen muchas de las falencias en materia de representación al no estar acompañados de un cambio de paradigma en cuanto a política indígena.”

CONCLUSIÓN

“La profundización de la violencia en la zona sur del país ha generado una brecha de representación política y una erosión del Estado de Derecho. Esta situación es en parte generada por la disociación entre el discurso radicalizado de una minoría y los reales anhelos del pueblo mapuche. La respuesta del Gobierno ha sido el establecimiento de un nuevo orden institucional que contempla la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Las encuestas nos permiten dilucidar que las necesidades de los mapuches no son radicalmente distintas del resto de los chilenos. De este modo, es necesario que este nuevo orden institucional se haga cargo de un cambio de paradigma, el cual implica poner énfasis en un desarrollo integral de dichos pueblos, otorgándoles herramientas con las que puedan afrontar de mejor manera los desafíos de la sociedad actual.”

Asignación del gasto público en distintos niveles: los beneficios de la descentralización económica

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En el capítulo 9 de “El Foro y el Bazar”, tratamos la asignación del gasto público en los distintos niveles de gobierno y los beneficios de la descentralización:

¿Por qué la descentralización sería más eficiente? Como veremos, hay distintas interpretaciones y enfoques. Tal vez uno de los primeros análisis explícitos del tema lo haya hecho Alexis de Tocqueville. En su prestigiosa obra La democracia en América ([1835] 1957) analiza, en principio, los argumentos de aquellos partidarios de la centralización , para luego analizar las causas de la mayor eficiencia de los gobiernos locales, relacionándola con las dificultades que la falta de información ocasiona a la administración centralizada, un argumento que resurgiría un siglo después a través de F. A. von Hayek .

Precisamente, Jin, Qian y Weingast (1999) presentan ese argumento desarrollado por Hayek en el sentido de que, dado que la información se encuentra dispersa entre todos los individuos que forman una sociedad, la descentralización permite su mejor aprovechamiento. No obstante, Hayek realiza esta apreciación en relación con el papel que cumple el sistema de precios, como un gran sistema de comunicaciones que transmite la información necesaria para que consumidores y productores ajusten sus decisiones a fin de permitir una eficiente asignación de recursos. Los mencionados autores extienden esto a la descentralización gubernamental, incluyendo a Hayek como parte de la teoría económica del federalismo, juntamente con Tiebout, Musgrave y Oates. Sin embargo, es necesario destacar que si bien se han señalado aquí, y se expondrán más adelante, las ventajas de la descentralización de los niveles decisorios de gobierno, existe una gran diferencia entre un caso y otro. El sistema de precios es un gran economizador de información, ya que sintetiza toda la que se encuentre disponible en tan solo un número, con lo cual los consumidores y productores ya pueden tomar sus decisiones.

Pero no existe tal cosa en cuanto a las decisiones que un individuo tome respecto a qué jurisdicción local trasladarse. Pensemos un poco en la información que debería recabar: seguramente el nivel de la presión impositiva, también la calidad de los servicios provistos. Podría tratar de interpretar otros indicadores, como el flujo de ingreso o salida de sus habitantes, el precio de las propiedades, el flujo de inversiones. Por cierto, que no existe la “economización” de información que Hayek señala en relación con el sistema de precios. Pero, eso sí, no implica esto eso sí, que no exista un proceso de cierta competencia.

Bish (1987, p. 365) reconoce esta diferencia, pero dice que las diferencias serían de grado, y que nos encontraríamos en una situación similar a la que sucede en una empresa en la que se producen transferencias de recursos internamente sin precios, y donde los administradores deben decidir sin conocer con certeza la contribución de cierto recurso a las actividades generales. Al respecto, cabría señalar que precisamente por los problemas que se mencionan y por la falta de información para tomar decisiones, las empresas tratan en gran medida de organizarse como “centros de negocios”, que se relacionan entre sí por medio de precios internos, y que, incluso si estos no existieran siempre, existen los precios “externos” como punto de referencia, algo que no existe en el caso de la competencia gubernamental. Dos cosas comparte este autor con lo desarrollado por Bish, y es que, por un lado, esta falta de precios no invalida del uso de modelos de competencia para analizar el federalismo y la descentralización; por otro, esa misma falta resalta la inconveniencia de utilizar modelos que incluyen como supuesto básico la información completa, tal como los de competencia perfecta.

Jin, Qian y Weingast (1999, p. 2) señalan, respecto a los beneficios de la descentralización, un segundo grupo de teorías que ponen énfasis en un beneficio adicional, al que denominan “federalismo protector del mercado”. Esto significa que la descentralización pone límites a las intenciones intervencionistas de los gobiernos, ya que dos mecanismos diferentes alinearían los intereses de los gobiernos locales con los de la prosperidad económica: el primero de ellos señala que un gobierno intervencionista en exceso, o tal vez más intervencionista que otros, perdería valiosas inversiones; el segundo, que como en tal caso las finanzas están mucho más estrechamente ligadas al desempeño de la economía local, entonces, los funcionarios gubernamentales tendrían mayores incentivos para promover una economía local próspera que los que tendrían en el caso de que recibieran los fondos, o buena parte de ellos, de otras jurisdicciones superiores.

Según los autores, esto es importante en las economías de países que desde hace poco tiempo están intentando salir de los esquemas planificados del socialismo. En estos, como en los países en desarrollo en general, los gobiernos han resultado ser la principal barrera al crecimiento económico, debido a que no han encontrado límites a su actitud predatoria. No obstante, afirman que existe un papel importante que cumplir por parte del gobierno central, como es controlar a los gobiernos locales para que no impongan barreras a la movilidad de los factores, barreras proteccionistas, lo cual les permitiría abusar de su poder monopólico sobre la producción local. Este es un tema que volveremos a tratar más adelante, pues, si bien es ciertamente posible que una unidad jurisdiccional pequeña intente aplicar medidas que restrinjan la movilidad de los factores económicos, o que efectivamente lo haga, simples cuestiones de economía de escala abogarían para que esto no suceda, ya que impondría una pesada carga a sus habitantes.

Después de ver las «fallas de la política» vemos cómo, al menos, reducirlas: límites al poder

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Habiendo considerado las «fallas de la política», en el capítulo 8 del libro, vemos qué puede hacerse para limitarlas:

Dados los problemas de incentivos e información que afronta la política y el abuso que implica el monopolio de la coerción en manos del Estado, evidente sobre todo en gobiernos totalitarios, es necesario limitar ese poder y tratar de que su estructura institucional disponga de incentivos para perseguir el bien común, o al menos minimizar el daño potencial si implementa políticas que llevan a peligrosas crisis futuras o que benefician a grupos específicos de la sociedad.
Un elemento importante para alcanzar este objetivo son los valores e ideas que predominan en una sociedad en un determinado momento histórico. En el capítulo siguiente veremos el papel que estos cumplen en el cambio institucional; aquí señalaremos que son el determinante último de la existencia o ausencia de limitaciones del poder. Ninguna constitución o norma detendrá la concentración y abuso del poder, si los miembros de la sociedad lo toleran y no se oponen al mismo. Se atribuye al escritor y político irlandés Edmund Burke la frase “para que triunfe el mal, solo hace falta que los buenos no hagan nada”. Y cuando vimos los incentivos que tenemos para estar informados en la política, es probable que no hagamos nada, porque ni siquiera nos informamos sobre el abuso que se pueda estar cometiendo, o porque creemos que no lo es, o porque no nos importa.
Esas ideas y valores determinan también, en última instancia, el tipo de normas constitucionales que una sociedad tendrá, y estas pueden proteger las libertades individuales mejor o peor, al mismo tiempo que pueden ser más fácilmente modificadas o no. Trataremos en este capítulo sobre cuáles pueden ser esas normas y con qué facilidad se modificarán, todo un dilema del sistema político.
Las principales cuestiones que trataremos en él son:
¿Cómo evitar el abuso de poder en favor del gobernante o de ciertos grupos específicos?
¿Se puede evitar ese abuso o al menos minimizar sus potenciales daños?
¿Qué papel cumplen los valores e ideas predominantes en una sociedad?
¿Sirven las normas constitucionales para controlar los abusos?
¿Qué tipo de normas permitirían establecer esos límites?
¿Es mejor que se modifiquen fácilmente o todo lo contrario?
Tal vez debamos dejar la definición de “Estado” para aquella corporación abstracta que tiene una legalidad jurídica propia, al margen de los individuos que temporalmente la dirijan (Van Creveld 1999). Durante todo el trascurso de la historia ha habido gobiernos, o más bien gobernantes. Las tribus y las ciudades-Estado no parecen haber tenido mayores limitaciones al poder. En la mayoría de los casos no existía una separación nítida entre el Gobierno y el gobernante, especialmente considerando los recursos, el dictado de las normas, la defensa y la justicia. Grecia y Roma fueron los que más lejos llegaron a la hora de establecer una clara diferenciación entre uno y otro.
Mediante la conquista de otras similares, estas tribus o reinados extendieron su radio de acción hasta convertirse en imperios, como el asirio, el babilónico, el persa, el árabe, el mongol u otomano. En algunos casos, tales imperios llegaron a ocupar vastas extensiones geográficas y a tener un elevado número de habitantes, alcanzando en el caso del imperio chino hasta unos ciento cincuenta millones. En ellos el escaso control del poder existente provendría de un poder militar dividido, con soberanos locales o poderes religiosos, y en algunos casos con cierto grado de descentralización. Si bien la mera creación de un imperio implica un cierto grado de centralización en la toma de decisiones, en muchos casos no llegaron a ejercer realmente un control centralizado de las áreas bajo su mandato, por lo que, aparte de la obligación de tributar, la administración del gobierno quedaba en manos de autoridades locales. Esto se debería a varias causas, según van Creveld (1999, p. 49): por un lado, la heterogeneidad de los pueblos conquistados complicaba su administración, resultaba costosa y esto tendía a reducir su poder, por lo que en muchos casos el poder imperial se habrá reducido a un proceso de negociación con los poderes regionales; por otro, las dificultades prácticas de trasladar los recursos tributarios en metálico, y particularmente en el caso de su pago en especie, favorecía su permanencia en el lugar de origen y su utilización en la cobertura de gastos locales; esto es, promoviendo una descentralización fiscal de hecho. En verdad, para prevenir el abuso de los funcionarios locales, los imperios desarrollaron creativos mecanismos de control, como la doble administración en Egipto (unos funcionarios recaudaban los impuestos y otros los auditaban), o los inspectores itinerantes, que actuaron bajo diversas denominaciones en Roma y China.
La excesiva centralización de los imperios y el aumento del gasto centralizado no es ajeno a esto: llevó en muchos casos a su desintegración, y a la consiguiente descentralización y dispersión del poder. El feudalismo, un periodo de alto fraccionamiento del poder, no fue sino el resultado del colapso del imperio carolingio, un intento a su vez, aunque de poca duración, de centralizar el poder después del desmembramiento del imperio romano, ante las invasiones de los bárbaros. El absolutismo, por otra parte, fue un claro proceso de centralización, en este caso no solo en el gobierno central, sino en la figura misma del rey.
Los principales instrumentos de limitación del poder se desarrollaron dentro del concepto de “república” o “democracia limitada”. El advenimiento de la república supuso una clara limitación al poder del soberano déspota, siendo los ciudadanos los que acordaron la conformación de un Estado y delegaran parte del poder al gobernante, reteniendo para sí todo lo que no se hubiera delegado, en particular la capacidad de removerlo. Esa limitación no solamente es necesaria para salvaguardar la libertad, sino también para generar un marco de normas suficientemente estable que permita la mejor coordinación de las acciones individuales . Con el tiempo, como el soberano es el “pueblo”, no se sentiría inspirado para imponerse límites a sí mismo, y por ende a sus representantes, y así esos límites se diluirían. El objetivo de alcanzar el “bien común” no puede tener limitaciones respecto a ningún derecho o valor individual. Por consiguiente, según esa visión, el fin justifica los medios.
Surge entonces el gran dilema del Estado democrático moderno: ¿Cómo otorgar al Estado suficiente poder para que garantice nuestros derechos, y al mismo tiempo limitarlo para que no abuse de tal poder?

Viejo y Nuevo proteccionismo: cambian las formas pero las intenciones son las mismas: Bastiat

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Con los alumnos de International Business, SMC,  vemos ahora las nuevas y viejas variantes del proteccionismo. Para considerar las primeras, analizamos el Policy Analysis paper del Cato Institute, “Regulatory Protectionism A Hidden Threat to Free Trade” por K. William Watson y Sallie James: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa723.pdf

“Pese al notable éxito de la liberalización comercial, las industrias locales siguen encontrando formas de usar el poder del estado para protegerse de la competencia externa. La práctica de usar las regulaciones locales ambientales o de protección al consumidor es una forma de disfrazar políticas proteccionistas que se han vuelto un serio problema. Este proteccionismo regulatorio daña a la economía y viola compromisos comerciales.

Factores diversos se combinan para explicar el crecimiento del proteccionismo regulatorio. La globalización económica ha provisto a los norteamericanos de acceso a una amplia variedad de productos importados. Esto ha permitido a los consumidores demandar no solamente productos de alta calidad a bajo costo sino también productos que están producidos según las preferencias filosóficas o éticas de los consumidores. Al mismo tiempo, los productores locales que buscan protección de las importaciones deben encontrar otras vías ahora que el uso de tarifas y cuotas está restringido por la ley internacional y el sentido común económico. La consecuencia es una tormenta perfecta en la que los activistas sociales y los intereses comerciales específicos se combinan para promover regímenes regulatorios que injusta e innecesariamente restringen importaciones”.

Y para el proteccionismo de antaño nada mejor que Frederic Bastiat y “La petición de los fabricantes de candelas”:

Bastiat

“Ustedes están en el buen camino. Rechazan las teorías abstractas; la abundancia y el buen mercado les impresionan poco. Se preocupan sobre todo por la suerte del productor. Ustedes le quieren liberar de la competencia exterior; en una palabra, ustedes le reservan el mercado nacional al trabajo nacional.

Venimos a ofrecerles a Ustedes una maravillosa ocasión para aplicar su… ¿Cómo diríamos? ¿Su teoría? No, nada es más engañoso que la teoría. ¿Su doctrina? ¿Su sistema? ¿Su principio? Pero Ustedes no aman las doctrinas, Ustedes tienen horror a los sistemas y, en cuanto a los principios, declaran que no existen en economía social; diremos por tanto su práctica, su práctica sin teoría y sin principios.

Nosotros sufrimos la intolerable competencia de un rival extranjero colocado, por lo que parece, en unas condiciones tan superiores a las nuestras en la producción de la luz que inunda nuestro mercado nacional a un precio fabulosamente reducido; porque, inmediatamente después de que él sale, nuestras ventas cesan, todos los consumidores se vuelven a él y una rama de la industria francesa, cuyas ramificaciones son innumerables, es colocada de golpe en el estancamiento más completo. Este rival, que no es otro que el sol, nos hace una guerra tan encarnizada que sospechamos que nos ha sido suscitado por la pérfida Albión (¡buena diplomacia para los tiempos que corren!) en vista de que tiene por esta isla orgullosa consideraciones de las que se exime respecto a nosotros.

Demandamos que Ustedes tengan el agrado de hacer una ley que ordene el cierre de todas las ventanas, tragaluces, pantallas, contraventanas, póstigos, cortinas, cuarterones, claraboyas, persianas, en una palabra, de todas las aberturas, huecos, hendiduras y fisuras por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar en las casa, en perjuicio de las bellas industrias con las que nos jactamos de haber dotado al país, pues sería ingratitud abandonarnos hoy en una lucha así de desigual.”

Sigue…, vale la pena leerla completa: http://bastiat.org/es/peticion.html

Con los alumnos de Económicas vemos a quien fuera, tal vez, el gran ‘clásico’ argentino: Alberdi

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Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I de Económicas, UBA, luego de leer a distintos clásicos leemos al que sea, tal vez, el gran “clásico” argentino, Juan Bautista Alberdi, explicando las distintas escuelas económicas y a cuál pertenece (¿o pertenecía?) la que él mismo inspiró:

Alberdi 3

“Veamos, ahora, cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política.

La escuela mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio, seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela, perteneciente a la infancia de la economía, contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español. representa la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria.

A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza.

Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina.

Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, se halla la escuela llamada physiocrática, representada por Quesnay, y la grande escuela industrial de Adam Smith.

La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dió a la luz la escuela physiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: – dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria.

En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. «Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.» Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.

A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución.

La Constitución es, en materia económica, lo que en todos los ramos del derecho público: la expresión de una revolución de libertad, la consagración de la revolución social de América.”

 

Mises explica cómo era la teoría del valor de los clásicos y cómo la superaron Menger, Jevons y Walras

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Con los alumnos de OMMA Madrid vemos cómo Mises explica la utilidad marginal en su libro “Acción Humana”, Cap VII:

Mises3

“Veamos cuál era el pensamiento económico prevaleciente en los albores de la elaboración de la moderna teoría del valor por Carl Menger, William Stanley Jevons y León Walras. Quienquiera construir una teoría elemental del valor y los precios debe comenzar considerando la utilidad. En verdad, nada es más plausible que asumir que las cosas son valoradas según su utilidad. Pero, entonces, surge una dificultad, que presentó a los viejos economistas un problema que no pudieron resolver. Ellos observaron que aquellas cosas cuya ‘utilidad’ es mayor son menos valoradas que otras cosas de menor utilidad. El hierro es menos apreciado que el oro. Este hecho parece incompatible con una teoría del valor y los precios basada en el concepto de utilidad y valor de uso. Los economistas creyeron que tenían que abandonar dicha teoría y trataron de explicar el fenómeno del valor y los intercambios de mercado por medio de otras teorías.

Solo después pudieron los economistas descubrir que la paradoja aparente era resultado de una errónea formulación del problema en cuestión. Las valoraciones y las elecciones que resultan en tasas de intercambio en el mercado no deciden entre oro y hierro. El hombre actuante no se encuentra en una posición en la que debe elegir entre todo el oro y todo el hierro. Elige en un momento y lugar definido y bajo condiciones definidas entre una cantidad estrictamente limitada de oro y una cantidad estrictamente limitada de hierro. Su decisión de elección entre 100 onzas de oro y 100 toneladas de hierro no depende en absoluto de la decisión que tomaría si se encontrara en la muy improbable situación de elegir entre todo el oro y todo el hierro. Lo que solo cuenta para su elección real es si bajo las condiciones existentes, la satisfacción directa e indirecta que le podrían brindar 100 onzas de oro es mayor o menor que la satisfacción directa e indirecta que podría derivar de las 100 toneladas de hierro. No expresa un juicio académico o filosófico en relación el valor ‘absoluto’ del oro y del hierro; no determinar si el oro es más importante que el hierro para la humanidad; no argumenta como un autor de libros sobre la filosofía de la historia o los principios de la ética. Simplemente elige entre dos satisfacciones, cuando no puede tenerlas a ambas.”

…

“El juicio de valor se refiere solamente a la oferta de la que se ocupa un acto concreto de elección. Una oferta es, por definición, siempre compuesta de partes homogéneas, cada una de las cuales es capaz de rendir los mismos servicios que cualquier otra parte, y puede ser sustituida por ella. Por lo tanto, resulta inmaterial para el acto de elección elegir qué parte en particular forma parte de su objetivo. Todas las partes –unidades- de un stock disponible se consideran igualmente útiles y valorables si surgiera el problema de entregar una de ellas. Si la oferta se redujera por la pérdida de una unidad, el hombre actuante debe decidir de nuevo cómo utilizar las distintas unidades que quedan. Es obvio que ese menor stock no puede brindar los mismos servicios que el stock mayor. Aquel empleo de las distintas unidades que bajo esta nueva circunstancia ya no puede obtenerse, fue, en la visión del hombre actuante, el empleo menos urgente entre todos aquellos que podría haber asignado a las distintas unidades con el stock mayor. La satisfacción que derivaba del uso de una unidad en su empleo era la menor de las satisfacciones que las unidades del stock mayor le habían dado. Es solamente sobre el valor de esta satisfacción marginal que tiene que decidir si surge la necesidad de renunciar a una unidad del stock total. Enfrentado con el problema del valor asignado a una unidad de una oferta homogénea, el hombre decide sobre la base del valor del uso o empleo menos importante de toda la oferta; decide en base a la utilidad marginal.”

“Si el hombre se enfrenta a la alternativa de renunciar a una unidad de su oferta de a, o una unidad de su oferta de b, no compara el valor total de su stock total de a con el valor total de su stock de b. Compara las valoraciones marginales de a y de b. Aunque pueda valorar la oferta total de a, más alto que la oferta total de b, el valor marginal de b puede ser mayor que el valor marginal de a.”

Ahora que en vez de echarlas, se buscan inversiones extranjeras, vale la pena lo que decía Alberdi

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Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de UBA, Derecho, continuamos viendo a Juan Bautista Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico, cuando trata sobre la generación y distribución de las riquezas. En este caso, sobre el papel del capital:

Alberdi
“Los capitales no son el dinero precisamente; son los valores aplicados a la producción, sea cual fuere el objeto en que consistan. Para pasar de una mano a otra, se con vierten ordinariamente en dinero, en cuyo caso el dinero sólo hace de instrumento del cambio o traslación de los capitales, pero no constituye el capital propiamente dicho.
Los capitales pueden trasformarse y convertirse en muelles, en buques de vapor, en ferrocarriles, puentes, pozos artesianos, canales, fábricas, máquinas de vapor y de todo género para beneficiar metales y acelerar la producción agrícola, así como pueden consistir en dinero y mantenerse ocupados en hacer circular otros capitales por su intermedio.
Bajo cualquiera de estas formas o trasformaciones que se consideren los capitales en la Confederación Argentina, ellos constituyen la vida, el progreso y la civilización material de ese país.
La Constitución federal argentina es la primera en Sud-América que, habiendo comprendido el rol económico de ese agente de prosperidad en la civilización de estos países, ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros.
Esa mira alta y sabia está expresada por el art. 64, inciso 16 de la Constitución Federal, que atribuye al Congreso el poder obligatorio en cierto modo de: «Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración del país, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo».
El art. 104 de la Constitución, comprendiendo que los capitales son una necesidad de cada provincia, al paso que de toda la Confederación, atribuye aquellas mismas facultades a los gobiernos de provincia, sirviéndose de las mismas expresiones.
Se ve que la Constitución considera como cosas conducentes a la prosperidad del país la industria, la inmigración, los ferrocarriles y canales, la colonización de tierras nacionales. Y como todas estas cosas conducentes a la prosperidad no son más que trasformaciones del capital, la Constitución cuida de colocar a la cabeza de esas cosas y al frente de los medios de promover las la importación de capitales extranjeros.”